Primera consulta popular sobre una explotación minera

Por Fabio Arenas Jaimes / El Tiempo  

El municipio de Piedras (Tolima), a 50 kilómetros de Ibagué, está listo para celebrar la primera consulta popular que realiza una población colombiana con el fin de decidir si quiere o no que se desarrollen proyectos de explotación minera en su territorio, en especial, el que pretende realizar la multinacional AngloGold Ashanti.

Desde que se conoció la intención de esa empresa de desarrollar su actividad en la zona, en el pueblo ha habido tal revuelo que las autoridades municipales optaron por acudir a la consulta ciudadana para dirimir el asunto.

“El pueblo decidirá si quiere agua para lavar el oro de AngloGold o la prefiere para consumo humano y actividades agrícolas”, afirmó Luis Eduardo Tafur, campesino de Piedras, de 80 años.

En 20 días se realizará la votación en la que 5.400 personas del censo electoral están habilitadas para contestar sí o no. La constitucionalidad de la pregunta fue examinada por el Tribunal Administrativo del Tolima, que la consideró ajustada a la ley, pero, para que sea de obligatorio cumplimiento, deberá participar la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo y que una de las dos opciones saque la mitad más uno de los votos válidos.

Quienes se oponen al proyecto minero argumentan que la mayor riqueza de Piedras es el agua de sus quebradas Camao y Doima, así como el río Opia. A finales de mayo, la Corporación Autónoma Regional del Tolima le ordenó a AngloGold suspender definitivamente las labores de exploración por “desconocer las normas mínimas en materia de trámite de permisos que ordena el Código de los Recursos Naturales para esta actividad”.

La empresa solicitó la revocatoria de esa resolución, argumentando que nunca se ha infringido la ley, que las autoridades siempre han estado al tanto del proyecto y que la medida se justifica en suposiciones y no en hechos. AngloGold aún está en una etapa de estudios para definir si el proyecto es o no viable y bajo qué tipo de mina.

Para el director del Centro de Estudios Jurídicos Derecho Justo, Juan Carlos Lancheros, el resultado de la consulta es obligatorio para las autoridades locales; para el Concejo, porque tendría que expedir acuerdos para que se cumpla el mandato del pueblo en una fecha no menor a 60 días, y para el Alcalde, en el caso de que los ediles no tomen una decisión.

“Los títulos mineros los está dando el Gobierno y si bien no estaría obligado a cumplir directamente el mandato de los pobladores, sí se vería en un aprieto, pues no sería políticamente correcto desconocer un pronunciamiento hecho por un significativo número de ciudadanos, mediante una vía constitucional como esta”, comentó el abogado. Según Lancheros, se podría presentar un choque entre las autoridades locales, obligadas a cumplir con el mandato popular y el Gobierno, que podría otorgar la licencia.

El Tiempo, Bogotá,.