Opinión de Carlos Julio Díaz L.

Director General ENS

Desde hace varios años la Corte Constitucional, en reiteradas sentencias y fallos, ha señalado la condición de ilegalidad laboral en que se encuentran más de un millón de trabajadores que prestan sus servicios al Estado por medio de contratistas, contratos administrativos de prestación de servicios y otras figuras de intermediación ilegal.