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Preaviso de una crisis anunciada

Por Juan Manuel López Caballero  

Revaluación, TLC, ‘enfermedad holandesa’, o crisis del modelo ‘minero-energético’, el hecho es que las alarmas están prendidas en todos los sectores generadores de riqueza del país (en especial industrial y agropecuario), y que ni están contribuyendo a crearla, ni viviendo la bonanza que proclama el gobierno.

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Por Juan Manuel López Caballero  

Revaluación, TLC, ‘enfermedad holandesa’, o crisis del modelo ‘minero-energético’, el hecho es que las alarmas están prendidas en todos los sectores generadores de riqueza del país (en especial industrial y agropecuario), y que ni están contribuyendo a crearla, ni viviendo la bonanza que proclama el gobierno.

Amparos piden tanto actividades antes líderes –los textiles o el café-, como el nuevo sector exportador o las tradicionalmente poco afectadas por las medidas o políticas gubernamentales como la ganadería.

Un caso con menos despliegue, pero que se puede considerar como el de más importancia dentro del sector agrícola, es el del arroz: es el consumo básico de los colombianos; sigue al café en cobertura regional (de él depende la economía de más de doscientos municipios), en cantidad de hectáreas utilizadas (350.000), en generación de empleo, y en valor total de la cosecha; pero es además el de más inversión en adecuación de tierras (distritos de riego), y con los complementos de transporte (2.6 millones de toneladas en paddy y 1.3 en blanco) y requerimientos de insumos y de proceso industrial es el que más pesa en la economía vinculada al campo.

Como el producto solo se puede comercializar pasado por el molino, y como nunca se logró la integración de agricultores y molineros, los productores son la contraparte de los industriales; y como de estos últimos los cinco más grandes tienen cerca del 90% (los dos primeros más del 60%) del manejo proceso donde directamente o a través de otros molinos menores adquieren la cosecha de 10.000 agricultores, se da una condición de doble posición dominante.

Fedearroz ejerce la representación gremial. Recibe una cuota de fomento arrocero de todos los productores;  en investigación tuvo un papel interesante con el convenio ICA-CIAT-Fedearroz –hoy ya suspendido- y ha producido semillas y ‘paquetes tecnológicos’. Sin embargo su actividad principal es la comercialización de insumos y nunca ha participado en un apoyo directo al productor –ni en subsidios, ni en financiación, ni en almacenamiento, etc.-.

La mayoría de los cultivadores no son dueños de las tierras ni la maquinaria y por esto entran y salen según las condiciones del momento; los ciclos así son inevitables y con ello las variaciones de precios al productor muy marcadas.

Se estima que el país con un faltante de entre 5% y 15% casi es autosuficiente. Es el producto con mayor protección aduanera (70%).  Por la CAN la producción ecuatoriana –y peruana- se vuelve la principal competencia, y las trabas legales –fitosanitarias, etc.- que se puedan poner son simplemente sustituidas por el contrabando. La eficiencia de esos países no es mayor (no tienen más productividad por hectárea) pero sus costos son sensiblemente menores (de aranceles en los insumos, de combustibles, de mano de obra, etc.).

El (o los) TLC aportará nuevas condiciones aún no digeridas: 1) Las grandes superficies (tipo Éxito) y otros eventuales actores entrarán a competir puesto que podrán importar arroz blanco y no depender de los molinos; 2) En el Trader que maneja el diferencial de precios interno y externo la parte colombiana quedó en manos de Fedearroz; o sea que representa al mismo tiempo la competencia de la producción nacional.

El sector ha sufrido y sufre la crisis más grande por lo que se ha conocido como ‘la bacteria’. Aún no se sabe exactamente qué la causa o cómo se complementa con otros males (en particular el cambio climático) pero en los dos últimos años la productividad por hectárea ha disminuido en promedio en el país en cerca del 30% (afectando a todas las regiones aunque con mayor impacto en unas que en otras).

Las medidas tomadas por el gobierno las basa en un faltante estimado del orden de 250.000, y asumió que lo mejor es adelantarse a subsanarlo; con los tratados internacionales se compensaría ese déficit y al mismo tiempo la importación debería bajar el precio al consumidor. Entre las acciones se aprobó la importación de 90.000 toneladas de la CAN, las 79.000 de las subastas del TLC correspondientes a 2012, y se adelantaron las subastas del 2013 comenzándolas en Febrero.

Quienes entran en la subasta de los permisos de importación son los mismos que fijan el precio al productor; luego su interés los lleva a que el precio que ofrecen internamente no es para abastecerse del producto nacional sino para usarlo de referencia en el valor del diferencial que pagan por la importación; no solo desaparece la necesidad de comprar localmente, sino sus recursos se destinan anticipadamente a la importación.

El caso es que a la caída de la producción se agrega que el precio que recibe el agricultor cayó en un 30%. Los molinos importadores se llenaron de inventarios adelantados, afectando las expectativas de compra en la cosecha que entra. Y como los costos en la cadena subieron paralelamente al precio del paddy disparado por la ‘bacteria’ pero no bajaron con su caída, ese desfase hace que cualquier resultado sea negativo (pérdida) en el cultivo (aún quienes son dueños de las tierras y de la maquinaria no alcanzarían a producir utilidades).

El resultado de este modelo de intervenciones improvisadas y casuísticas del Estado sin proyecto de mediano o largo plazo es que el consumidor tiene el arroz más caro del hemisferio mientras todo parece converger hacia acabar con el productor.

6 de febrero de 2013.


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