Parque Tayrona: la que faltaba, la para-hotelería

Por Alejandro Arias  

Es muy posible que los nombres de Héctor Vargas Torres, Martha Hernández Turriago, Gentil Cruz y Julio Hernández no le sean familiares. Pero para quienes hemos estado cerca en la lucha por la defensa del Parque Tayrona sabemos que Vargas Torres y Hernández Turriago fueron los dos directores del Parque asesinados en 1994 y 2004, respectivamente, por tratar de poner orden y conservarlo.

Que Cruz, Defensor de los Koguis, y Hernández, ambientalista, fueron asesinados por denunciar las tragedias que sucedían en el parque cuando los paramilitares lo convertían en un corredor del narcotráfico.

Hoy el Parque Tayrona no sólo está amenazado por el narco y el microtráfico, el loteo y la invasión indiscriminada de sus territorios, el guaqueo y la extracción de los cementerios ancestrales indígenas sino por el que pudiera afirmarse es la mayor amenaza que afecta la estabilidad del Parque Tayrona: la para-hotelería.

Sí, la oferta no tan subrepticia y sí sin control de servicios turísticos y de hospedaje dentro de los territorios y en las más emblemáticas playas y ensenadas  del Parque.

Edificaciones que ilícitamente se han levantado para sumarse a la oferta informal hotelera de Santa Marta; que funcionan, en muchos casos, como verdaderos hoteles cinco estrellas dotados de todos los servicios en medio de esta reserva ambiental de frágil sostenibilidad.

Pozas sépticas, plantas eléctricas, personal de servicio, depredación de bosques y pesca indiscriminada forman parte del paquete de daños que sufre el parque sin que necesariamente se trate de daños provenientes de mochileros, como algunos quieren hacernos creer. Sin contar la trata de personas con fines de prostitución y la venta de drogas dentro de los paquetes que se ofertan.

Es hora que la Dirección Nacional de Parques Naturales, el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía y la Policía Ambiental actúen e intervenga esta actividad supremamente rentable para estos seu-propietarios que cobran sumas entre los trescientos y los quinientos mil pesos por persona noche acosta de la destrucción de esta maravilla natural. Entre otras porque la Corte Constitucional ya les dio herramientas para actuar conforme quedó consignado en la sentencia de tutela T-282 de 2012, particularmente para aquello de las pozas sépticas (Ver Sentencia: http://sdrv.ms/18JPaoV)

Ojalá la Contralora General de la República, preocupada por la degradación ambiental en Santa Marta, adelante las investigaciones pertinentes a efectos de avocar los juicios fiscales que permitan poner a pagar a estos “prestantes depredadores” por los daños ambientales causados al Parque y la explotación ilegal de dichos territorios mediante la para-hotelería la última desgracia conocida dentro del Parque Tayrona, la que faltaba.

Ya que el asesinato de Héctor Vargas Torres, Martha Hernández Turriago, Gentil Cruz y Julio Hernández se mantiene en la total impunidad por lo menos que sus muertes no sean en vano.