Reelección: un tóxico para la democracia

Por Clara López Obregón  

En el 2004 se introdujo la figura de la reelección presidencial inmediata en Colombia. Esta permite que quienes hayan ejercido la Presidencia de la República puedan permanecer en su cargo durante un segundo período, si son reelegidos por voto popular.

En las condiciones concretas de Colombia, la reelección presidencial ha resultado ser un tóxico para la democracia. La Constitución de 1991 buscó, con éxito limitado, diseñar una institucionalidad que frenara el excesivo presidencialismo, abriera las compuertas a la participación ciudadana y al pluralismo político y devolviera autonomía y recursos a las regiones. Pudo más la tradición centralista y la cultura excluyente heredada del Frente Nacional que la naciente intencionalidad de apertura democrática de la nueva arquitectura constitucional.

Con contrarreformas y omisiones del legislador (van más de 35 actos legislativos reformatorios de la Constitución en sus 22 años de vigencia) las mayorías gobernantes recentralizaron los recursos de las entidades territoriales, tanto del sistema general de participaciones como de las regalías; convirtieron a la autónoma Comisión Nacional de Televisión en una agencia gubernamental, excluyeron a las minorías opositoras e independientes del Consejo Nacional Electoral y se abstuvieron de tramitar las distintas iniciativas orientadas a expedir el estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición, ordenado en el artículo 112 de la Carta.

En este contexto de erosión de los fundamentos de apertura democrática de la naciente constitución y antes de que se permeara el Estado de su nuevo mandato de inclusión, se introdujo el ‘articulito’ de la reelección presidencial. Sin la necesaria adecuación de una estructura institucional diseñada para periodos de cuatro años, se produjeron nuevos desequilibrios, especialmente en lo relacionado con la nociva proyección sobre las demás ramas del poder público de la incidencia del Presidente en la nominación de los integrantes de otros órganos del poder público, como la junta directiva del Banco de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación o la Corte Constitucional. En estas condiciones, toda la estructura del Estado: el Congreso dominado por las mayorías oficialistas del llamado ‘partido del presupuesto’ y los órganos de control terminan en manos y en función de los designios presidenciales.

En estas condiciones de concentración y centralización del poder y de debilidad de controles, se generaron incentivos perversos que convierten el ejercicio de gobierno, no en un esfuerzo concentrado para cumplir el programa y exhibir resultados, sino en una estrategia orientada a conseguir la reelección del primer mandatario. Se empiezan a recorrer los caminos del ‘todo vale’, se golpea desde el Gobierno a la oposición y se manipula la información oficial, todo ello con efectos corrosivos sobre la deliberación pública que debería adelantarse en transparencia democrática. La reelección en Colombia es, entonces, una invitación a ‘repetir mermelada’ y a reducir a la oposición, lo que la convierte en un verdadero tóxico para la democracia.

El Tiempo, Bogotá, 20 de noviembre de 2013.