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Minería Colonial del siglo XXI

Por Aurelio Suárez Montoya  

Intervención al asumir en sesión solemne como miembro en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Bogotá, 14 de agosto de 2012.

En octubre de 2010 comunidades del corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca, Tolima, me invitaron a visitarlas con el fin de pasar revista,

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Por Aurelio Suárez Montoya  

Intervención al asumir en sesión solemne como miembro en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Bogotá, 14 de agosto de 2012.

En octubre de 2010 comunidades del corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca, Tolima, me invitaron a visitarlas con el fin de pasar revista,

“bajo criterios ambientales, técnicos, sociales y económicos sólidos”, al desarrollo de “megaproyectos de gran minería”, concretamente la mina de oro La Colosa, ubicada en las inmediaciones.

En el transcurso de la reunión, que contó con la presencia de líderes comunales, ambientalistas, autoridades municipales y concejales, la discusión se centró en torno a un dilema: por un lado, los costos de la minería, además de los derivados de la actividad extractiva, relacionados con impactos ambientales, de salubridad, de afectación a la estrella hídrica que baña las regiones de Quindío y Tolima, de deterioro de vías y caminos locales y vecinales y otras muchas anotadas por los asistentes, como el aumento enorme de la población que suele registrarse alrededor de los desarrollos mineros, con las secuelas que ello implica. Se sopesaron, de otro lado, los beneficios que señalaron algunos por la explotación a cielo abierto de La Colosa: generación de empleo, ingresos por regalías, activación del comercio y actividades complementarias, alguna infraestructura y beneficios adicionales bajo el esquema empresarial de responsabilidad social.

La reunión pareció no tener conclusión. Hubo una especie de empate a voces entre pros y contras, entre beneficios y perjuicios, entre costos e ingresos. La experiencia motivó mi interés por esclarecer el asunto. He ahí el origen de este trabajo.

Este texto tiene por objeto confirmar mi membresía a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Por consiguiente, se supedita a su escrutinio y examen y a ella le pertenecerán los frutos de su difusión pública.

Está motivado por la restructuración económica que en Colombia se viene dando en la última década, consistente en una especialización cada vez más marcada como país explotador, productor y exportador de recursos naturales y materias primas, minerales y energéticas. Ese viraje ha sido calificado por algunos como “boom minero-energético”, y, en la jerga oficial, con la simple nominación de “locomotora”.

Es indudable que los síntomas de esa restructuración se sienten paulatinamente y con mayor crudeza desde finales del siglo XX, cuando Alicia Puyana y otros advertían ya sobre la “enfermedad holandesa”. Los resultados de las cuentas nacionales de los últimos años corroboran ese quebranto en la economía del país. Lo más grave es que transcurre en medio de un silencio connivente, y casi unánime, en torno a los dictados de la confianza inversionista, la estrategia que la alienta.

La pretensión es que la Academia intervenga en el debate, desde su ámbito, y que lo aquí expuesto sea una contribución de ideas, y posibles aportes, para construir una política pública minero-ambiental. No se puede proseguir con el auge minero, supeditado a la almoneda de títulos y concesiones, al libre albedrío de las compañías y a una lista de chequeo llamada licencia ambiental.

Hay consenso en las implicaciones que para otros sectores económicos entraña que se intensifique la producción de géneros primarios: en los daños indiscutibles en el patrimonio natural, en las transformaciones que causa en el tejido social y en las graves secuelas hacia el provenir que arrojará, de no encauzarse debidamente, esta senda de crecimiento. Hay que velar porque se convierta en desarrollo. Colombia ya ha padecido, en los siglos anteriores, todos los efectos antes descritos en los ciclos mineros por los que ha atravesado. No puede la Academia sustraerse, al menos, de sentar su voz autorizada. Es mi respetuosa invocación con este estudio.

Este texto, entonces, propone tres capítulos y está concebido desde el método inductivo. El primero es una breve historia económica del oro. Este es uno de los metales más antiguos explotados por el ser humano y, a través de los tiempos, ha jugado diferentes papeles en la sociedad. Se trata de mostrar cómo esas distintas funciones que ha desempeñado corresponden al modo de producción imperante, a unas determinadas relaciones sociales, y que el tipo de minería conexo con ellas es fruto del desarrollo de las fuerzas productivas de cada periodo. Arranca desde la edad de los metales, cuando era considerado como uno muy especial, venido de la luz del sol, y termina como valor bursátil, como commodity financiero. El primero se extraía con trabajo de esclavos de las minas de Nubia, Sudán en la actualidad; ahora con la gran minería a cielo abierto.

El oro ha tenido distintos papeles en la sociedad a través de la historia y en el presente juega uno adicional: el de commodity. Está incluido en los portafolios de los mercados a futuros y en ese campo es el “valor” que ofrece los mejores retornos, lo cual se comprueba con una retrospectiva de índices bursátiles de los últimos 20 años, y además el de menor varianza o “volatilidad”.

La ampliación de este rol en el mercado especulativo requiere un respaldo mayor en las actividades exploratorias y extractivas. No es suficiente el tipo de explotación industrial de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Se necesita ahora una escala superior. La minería a cielo abierto, tal como se evidenció, es la respuesta global adecuada.

La explotación a gran escala genera retornos adicionales, no sólo de volumen sino los que se causan como apoyo a las operaciones especulativas e influyen en la apreciación del commodity. Además, da seguridad de respaldo físico a las operaciones a futuros en las bolsas y aumenta el valor de mercado de las compañías y de los fondos de inversión involucrados. Este es, en general, el aditivo al negocio minero en el siglo XXI, bajo la organización predominante y la escuela neoliberal que lo alienta.

Estudiar entonces esta fase del rol del oro en el orden económico, como importante estudio de caso, ayuda a comprender aspectos nuevos en la minería aurífera que crean un marco costo/beneficio en el cual derivan utilidades y ganancias las naciones proveedoras, y sus sociedades, compañías mineras, inversionistas de los mercados de capitales, corredores bursátiles, intermediarios y una variada gama de miembros del “filibusterismo” contemporáneo. El estudio podría en parte aplicarse a los demás metales y minerales. Un examen pormenorizado de ese balance se expondrá en el capítulo siguiente al presentar las cuentas, los ingresos y los costos.

El segundo capítulo es la contabilidad de la minería contemporánea. Busca esclarecer los ingresos y los costos, muchos de ellos ocultos. En cuanto a los ingresos, se consignan los relativos al empleo, a la Hacienda Nacional, por regalías e impuestos, a las ramas complementarias y a las firmas mineras, incluyendo los que están implícitos en su valorización en el mercado de capitales y en el alza del precio de los recursos en las bolsas mundiales acaecida por movimientos bursátiles o por los ciclos económicos. Se enfatiza, sin desconocer los importes propios de la actividad, en las externalidades sobre los bienes y servicios ambientales y sobre terceros ajenos al proceso mismo, como poblaciones aledañas y comunidades circundantes, como también en los impactos económicos propiamente dichos. Se acude para ese propósito a varios estudios adelantados al respecto por la comunidad científica internacional sobre el proceso minero actual.

La nueva fase de la minería a cielo abierto en Colombia, al parecer se proyecta hacia el largo plazo. En el presente se conocen cifras como que “en 2010 la participación en el PIB de la minería fue del 7%, después que participaba con el 2%”, “que la minería sin el petróleo representa el 2,21% del PIB, 24% de las exportaciones, 30% de la inversión extranjera directa y 19% de las regalías”,[1] es evidente que el país ha saltado de la industria minera de pequeñas y medianas explotaciones –un buen número de ellas de tipo artesanal- al desarrollo de la gran minería.

Adicionalmente, los ingresos operacionales de la minería, en pesos corrientes, entre 2009 y 2011, crecieron 87,6%; sus activos, para el mismo período, el 46%; y la rentabilidad sobre el patrimonio en 2011 fue del 22,86%[2]. Una comparación del crecimiento de la economía nacional con el del sector de minas e hidrocarburos, desde 2005 al 2011, reitera la preponderancia de este último como sector líder.

Y en el futuro se prevé que, “para la década 2010-2020 el país recibirá 360 billones de pesos de parte del sector minero e hidrocarburos. De esta cuantía, 260 billones serán aportados a través de los impuestos y 100 billones por la vía de las regalías”[3]. Por doquier se escucha de planes y proyectos de nuevas inversiones y programas. Según el portal “Colombia es pasión”, se calcula que las compañías extranjeras invertirán en los próximos cinco años 45 mil millones de dólares para la extracción de oro y minerales estratégicos.[4] A febrero de 2012, las solicitudes vigentes para títulos mineros eran 13.109, equivalentes a 17,8 millones de nuevas hectáreas[5].

Esa superficie potencial se designa como “zona de reserva estratégica minera”, vinculada, también, a “once minerales estratégicos entre los cuales el oro, el platino y el cobre tienen gran potencial”[6]. Igualmente, “11,5 millones de hectáreas sobre las que hay menos información” fueron clasificadas como zonas tipo 2, “prioritarias para adquirir conocimiento científico”. Y de la misma manera, “8,5 millones de hectáreas” fueron clasificadas como zonas tipo 3, “con poco conocimiento y potencial”[7].

Con estos números, Colombia está en mora de definir una política minero ambiental, sólida, coherente, de Estado, hacia el largo plazo.  En el tercer capítulo se discute un marco teórico básico, ligado a la economía ecológica. Se retoman los antecedentes y se confrontan los postulados neoclásicos en este campo. Se presenta un estudio de caso, el del carbón en el Cesar, donde se hace el balance energético neto entre la energía aplicada, la transformada y la degradada, fundamental para evaluar la sustentabilidad de cualquier actividad. También se bosquejan los cambios que, a la luz de la propuesta, han de incidir en las cuentas macroeconómicas y en la microeconomía de los recursos no renovables, y se enseñan algunos instrumentos y criterios que ayudarían a concretar una política pública minero-ambiental. Vale remarcar que de ella no sólo hacen parte valoraciones monetarias e indicadores económicos, sino, también, valores de uso, índices físicos y algunos de otras disciplinas para efectuar evaluaciones “multicriterio”.

Al proponer elementos como economía ecológica, sustentabilidad, balances energéticos, nueva contabilidad macroeconómica, instrumentos y herramientas propios de política pública, indicadores más allá de los meros valores monetarios, que pueden comprender otras disciplinas y la toma de decisiones “multicriterio” con la participación social, además de la de expertos o consultores, se busca conformar una institucionalidad suficientemente fuerte y capaz de salvaguardar el interés colectivo por encima del particular, entendiendo por dicho interés la prosperidad general, los derechos y deberes de todos los ciudadanos, el servicio a la comunidad, los compromisos sociales del Estado, la delimitación del alcance de la libertad económica y el ejercicio pleno de la propiedad nacional sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables.

Esta proposición intenta corregir la más grave falencia del sector minero-energético en la actualidad: la incapacidad del Estado colombiano para regirlo. Es evidente su debilidad institucional, el incumplimiento de los estándares ambientales en la mayoría de los casos, el desarrollo de la iniciativa privada ajena a las “condiciones socio-ambientales propias de Colombia”[8]. En suma, que en este campo, como en todos, Colombia actúe como nación soberana y por encima de todo interés privado.

 

La economía política de la minería en el siglo XXI

Son tres las tesis que se han sustentado a lo largo del desarrollo de este trabajo. La  primera, que la minería contemporánea, la que se propaga hoy día en el mundo -con base en el estudio de caso de la historia del oro en la sociedad-, es la minería a cielo abierto, en una fase de proporciones desconocidas hasta ahora, que involucra de modo prioritario el capital financiero en el sector, amplifica la magnitud de los impactos en la sociedad en todos los campos y está en cabeza de omnipotentes empresas multinacionales. Dos, este tipo de minería, por las características anotadas, tiene tanto ingresos como costos que surgen con ella, adicionales a los ya imputados en los modos anteriores, que aparecen ocultos y que deben tenerse en cuenta para que, con una contabilidad completa, puedan tomarse las decisiones públicas más convenientes al interés general. Tercera, con base en lo anterior,  la actividad no puede estar regida por las propias compañías mineras, sino que es necesario una política minero ambiental y que, desde las ciencias económicas, elementos de la economía ecológica y de otras fuentes, que introducen para el debate valores distintos a los meramente monetarios derivados de las simples relaciones beneficio/costo, pueden contribuir a la elaboración de dicha política.

Las estadísticas evidencian para el caso de Colombia, en las cifras expuestas a lo largo de este texto, que  existe – y es comprobable- la transición de una pequeña y mediana minería tradicional, en no pocos casos artesanal, a la de gran escala. Dicha transición ha llegado a un punto en el que “hay 9 mil títulos mineros, pero sólo 60 pagan el 84% de las regalías”[9]. Esa evolución no se ha visto acompañada de un fortalecimiento institucional en ningún orden. Todo ello se advierte en la debilidad de la política pública y de los instrumentos del Estado, para “ponerle el cascabel al gato”. En la práctica, lo que se ha dado es una alianza público privada, donde están primando poderosos intereses particulares con el Estado a su servicio, pretermitiendo normas constitucionales que prescriben la acción gubernamental en la “dirección general de la economía”, y específicamente en lo atinente a la explotación de recursos naturales, el sector de crecimiento más dinámico en los últimos años. De tal suerte, el gobierno nacional se ha limitado a subastar y entregar nuevas y mayores áreas para la explotación minera y a los cinco millones de hectáreas, que hoy abarcan algo más de los nueve mil títulos vigentes (40% de ellos en explotación), espera añadir, en poco tiempo, otra subasta de 1,9 millones ubicadas en 14 departamentos.

Esta improcedente política minera, que enarbola el gobierno de Juan Manuel Santos, puede resumirse en la intervención del ministro Mauricio Cárdenas, a comienzos de abril de 2012, ante los inversionistas de la Bolsade Toronto, al referirse a la creación del Viceministerio de Minas: “Su trabajo es mantenerles feliz (sic), asegurar que todos sus problemas sean resueltos, porque entendemos muy bien que la expansión de este sector depende no sólo de nosotros, el Ministerio de Minas y Energía, sino de otros jugadores del Gobierno”. Como ejemplo refirió las licencias ambientales, señalando que “es necesario acelerar” su concesión y recalcó que, “aunque se tiene que consultar con las comunidades indígenas los proyectos que les afectan, ‘no tienen poder de veto’”[10].Un espíritu idéntico también inspiró la creación de la Agencia Nacional de Minería.[11]

En este estado de las cosas es prioritario plantear como cuestión fundamental, como reto, quién dirige y controla la minería, si el Estado o las empresas internacionales; es decir, cuál es la economía política en el siglo XXI, en tanto la explotación de fuentes de materias primas y de energía en la época actual, en la división internacional del trabajo impuesta en la globalización neoliberal, tampoco está eximida de la impronta colonialista que, como es conocido,  ha distinguido la minería  a través de la historia.

En consecuencia, la discusión sobre qué define la política minero-ambiental, quién y cómo se toman las decisiones, trasciende la discusión entre escuelas económicas y de la relación de la economía con otras áreas del conocimiento. Se traduce en claros valores de la nacionalidad, y, especialmente, con el más importante de ellos, la soberanía. De imponerse de manera definitiva el interés de las grandes trasnacionales -y de los países que representan- el carácter colonial de la minería del siglo XXI signará los destinos de Colombia por varias generaciones. Por el contrario, de lograrse la primacía autónoma dela Repúblicaen las decisiones fundamentales, los frutos pueden encaminarse a la superación de la desigualdad que hoy la caracteriza. Juega aquí un papel trascendente la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, al propiciar este tipo de reflexiones con los más rigurosos argumentos.

Por tratarse de un hecho de la mayor importancia en mi vida, agradezco a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas mi designación como miembro correspondiente. Ese agradecimiento debo hacerlo de manera pública, infortunadamente después de su muerte, al profesor y maestro Raúl Alameda, al que dedico este ensayo, y con quien en los últimos años pude entablar una enriquecedora amistad y compartir ideas especialmente relacionadas con la realidad nacional y mundial. Sus anotaciones en los temas agrarios me resultaron especialmente valiosas. He decidido, como una contribución a la Academia que, de publicarse este trabajo, las regalías editoriales sean para fortalecer sus finanzas. Así mismo, debo expresar mi gratitud y reconocimiento a Martha Patricia Perdomo, quien laboró en todos los asuntos de investigación, edición y asistencia; al joven economista Santiago Daniel Suárez Ricaurte por sus comentarios y observaciones pertinentes; y a Gabriel Fonnegra por la corrección de estilo y también a Alejandra Fernández por su apoyo.


[1] ACOSTA, Amylkar. Pescando en río revuelto. Periódico de la Policía Nacional de Colombia (PNC), edición No. 9, febrero de 2012.
[2] SUPERSOCIEDADES. Comportamiento del sector real de la economíaInforme 2012. Bogotá, abril de 2012.
[3] El Tiempo, febrero 22 de 2012, página 8.
[4] PROEXPORT COLOMBIA. Inversiones por 45.000 millones en minería para Colombia. Fuente electrónica: http://bit.ly/Is2saz
[5] CÁRDENAS, Mauricio. Áreas estratégicas de minería. Ministerio de Minas y Energía, Primer congreso del sector de la minería a gran escala, Bogotá, febrero de 2012.
[6] Entre ellos se encuentran también los minerales de fosfato, minerales de potasio, minerales de magnesio, carbón metalúrgico, carbón térmico, uranio, hierro y coltán.
[7] El Tiempo, jueves 9 de febrero de 2012, página 8.
[8] RODRÍGUEZ, Manuel. El medio ambiente en la era de la minería a gran escala. Primer Congreso Sector de la Minería a Gran Escala, febrero de 2012.
[9] El Tiempo, febrero 22 de 2012, página 8.
[10] Dinero.com, marzo de 2012. Fuente electrónica: http://bit.ly/yFCaHE
[11] Ministerio de Minas y Energía, Decreto 4134 de 2011, “Por el cual se creala Agencia Nacional de Minería, objetivo y estructura orgánica”.

Bogotá, 14 de agosto de 2012.

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