Así lo confirmó el congresista del Polo Democrático Alternativo. Durante una audiencia pública sobre derechos de los campesinos en el Congreso. En días recientes se venció el plazo para que la familia Carranza interpusiera algún recurso contra la Resolución que declaró que 25.939 hectáreas de baldíos del Estado habían sido adjudicadas de manera ilegal.