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Nacional

Negocio y sostenibilidad fiscal por encima de la salud

Por José Arlex Arias Arias  

A marchas forzadas, incluyendo maniobras y trapisondas del Gobierno Nacional con el fin de que no fueran aceptados los impedimentos a sus congresistas –que se lucran directamente o por testaferros del negocio montado por el gobierno al sector privado–, avanza la reforma

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Por José Arlex Arias Arias  

A marchas forzadas, incluyendo maniobras y trapisondas del Gobierno Nacional con el fin de que no fueran aceptados los impedimentos a sus congresistas –que se lucran directamente o por testaferros del negocio montado por el gobierno al sector privado–, avanza la reforma

a la salud a través de dos leyes: la Estatutaria y la Reglamentaria. La feria de impedimentos fue colosal y denota la podredumbre de muchos de los que se hacen llamar “padres de la patria”. En la lista, los medios de comunicación mencionaron a senadores que tienen relaciones con EPS, IPS y sectores afines como: Efraín Cepeda Sarabia, Félix José Valera, Martín Morales, Myriam Alicia Paredes, Jorge Eliecer Ballesteros, Roy Barreras Montealegre, Héctor Julio Alfonso, Germán Bernardo Carlosama, Nora María García Burgos, Juan Lozano Ramírez y Juan Carlos Vélez Uribe; falta por relacionar la de los Representantes a la Cámara.

Por parte del Gobierno, recibiendo la orientación del presidente Santos, “el proyecto de reforma de la salud es prioritario y de hecho llegó con mensaje de urgencia al Congreso. Su filosofía general es reglamentar el derecho fundamental a la salud consagrado en la Constitución y es impulsado por los ministros de Salud, Alejandro Gaviria; del Interior, Fernando Carrillo; y de Hacienda, Mauricio Cárdenas”, dice el periódico El Tiempo. Esto denota que el gobierno se la juega con los denominados “tecnólogos” neoliberales, los “yupies” que han impulsado la negación de los derechos fundamentales de la población, trasladando su prestación al sector privado; es decir, que en ese sentido no se puede esperar de ellos nada diferente que la profundización del modelo de salud impuesto por la Ley 100/93 y por lo tanto, podrán variar algunas formas de atención al usuario –no al paciente–, pero no un cambio de contenido que reglamente la salud de los colombianos como un derecho fundamental, de obligatorio cumplimiento por el Estado, por lo que mucho va a cambiar para no cambiar nada.

Sobre la Ley Estatutaria destaca El Tiempo: “Derecho a la salud dependerá de la sostenibilidad fiscal del Estado. En la plenaria del Senado pasó… la reforma de la salud, y con ella el literal I del artículo 6 de la reforma, el cual establece que el acceso a este servicio es un derecho fundamental pero que estará supeditado a los recursos que el Estado pueda otorgar para ello sin afectar la sostenibilidad fiscal del país. Esto se traduce en que la prestación del servicio de salud dependerá de los recursos que para este tema se otorguen, lo que para los críticos limita el acceso al sistema”. El artículo aprobado dice: “El Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud conforme a las normas constitucionales en sostenibilidad fiscal”. Con esta decisión pretenden controlar el acceso a la salud debilitando a la Acción de Tutela. Espíritu que mantuvo la Cámara de Representantes en un “pupitrazo” furtivo en las tinieblas de una media noche.

Lo advirtió el senador Robledo: “Los proyectos de Ley mantienen intacto el modelo de la Ley 100 y de los negociantes, con el agravante de que le hacen un ataque feroz a la tutela. Explicó que “lo aprobado empeora el sistema de salud porque, además de mantener la intermediación financiera está calculado para limitar la tutela”. ¡Los muertos los pone el pueblo y los negociantes con la salud de los colombianos se quedan con el dinero!

Cartagena, 24 de junio de 2013.


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