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Más del embajador en Washington, Cargill y el tapen-tapen

Por Jorge Enrique Robledo  

Además de las orientaciones que le dio a Riopaila Castilla, Brigard & Urrutia Abogados también le indicó a la trasnacional estadounidense Cargill cómo apropiarse ilegalmente de 40 mil hectáreas en el Vichada, que podrían ser más con el avance de las investigaciones (Portafolio ha hablado

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Por Jorge Enrique Robledo  

Además de las orientaciones que le dio a Riopaila Castilla, Brigard & Urrutia Abogados también le indicó a la trasnacional estadounidense Cargill cómo apropiarse ilegalmente de 40 mil hectáreas en el Vichada, que podrían ser más con el avance de las investigaciones (Portafolio ha hablado

de 90 mil hectáreas). Con el descarado propósito de ocultar la violación del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, Cargill constituyó 26 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), las cuales adquirieron 30 predios de familias campesinas que la ley le prohibía adquirir (Cámara de Comercio de Bogotá y certificados de libertad y tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño, Vichada). El dueño único de las 27 SAS es el fondo Black River Colombia, perteneciente a la trasnacional y con residencia en Delaware, conocido paraíso fiscal en Estados Unidos. Y el representante legal de todas ellas se llama Juan Aquilino Pérez.

 
En la página web de Brigard & Urrutia, en la sección del socio Francisco Uribe Noguera, aparecía –porque la eliminaron una vez estalló el escándalo– la siguiente información: “Casos de éxito: (…) Black River Colombia Agro, transacción: proyecto agroindustrial, 2011”, año en el que el principal accionista y cabeza de Brigard & Urrutia era Carlos Urrutia, embajador de Colombia en Estados Unidos. Luego en este negocio, como en el de Riopaila, el diplomático no puede librarse de su culpa alegando que vendió sus acciones en la firma de abogados en agosto de 2012 (detalles del caso Cargill: http://db.tt/nXW3b5R6).

 
Es para bobos el sofisma de Brigard & Urrutia de argüir que no violaron la ley porque las leyes son para ser interpretadas, alegato que además no cabe en razón de que la norma no admite duda honrada, según se desprende del texto y lo reconocen las autoridades. De acuerdo con el artículo 72 de Ley 160, “Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos” de cada Unidad Agrícola Familiar (UAF) adjudicada. Y han sindicado de ilegales estas apropiaciones de tierras campesinas de reforma agraria el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Ministerio de Agricultura, el Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Contraloría General de la República.

 
Si bien es cierto que los jueces tienen la última palabra sobre estos casos y puede debatirse sobre el lío de las tierras y la política agraria nacional, hay un conjunto de hechos que deben tratarse ya, porque no dan espera y porque hay elementos suficientes para tramitarlos: el papel del gobierno de Santos en el espectáculo de varias de las mayores empresas de Colombia y el mundo dedicadas a violar la ley para despojar de sus tierras al campesinado, el de los ministros de Agricultura intentando modificar dos veces las leyes de la República para “sanear” estos despojos y el de Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington, metido hasta el cuello en el diseño y ejecución de estos delitos.

 
Los colombianos seguimos a la espera de que el embajador Urrutia dé una explicación sobre estas ilegalidades que vaya más allá de la necedad de decir –como dijo– que él vendió sus acciones de Brigard & Urrutia, pero sin explicar que lo hizo después de que su firma indujera a violar la ley (http://db.tt/yWRE8jnw). ¡Y cómo se nota el silencio de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y el del presidente Juan Manuel Santos! Porque la presión y la mermelada de la Casa de Nariño podrán mantener triunfante el tapen-tapen en el país –como ocurre hasta ahora–, pero no evitarán que las palabras corrupción y gobierno colombiano circulen por las cancillerías del mundo, haciéndole daño a Colombia.

 
Coletilla. La reforma a la Ley 100 de salud terminó como la peor en veinte años. Porque se mantuvieron las ganancias de las EPS –unos seis billones de pesos al año–, utilidad abusiva que se gira contra la salud y la vida de la gente. Sigue el POS restringido que enferma y mata. Además dejaron varias minas calculadas para estallar contra la tutela, lo único bueno que le ha pasado la salud en décadas. Y todo montado a punta de mentiras. Que se acaban las EPS. Falso. Se llamarán gestoras. Que se termina el POS restringido. Falso. Ahora será Mi Plan. Y también engañan cuando dicen que no es contra la tutela. Gobierno pésimo. Con un agravante: utiliza el engaño como línea fundamental de su acción. Que agradezcan que no son de palo. Porque les pasaría lo mismo que a Pinocho (http://db.tt/heDywBnF).

Bogotá, junio 21 de 2013.


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