Reforma a la Justicia: locomotora de la impunidad

Por Pedro Santana Rodríguez  

Esta frase afortunada fue pronunciada por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, el pasado jueves 21 de junio, apenas unas horas después que el Congreso de la República aprobara la llamada, pomposamente, como Reforma a la Justicia que concretaba de esta manera la cuenta de cobro en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que en el año 2006 había iniciado un proceso de investigación sobre las relaciones de políticos con las agrupaciones armadas ilegales y principalmente con los grupos paramilitares que durante decenas de años habían infringido de manera cruel las más elementales normas de respeto por los Derechos Humanos. Estos criminales, quizás los peores que haya tenido en toda su historia este país, contaban con el 35% del Congreso de la República según confesión de uno de sus criminales jefes, Salvatore Mancuso. Esta infiltración o reproducción cooptada del Estado había abarcado no sólo al Congreso de la República sino por lo menos a 12 gobernaciones departamentales y a más de 250 gobiernos municipales; había puesto a su servicio al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Policía política, política del Gobierno, que dependía directamente de la Presidencia de la República, al punto tal que según confesión de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna y del propio Salvatore Mancuso, el jefe del Bloque norte de las Autodefensas Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, los reunió para informarles que el DAS ahora estaba a su servicio. Por estos hechos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión al ex director de esta dependencia Jorge Noguera Cote. También a varios funcionarios de alto nivel y actualmente sigue juicio a José Miguel Narváez el subdirector de dicha entidad.

Pero, esta infiltración mafiosa no se detuvo en estos organismos sino que penetró profundamente también a la Dirección Nacional de Estupefacientes que prácticamente operaba como una entidad que devolvía los bienes incautados por las autoridades a través de testaferros a los mafiosos que fungían como sus legítimos dueños y que otorgaba su administración a por los menos una decena de congresistas que se encuentran en indagación preliminar en la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La penetración en el notariado y registro era evidente para legalizar las tierras expropiadas violentamente a los millones de desplazados; también penetraron profundamente a la Fiscalía General de la Nación sobre todo bajo el período de Luis Camilo Osorio a quien se sigue una investigación en la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes, pero que continuó durante los mandatos de Mario Iguarán Arana y de Vivian Morales quienes no depuraron a esta institución. Muchas dependencias regionales como las del Valle del Cauca y Antioquia se pusieron al servicio de los narcotraficantes, corruptos y paramilitares; también infiltraron a la rama judicial del poder público y hasta entidades como universidades privadas y públicas del país.

Pues bien, contra esta masiva infiltración y reproducción cooptada del Estado se levantó en el año 2006 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que fue desentrañando los hilos que relacionaban esa infiltración directamente con los más altos niveles del poder público tanto en el nivel nacional en dónde las investigaciones por parapolítica y por las interceptaciones ilegales han comprometido a Bernardo Moreno, secretario General de la Presidencia bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) hoy detenido y en juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ahora la justicia norteamericana en un reciente indictmen o resolución de acusación se ha vinculado al general (r) Mauricio Santoyo, jefe de seguridad del mismo presidente Uribe por narcotráfico y por entregar información reservada a los mafiosos. Santoyo, quien había sido sancionado por la Procuraduría bajo el mando de Edgardo Maya Villazón por más de 1800 interceptaciones ilegales cuando éste fungía como director del Gaula de la Policía en la ciudad de Medellín. Allí fueron asesinados dos miembros de la Asociación de Desaparecidos, Asfades, en circunstancias extrañas y cuyos asesinatos siempre se han relacionado con el general Santoyo y sus interceptaciones ilegales. Pero, esa infiltración también se dio en los niveles municipales y departamentales, lo que pasa es que la mayor parte de esas investigaciones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación no han avanzado. Apenas ahora y con notable retraso, avanzan las investigaciones sobre todo en la Costa Norte del país por los pactos de la mayor parte de la clase política con los grupos comandados por Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y Hernán Giraldo por los llamados pactos de Chivolo y Pivijay. Pero, esos pactos se dieron en otras regiones del país como el de San Pedro Antioquia, en los Llanos Orientales, etc. Pues bien, la llamada pomposamente Reforma a la Justicia desde un comienzo, como lo señalamos en estas mismas páginas en innumerables artículos y análisis, buscó favorecer a la clase política y eso fue acordado con Santos y está desde el comienzo del texto de la Reforma a la Justicia. Allí se contemplaban medidas como la supresión de las funciones de investigación en contra de los parlamentarios que actualmente tiene la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, muchas alternativas se consideraron por ejemplo, que fuera la Fiscalía la que investigara, que fuera una Comisión adscrita formalmente a la Corte, que fuera una Sala especial, en fin… todo tipo de fórmulas se ventilaron pues si algo tuvo este engendro de reforma, fue su improvisación y en esa improvisación estuvieron seriamente comprometidos los ministros Germán Vargas Lleras y más recientemente Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Ahora no pueden venir a decirnos que no estaban advertidos. La coalición ciudadana constituida para hacer seguimiento a la Reforma y de la cual toma parte la Corporación Viva la Ciudadanía, lo advirtió en innumerables textos entregados al Gobierno, en Audiencias Públicas celebradas con los congresistas y últimamente dirigió una carta al presidente Juan Manuel Santos, pidiéndole una reunión para expresarle que esta reforma era la terminación de los procesos de la parapolítica, que prácticamente acababa con la sanción de pérdida de investidura, que no se sabía qué iba a pasar con los 103 procesos penales pendientes en la Sala Penal de la Corte ni con los 28 procesos de pérdida de investidura que se encuentran en el Consejo de Estado; que en la Constitución, léase bien, se consagraba la intimidación contra los ciudadanos honestos que se atrevieran a denunciar las alianzas de los congresistas con el crimen, que deberían hacer presentación personal y si perdían en el proceso debían pagar por los costos de ése mismo proceso, que prohibía a los jueces iniciar investigaciones originadas en anónimos cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el 90% de las investigaciones de la parapolítica tuvieron origen en anónimos. También señalamos que la reforma atentaba contra la independencia judicial y que técnicamente el organismo directivo conformado por los presidentes de las altas Cortes y otros delegados no garantizaba el tiempo suficiente que requiere la suprema dirección administrativa del poder judicial, en fin, advertimos todo esto y hasta hoy la Coalición Ciudadana en Defensa de la Constitución de 1991 no ha obtenido respuesta del señor presidente Santos.

En la última fase de la reforma los apetitos revanchistas de los congresistas en contra de la rama judicial se exacerbaron y aumentaron aún en presencia del señor Ministro de Justicia que de manera bobalicona repetía que la reforma era buena, que no era perfecta, pero que era lo que el país requería en materia judicial. El ministro Esguerra tiene responsabilidad política en la aprobación de este esperpento y no puede alegar ahora que el proyecto se daño en la fase de conciliación, que se descarriló cuando lo sacaron de la Comisión de Conciliación conformada de manera amañada por los presidentes de Cámara: Simón Gaviria Muñoz que excluyó a ponentes como Alfonso Prada, Guillermo Rivera, Germán Navas, entre otros, que tenían reparos a los textos aprobados. También cabe responsabilidad al presidente del Senado Juan Manuel Corzo, quien también excluyó a conocidos opositores como Juan Carlos Vélez y a Luis Fernando Velasco. Lo que pasó es que el Congreso convencido que tenía bajo control al Gobierno avanzó aún más en la locomotora de la impunidad aumentando la dimensión de la misma con algunos vagones adicionales: acabó, prácticamente, con el régimen de inhabilidades contemplado en la Carta Política de 1991, levantó la muerte política para los condenados por parapolítica que una vez cumplidas sus sanciones penales podrían volver a presentarse a elección de cargos que se proveen por voto popular; concedió libertad inmediata a los congresistas presos y a los altos funcionarios investigados. El oportunista abogado Jaime Granados inmediatamente solicitó que se debía suspender el juicio a Bernardo Moreno en la Sala Penal de la Corte pues esta ya no era competente y que debería darse inmediata libertad a su cliente, quizás este oportunista abogado encargado de la defensa de los corruptos más encumbrados del país ayudó, pues, puso al desnudo a los beneficiarios verdaderos de la Reforma: los corruptos de cuello blanco y los políticos aliados con la criminalidad. También contribuyó el magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, que en un acto que lo enaltece como magistrado con dignidad y en rechazo a la reforma, señaló que renunciaba a la ampliación del período aprobado en la Reforma. Todo ello motivó un gran movimiento en las redes sociales que abrieron sitios para combatir la contrarreforma y el anuncio de algunas organizaciones que pondrían en marcha un referendo derogatorio de este Acto Legislativo bien llamado Locomotora de la Impunidad para mostrar que el Gobierno de Santos, no sólo tiene las cinco contempladas en el Plan de Desarrollo sino una sexta, la de la impunidad.

Son estos hechos los que motivaron al presidente de la República Juan Manuel Santos a que en una alocución presidencial de última hora, señalara su objeción a la reforma y anunciara que la devolvería al Congreso por inconstitucional e inconveniencia nacional. Por ahora es un triunfo parcial de quienes combatimos este esperpento de impunidad, pero el monstruo sigue vivo pues los congresistas que se aliaron y conspiraron para aprobarlo son amplia mayoría en el Congreso y además son los barones electorales de un Presidente de la República en tránsito de reelección.

Semanario virtual Caja de Herramientas, junio 22 de 2012.