Los diez millones de habitantes de la Costa Atlántica vienen padeciendo una pésima prestación del servicio de energía eléctrica por parte de una trasnacional española que tiene el control de la empresa desde hace quince años cuando el gobierno nacional decidió privatizar todas las electrificadoras de la Región, con lo cual los usuarios pasaron a ser clientes de un monopolio privado con ánimo de lucro.