Por ‘tercerización laboral’ en sector salud, ANTHOC denunciarán al presidente Santos

Denuncias ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes así como querellas ante la Procuraduría General de la Nación instaurarála Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral, y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, en contra de los integrantes de las juntas directivas y representantes legales de las entidades públicas y privadas del sector salud, que desconociendo los fallos de la Corte Constitucional han seguido vinculando por ordenes de prestación de servicios, O.P.S. o a través de terceros a sus trabajadores permanentes, informó el fiscal nacional de esa organización sindical, Yesid Camacho.

Según el directivo sindical, las denuncias y querellas incluyen desde el presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, el ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe y los miembros de las juntas directivas de hospitales y entidades sanitarias del país de los niveles departamental, distrital y municipal, lo que incluye a todos los gobernadores y alcaldes del país que las presiden y quienes han hecho caso omiso de lo establecido por los precedentes o bloques constitucionales precisados por varias sentencias de la Corte Constitucional, especialmente las C 614 de 2009 y C – 171 de 2012.

Según Camacho, “Las tareas ante la arremetida del gobierno que pretende acabarnos prácticamente desde el punto de vista laboral pero, además, no solamente desde ese punto de vista sino de lo que ha sido aprobado en la ley estatutaria de salud que para nada acaba con la intermediación; que supedita el Derecho a la Salud a la figura de la ‘sostenibilidad fiscal’; que legitima los copagos y pagos moderadores por parte de las que ahora se llaman gestoras, anteriores empresas prestadoras de salud, E.P.S.; que no establece el control absoluto sobre los precios de los medicamentos; que de todas maneras deja vacíos que podrían violar el Derecho a la Tutela de la población; pero que ante todo consolida el negocio de las E.P.S. y una gran impunidad fiscal en cuanto a las deudas que estas instituciones tienen con las entidades hospitalarias nos obligan a convocar necesariamente a los trabajadores y a la población a una gran movilización”.

Agregó el fiscal nacional de ANTHOC que “estas decisiones se tomarán colegiadamente por parte de los colectivos defensores de los derechos a la salud, por lo que “En ese sentido se ha convocado un plenario de ANSA, la Asociación Nacional por la Salud, con el fin de analizar y estudiar las tareas que vamos a realizar. De igual manera hemos acordado con las demás organizaciones sindicales de convocar un paro nacional, proyectado más o menos hacia el mes de agosto, conjuntamente con la población”.

Encuentro y paro nacional

De igual forma y dentro de la movilización nacional de los trabajadores colombianos y en especial de los del sector salud, “Para consolidar esa decisión vamos a convocar un gran encuentro nacional de trabajadores, usuarios, poblaciones y estudiantes que se va a realizar el 18 de julio y previamente vamos a realizar una Asamblea Nacional de ANTHOC los días 16 y 17 de julio, mientras que el 19 de julio haremos una gran movilización nacional”.

También, como protesta a la andanada legal que busca cercenar los derechos laborales y fundamentales a la salud de los colombianos, según el señor Yesid Camacho, “En esa asamblea y ese encuentro se tomará la decisión de la hora cero para la realización de un paro nacional e igualmente vamos a hacer un despliegue publicitario mediante afiches, comunicados de prensa y plegables dirigidos al pueblo colombiano, para informarles qué es lo que se está aprobando en el Congreso de la República y denunciar a los parlamentarios que tomaron esa decisión en contravía del interés general de la población y los trabajadores”.

Denuncias y querellas

Como complemento legal de la andanada gubernamental en contra del sector salud, según el dirigente sindical, “Todas estas acciones se van a acompañar de acciones penales y disciplinarias que se van a consolidar regionalmente y ante el Ministerio del Trabajo por el tema de la ‘tercerización laboral’. De tal manera que buscamos es consolidar de fondo una gran pelea nacional por el Derecho Fundamental a la Salud y por los derechos de los trabajadores”.

En cuanto a los destinatarios de acciones judiciales Camacho precisó: “No. No solo son los representantes legales nada más. En estas demandas van a entrar los integrantes de las juntas directivas que son los responsables de las plantas de personal de las entidades, es decir que compromete a todos los gobernadores de departamentos, que son los presidentes de las juntas directivas de los hospitales de ese nivel territorial; casi a todos los alcaldes del país, como quiera que esos alcaldes son los presidentes de las juntas directivas; pero, además, a todos los integrantes de las juntas que no han asumido una posición de resolver el tema de la ‘tercerización’. Esos son los primeros involucrados en este tipo de investigaciones y en este tipo de denuncias” que se estarán formalizando en poco tiempo.

Según Camacho, en cuanto a los fundamentos de las acciones legales, “Las denuncias, ¿por qué van a ser?: prevaricato en primer lugar porque los señores no están cumpliendo con las sentencias de la Corte Constitucional; artículo segundo del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074. Igualmente por celebración indebida de contrato, porque esos contratos que están haciendo con las cooperativas, con las SAS, con los sindicatos son contratos ilegales a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en lo que hay también una asociación para delinquir al interior de esas juntas y no cumplir con las sentencias. Igualmente hay suplantación de funciones públicas, pues uno encuentra funcionarios de contrato calificándole la carrera a funcionarios públicos; dándole ordenes, fijándole el horario a los trabajadores, dentro de una gran cantidad de decisiones que toman sin tener competencia para ello porque como contratistas no pueden asumir funciones públicas y menos funciones de carácter directivo o de coordinación o subordinación de personal de planta”.

Igualmente, el directivo nacional de ANTHOC sostuvo que “hay además otra cantidad de figuras jurídicas que se configuran: estaríamos mirando la violación del artículo 200 del Código Penal por negación de los derechos laborales a los trabajadores y de negación del derecho de asociación a los trabajadores. Dentro de los que serán denunciados entrará el ministro de Salud, presidente de la junta directiva del Instituto Nacional de Cancerología; pero además por las manifestaciones públicas hechas en la Comisión Séptima del Senado de la República, en donde dijo claramente que el Proyecto de ley que están tramitando para negar los derechos laborales es para negar el derecho a la contratación colectiva y la negociación colectiva de los trabajadores; lo que pone en evidencia el carácter ilegal de lo que proyectan hacer en esa ley y por esa razón vamos a enfilar todas las baterías directamente; vamos a enviar algunos documentos a la Corte Constitucional alertando sobre ese tipo de cosas y vamos a asumir de frente toda esta situación que se avecina”.

Denuncia a Santos

En cuanto a la responsabilidad de lo que está pasando respecto de las violaciones a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el Instituto Nacional Cancerológico cuya junta directiva encabeza el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el fiscal nacional de ANTHOC concluyó: “desafortunadamente las denuncias en contra del presidente de la República tienen que ir a la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes, pero de todas maneras lo vamos a denunciar porque él es el responsable de la planta de personal del Instituto Nacional de Cancerología y es el que define esa planta y al estarle negando y mantener personas vinculadas por contratos de prestación de servicios en esa entidad el propio presidente estaría prevaricando”.