Reforma santista al sistema de salud: que todo cambie para que todo siga igual

Por Juan Ahumada Farietta  

La suma de muchas tragedias llevó a que la opinión pública identificara a las EPS como el personaje perverso de la tragedia. Se sumaron, durante dos décadas, las quejas puntuales de miles de pacientes, que obligaron a los medios a mencionarlas; la quiebra de hospitales y clínicas históricamente reconocidas,  y las violaciones descaradas de la ley por parte de los intermediarios financieros, para dar lugar al clamor por una urgente reforma del sistema.

Agotada la imagen pública de las EPS, Santos y su Unidad Nacional, presentaron el proyecto de ley 248 de 2013, que a empellones es adelantado en el Congreso y que, por estos días, transita por la etapa de conciliación, con la certeza de que será aprobado finalmente, así como van las cosas, por abrumadora mayoría.

Algunos sectores sociales, enfatizando su interés particular, lo apoyarán o, por lo menos, guardarán discreto silencio. Hábilmente, se han introducido los compromisos de que el gobierno central responderá por los pasivos pensionales anteriores a la aprobación de la ley 100, y se pagarán a los prestadores directos de servicios de salud las deudas acumuladas de las EPS,  necesidades acuciantes que, por cierto, cuya solución poco o nada tienen que ver con la reforma del sistema de salud. Además, eventualmente se eliminará el concurso para elegir directores de Hospitales y se le girarán recursos directos a los municipios, medidas todas que dejan alegrías parciales y temporales.

Aprovechando que el grueso de los quejosos, para no decir víctimas, del actual sistema de salud, centran sus quejas en las secuelas que sufren pacientes, trabajadores de la salud y entidades prestadoras de los servicios de salud, pero pocos apuntan su crítica a las causas estructurales de la crisis, Santos y su pandilla dejan incólume el actual sistema de intermediación o aseguramiento, inclusive mejorando el negocio de los intermediarios financieros, ahora pomposamente bautizados Gestores de Servicios de Salud GSS. Vemos:

En los mecanismos de financiamiento, sigue omnipresente el llamado “aseguramiento”, con sus siamés, el “riesgo” cuando se trata de las GSS. Mucha distancia hay entre la función de administrar y la función de asegurar. Administrar, como función contratada, consiste en que a una persona se le encomienda manejar unos bienes, hacer gastos, recaudar recursos y demás funciones relacionadas, para que, al final del ejercicio, devuelva íntegramente lo administrado, al propietario, y pueda cobrar por su función una cifra previamente pactada. En cambio, si se trata de aseguramiento, el empresario cobra por correr el riesgo de que suceda un evento catastrófico y de no darse éste se quedará con la totalidad de lo pagado por el tomador. Si, por ejemplo, un ciudadano compra un tiquete con su correspondiente seguro de vida, y el vuelo termina bien, la aseguradora se embolsica lo cobrado en su totalidad.

Cuando promovieron la ley 100, vendieron a las EPS como administradoras de los recursos destinados a la salud, pero de hecho actuaron como aseguradoras. Ahora las GSS van a administrar igual, es decir asegurando. El proyecto de la “Manguala Nacional” contempla las mismas formas de pago que rigen en la actualidad, a saber, pago por capitación para el nivel básico, y pago por evento para los niveles especial y especializado.

En la primera forma de pago por capitación, determinada para el nivel básico, la GSS recibe un suma fija por número de afiliados y “negocia” con los urgidos prestadores el monto a pagar por la atención de determinado número de pacientes, quedándose con la diferencia. En esta fórmula el prestador es quien asume los riesgos de epidemias, catástrofes naturales y costos altos por atención a la tercera edad, etcétera.

En la forma de pago por evento, definida para los niveles especial y especializado, la GSS recibe un monto por pacientes atendidos, pero a la prestadora directa se le pagará por cada tratamiento sobre una estructura tarifaria basada en promedios nacionales, que, por consiguiente, dejan en desventaja a los prestadores pequeños y a los ubicados en zonas lejanas, que tienen costos fijos más altos. La diferencia se la queda la GSS. No faltarán por supuesto las glosas, los obstáculos, las demoras y demás mecanismos que reducen los costos del tratamiento, todo lo cual aumentará la ganancia del “gestor”. Poco importa que los recursos sean recaudados por un fondo único nacional, porque al final de cuentas, la GSS se apropiara de la diferencia y procurará que sea lo más alta posible. Todo se corona con la restricción paralela que se le hace a la Acción de Tutela.

Para colmo de males, la reforma santista le da a la GSS el monopolio sobre una región, exclusividad que les permitirá someter a prestadores públicos y privados, especialistas, laboratorios, servicios de ambulancia y otros, escogiendo inclusive a cuál arruina. De contera, se mantendrá el derecho del intermediario, de verticalizar servicios en un 30%, es decir, de montar y monopolizar directamente como negocio la prestación de los servicios más rentables.

La habilidosa presentación del gobierno busca neutralizar a varios sectores, satisfaciendo dos o tres necesidades puntuales, para evitar una reacción análoga a la que produjo la afortunadamente malograda reforma a la Justicia. Si se aprueba la reforma, tal cual, pasarán cinco o diez años para que la opinión pública se dé cuenta que todo cambió para que todo siguiera igual. Hagamos un esfuerzo para apartar los velos y lograr que una multitud hunda el modelo de aseguramiento.