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Nacional

Más allá del problema de los desaparecidos

Por Juan Manuel López Caballero  

Gran cantidad de cuestionamientos se han escrito respecto a la defensa que se ha hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de los desparecidos del Palacio de Justicia. Y con razón…

Aquí me referiré no al texto mismo de la defensa, sino al contexto dentro de la cual se presenta.

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Por Juan Manuel López Caballero  

Gran cantidad de cuestionamientos se han escrito respecto a la defensa que se ha hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de los desparecidos del Palacio de Justicia. Y con razón…

Aquí me referiré no al texto mismo de la defensa, sino al contexto dentro de la cual se presenta.

Debatir sobre si hubo desaparición o no, no tiene sentido; no se trata de una telenovela de suspenso y al respecto no hay duda alguna. Por haber conocido todos los procesos, informes e investigaciones como Presidente de la Fundación para el Esclarecimiento de los Hechos del Palacio de Justicia y con lo informado por la prensa me es claro que estamos ante un despropósito que va más allá de negar lo innegable.

Lo primero es que es absurdo pretender que alguien pueda asumir vocería o posición alguna con 4 días de estudio del tema (y menos redactar un texto de 346 páginas). Lo conocido –en la medida que lo que presentan los medios de comunicación y dicen los funcionarios sea cierto- es que el inicialmente cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado encargado de coordinar las respuestas a las demandas contra el Estado nombró a otro apoderado, el cual además de su especialización en tales procesos sí dedicó 4 meses a su preparación, pero que en alguna forma el estamento militar se opuso a lo que ese trabajo proponía; bajo la nueva directora se forzó el cambio y se contrató al nuevo abogado. La improvisación fue tal que partes del texto fueron enviados erradamente por el copy-paste del caso del bombardeo de Santo Domingo. Por insólito que parezca esto significa que por la presión del estamento militar la selección del nuevo vocero recayó en quien había manejado ese otro proceso que perdió Colombia, y que como era de esperarse seguiría la misma línea argumental.

Esa línea argumental consistía –al igual que en el caso anterior- en negar los hechos y contradecir lo ya fallado por la Justicia Colombiana. Es decir, omitir lo que meses o años de investigaciones, peritajes, y toda clase de actuaciones y valoraciones probatorias de personas profesionales dedicadas, ellas sí por función y con responsabilidad, habían producido (incluye videos, muestras de ADN, testimonios, etc.). Por supuesto descalificar a la Administración de Justicia Colombiana también descalifica las posiciones que toma el Estado Colombiano ante las instancias judiciales internacionales. Si a esto se suma posiciones como las de desconocer la sentencia de la Corte de la Haya o ignorar las advertencias sobre la nueva ley de ‘Fuero Militar’, poco bien deben pensar en esas Cortes sobre la seriedad del país (lo cual mal presagia el futuro del caso ante el Ecuador).

Quienes tienen la responsabilidad de esta defensa han sugerido que se presenta una mala interpretación, en cuanto a que lo que se ha preparado es la posición para plantear que no es verdad que se haya probado que en caso de haber desaparecidos fue por culpa o en manos de las fuerzas oficiales, y no para negar que ellos existan. La verdad es que aún con tal explicación sigue siendo un máximo despropósito.

No es poco que hasta el momento Colombia tenga el infortunado record de ser el país con más demandas en las cortes de Derechos Humanos. Ni es poco que todas las hasta ahora falladas le hayan sido adversas.

Pero mal complemento son los pasos recientes donde además de apartase de la realidad de los hechos y de los fallos de la justicia interna se responde a una lógica completamente ajena a los intereses nacionales. Normal es que los ya sindicados o sentenciados pretendan que los fallos en contra fueron errados y sean revisados. Pero el camino para lograrlo es poner a su turno demandas personales ante las Cortes de Derechos Humanos por eventuales fallas en los procesos. No es el interés del país que se descalifique lo que el mundo considera avances en su Administración de Justicia, ni se puede dar mayor importancia al costo económico de la eventual sentencia en contra que a esto. En lo jurídico y en el campo de los Derechos Humanos, donde las relaciones internacionales tienen cada vez más peso, Colombia está francamente mal enrutada.

Las instituciones de control o de calificación de estos aspectos son reiterativas en que la intención en las normas mejora pero que los resultados no se ven. Lo dicen todos los informes de la ONU, del Parlamento Europeo, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, del la respectiva Comisión del Congreso Norteamericano, etc.

Ninguna política peor que, además de negar y desconocer la veracidad de estos informes, tomar la posición de reivindicar lo contrario ante las autoridades que fallan sobre el tema; que en vez de señalar que las Cortes internas sí cumplieron su función, desconocer eso como un avance y renunciar a que así lo entienda el mundo (incluso ese sería el argumento para oponerse en este caso a la intervención de la Corte Interamericana).

17 de marzo de 2013.

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