Poniendo una semilla

Por María Jimena Duzán  

Lo más importante del fallo que acaba de proferir la Superintendencia de Sociedades en torno a la forma como Mónica Semillas, la multinacional brasileña que utilizó la figura de las SAS para evadir controles, no es la sanción de la que fue objeto.

La Superintendencia de Sociedades conminó a esa multinacional brasileña a devolver los 2.500 millones que les había entregado Finagro entre 2009 y 2010 a manera de incentivo proveniente del programa Agro Ingreso Seguro. La Superintendencia cuestionó no solo el hecho de que se hubieran utilizado las SAS para recibir cuatro incentivos, en lugar de uno, sino que esos dineros hubieran llegado a las multinacionales y no a los campesinos.

Pero decía que lo más importante del fallo no es que hayan sancionado a esta multinacional brasileña, sino el hecho de que por primera vez se sienta una jurisprudencia para poder sancionar a los grandes empresarios que acumularon tierras baldías en la Altillanura, muchos de los cuales recurrieron a las SAS para disfrazar la compra ilegal de esas tierras haciéndole el quite a la Ley 160 que no lo permitía.

Ese fue el caso de Riopaila, empresa que utilizó la figura de las SAS para evadir los controles y acumular baldíos. De la multinacional Cargill, empresa que, según un informe de Oxfam publicado por Verdad Abierta, también recurrió a la figura de las SAS para armar una telaraña jurídica y acumular baldíos de manera indebida.

En esa lista estaría también una firma de abogados Contexto Legal y la misma Mónica Semillas, empresa que además de haber recibido de manera irregular dinero proveniente de AIS, también habría recurrido a una figura parecida a las SAS, –en ese momento estas no habían sido creadas–, para acumular indebidamente 15.000 hectáreas.

Este fallo es una noticia que debe tener en ascuas a esos empresarios porque les cambia radicalmente el panorama. Como iba el tema, no les iba a pasar nada. Ni a Riopaila, ni a Cargill, ni a Mónica Semillas ni a Contexto Legal se les iba a quitar un pelo.

Por el contrario, les íbamos a salir debiendo. El gobierno Santos intentó darles la mano y accedió a presentar una norma dentro del Plan de Desarrollo que legalizaba esa acumulación de tierras, pero por cuenta de la presión ejercida por los congresistas del Polo, Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias esa amnistía velada se cayó en la Corte. Vino luego el escándalo de Riopaila y al gobierno le tocó bajar la cerviz y dejar a sus amigos en manos de los jueces.

Aun en ese escenario aparentemente adverso, el viento iba a su favor. Si las demandas de nulidad que había presentado el Incoder resultaban aceptadas por un juez, el pleito terminaba reducido a un negocio entre privados. Y como el campesino que había vendido sus hectáreas ya no tenía el dinero y no se lo podía devolver al empresario, pues la tierra quedaba en manos del que la había acumulado indebidamente. Fin del escándalo.

Ahora, con este fallo, las cosas son a otro precio. Cualquier ciudadano indignado puede recurrir a la Superintendencia de Sociedades y presentar la demanda correspondiente para que esta autoridad de control emita su fallo y castigue a los que utilizaron las SAS para evitar cumplir la ley.

Lo lógico en un país que quiere establecer reglas claras para sus inversionistas es que las SAS no se utilicen para evadir controles, y que quienes lo hagan sean debidamente castigados. Pero si esta sanción no llega y los empresarios que utilizaron las SAS para evitar controles y acumular baldíos se salen con la suya, los que salimos perdiendo seremos los colombianos y sus instituciones, además de que se confirmaría lo que muchos todavía no aceptamos: que la ley es solo para los de ruana.
 

En Estados Unidos los ricos son sancionados cuando cometen actos que van en contravía de las normas, como pasó con el gigante de Microsoft sancionado por su posición dominante en el mercado. Y los Estados que no son capaces de poner en cintura a los ricos son Estados con instituciones débiles y con democracias famélicas en las que los ricos pueden pasarse por la faja las normas y la ley a sabiendas de que el Estado no los va a castigar.

Por eso, el fallo que sanciona a Mónica Semillas es muy importante. Nos recuerda que a veces, cuando nos da la gana, parecemos un país desarrollado.

Revista Semana, Bogotá, 20 de octubre de 2013.