El gobierno nacional ha apostado sus principales cartas a la “locomotora minero-energética” que no es otra cosa que explotación a cielo abierto e inversión extranjera directa a diestra y siniestra. Adecuando la legislación y las políticas públicas a los caprichos del capital foráneo, en materia económica, ambiental y cultural. Desconociendo los derechos de las poblaciones que cuentan con la “mala suerte” de tener un subsuelo rico en minerales y un gobierno desligado del destino de sus conciudadanos.