Privatización de activos productivos

Por José Arlex Arias Arias  

El debate es ideológico, pero también de sentido común; pragmático, dicen ahora. De una parte, los que opinan que el Estado debe ser débil, sin injerencia en el suministro de derechos fundamentales y en el desarrollo de productos, bienes y servicios que subsidien a la población;

alegan que las billonarias utilidades del sector privado son bienestar social para los demás, pero piden todo tipo de garantías, desde la exoneración de impuestos y mano de obra barata hasta gabelas en concesiones. Los otros, son del criterio de un Estado interventor, que le garantice a la población como mínimo el acceso a sus derechos fundamentales.

El segundo grupo no le tiene urticaria al sector privado, menos a las iniciativas que desarrollen proyectos capitalistas; pregonan que esa producción capitalista con los ejes de máxima ganancia y acumulación, deben propender por una mayor distribución de la riqueza. Por eso invocan el papel fundamental del Estado, su razón de ser: salud, educación, seguridad social, crédito oportuno, barato y suficiente, sectores estratégicos como agua, luz, teléfono, gas, alcantarillado, recursos no renovables, entre otros, deben ser administrados directamente por ese Estado eficiente para que las utilidades subsidien a la población y equilibren las oportunidades.   

Esta discusión viene desde finales de 1989 cuando el gobierno nacional adoptó el Consenso de Washington. Comenzaron las tácticas para desprenderse de activos productivos –no de los improductivos como aconsejan los empresarios- de la Nación, conllevando a su “despatrimonialización”; bienes que le generaban billonarios recursos al erario, le han creado inmensas fortunas a multinacionales –extranjeras y locales– y a unos cuantos ricos que incluso ya tienen sus capitales fuera del país. Cayeron en sus alforjas: la salud y la educación, y empresas de servicios públicos –la sola EPM, a la cual le han hecho varios enviones por privatizar, produce al año cerca de $1 billón– en sectores como: agua, alcantarillado, luz, teléfono y gas, además de carreteras, ríos, minas, petróleo, playas, puertos, carrileras, etc., en un rosario interminable de activos que hoy son la felicidad de unos cuantos y la miseria de todos los demás.

La mixta petrolera Ecopetrol –otrora nacional hasta cuando Uribe comenzó a venderla, proceso continuado por Santos– reportó que el tercer trimestre de 2013 “fue el mejor de los últimos seis en términos financieros. Las utilidades netas subieron 22,4% para alcanzar $3,97 billones. Las ventas totales crecieron 14% llegando a $16,2 billones. Las exportaciones de Ecopetrol crecieron en 15% al pasar de $8 billones a $9,3 en el periodo analizado. En volumen, creció 9.3% al pasar de 495 mil barriles por día a 541 mil barriles”. Otra empresa como Isagen registró para el cierre del tercer trimestre del año, ingresos operacionales por $1,4 billones, es decir, 19% más que los obtenidos en el mismo periodo del año pasado. La utilidad neta en el trimestre fue de $93.677 millones, para un total acumulado durante 2013 de $314.422 millones.

En el período 2008 a 2012, Ecopetrol obtuvo utilidades netas cercanas a $55.5 billones,  mientras que Isagen  sumó excedentes netos por $1,99 billones; estas utilidades las comparte el Estado con accionistas privados. ¿No sería más democrático que el Estado retomara el control de estas empresas y que sus utilidades llegaran a todos los colombianos? ¡Los empresarios venden es activos improductivos! 

arlexariasarias@hotmail.com

Cartagena, 12 de noviembre de 2013.