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Oficina de ONU para Derechos Humanos pide a Fiscalía investigar amenazas de muerte contra reclamantes de tierras

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió con gran preocupación la información sobre las amenazas de muerte en contra de  Carmen Palencia, Presidenta Nacional de Tierra y Vida; Jorge Solano, integrante de Tierra y Vida en el Catatumbo; Carlos Páez, representante legal del capítulo de Urabá de Tierra y Vida; Manuel Mercado, secretario del capítulo de Urabá de Tierra y Vida; y Gerardo Vega, director de Forjando Futuros.

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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió con gran preocupación la información sobre las amenazas de muerte en contra de  Carmen Palencia, Presidenta Nacional de Tierra y Vida; Jorge Solano, integrante de Tierra y Vida en el Catatumbo; Carlos Páez, representante legal del capítulo de Urabá de Tierra y Vida; Manuel Mercado, secretario del capítulo de Urabá de Tierra y Vida; y Gerardo Vega, director de Forjando Futuros.

“Nuestra Oficina conoce el trabajo de Tierra y Vida y Forjando Futuros en el  marco del proceso de restitución de tierras. Carmen, Jorge, Carlos, Manuel y Gerardo son colombianos valientes y comprometidos con la labor legitima de defensa de los derechos humanos de las víctimas”, dijo Juan Carlos Monge, representante encargado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La Oficina recogió información según la cual, las amenazas de muerte proferidas contra los reclamantes de tierras llegaron a través de dos panfletos dirigidos  a miembros de Tierra y Vida en Norte de Santander y en el capítulo de Urabá, y las otras amenazas se conocieron porque hombres armados las hicieron delante de pobladores.
 
Los panfletos dicen “tierra es la que les echaremos encima, cuando les quitemos la vida” y hacen énfasis en los logros obtenidos por los reclamantes de tierras en relación con sus derechos como víctimas.
 
La Oficina urge a la Fiscalía para que investigue con diligencia el origen de estas amenazas en contra de los reclamantes de tierras, y juzgue y sancione a los responsables de las mismas.
 
“Un ingrediente fundamental de la protección es la investigación eficaz y la condena de la justicia a los criminales que perpetran estas amenazas. El Estado en su obligación de protección y prevención debe sancionar a los responsables e impedir que continúen las  intimidaciones en contra de las víctimas. Proteger la vida de los reclamantes de tierras es también proteger el derecho a la verdad, a  la justicia y a la reparación”, puntualizó Monge, al reiterar la gravedad de estas amenazas de muerte.

Bogotá.

 

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