Reforma tributaria y privatización

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

Desde el primer momento por diferentes medios señalé que la reforma tributaria estaba orientada a reducir los impuestos al capital y a subir los del trabajo. Así lo confirman las cifras de retención en la fuente expedidas por el mismo Gobierno y la decisión de vender la participación

estatal en Isagén.

La reforma tributaria bajó la tarifa para las personas jurídicas de 35% a 25%, redujo los parafiscales en 13% y estableció el impuesto a las utilidades (CREE). Por otra parte, elevó los gravámenes de las rentas del trabajo por la vía de la reducción de las exenciones tributarias y el pago mínimo presuntivo a la renta (IMAN).

La información recolectada de las retenciones establecidas por el Gobierno clarifica los efectos de la reforma. En general se encuentra que las empresas pagarán retenciones en la fuente cerca de 3% del ingreso en el presente y menos en el próximo año. En contraste, las personas naturales con rentas superiores a cinco millones de pesos sufragarán retenciones por encima de 6% y hasta 20% del ingreso.

Por lo demás, los recaudos tributarios por concepto del CREE evolucionan muy por debajo de lo presupuestado y no alcanzarán a compensar la disminución de los parafiscales. Así las cosas, la reforma ha resultado mucho más inequitativa de lo que parecía en los anuncios iniciales. Los impuestos al capital se redujeron en forma excesiva.

Lo grave es que el Gobierno pretende remediar la insuficiencia tributaria con la privatización de Isagén. En efecto, anunció la venta de su participación de 58% en la empresa y la justifica como una forma de financiar el programa de carreteras. Así, la empresa más eficiente del sector público se entrega a los consorcios para que la exploten y la administren. El desacierto queda al descubierto con unas pocas cifras. En este momento la empresa opera con ingresos operacionales de $1,3 billones y utilidades antes de amortización y depreciación de $700 mil millones anuales.

No hay ninguna posibilidad de que la venta de la participación del Estado en la empresa, estimada en $4,5 billones, genere en la actividad de carreteras los ingresos fiscales de $400 mil millones anuales que percibe en la actualidad. La mayor parte de los beneficios de la inversión quedaría en los dueños de los carros particulares, las empresas que reducirían los gastos de transporte, los sobrecostos que difícilmente van a ser inferiores a 50% y la corrupción. En los estudios se muestra que los beneficios en este tipo de inversión llegan en menos de la tercera parte al 50% más pobre de la población.

Ciertamente, los gobiernos tienen que contribuir a la construcción de carreteras por tratarse de un bien público que el sector privado no está dispuesto a realizar por su propia cuenta. Lo que no está bien es que lo realice a expensas del patrimonio nacional. El camino no puede ser otro que el de los gravámenes al capital y el endeudamiento.

Estamos ante la acumulación de equivocaciones. La revaluación que viene de atrás, la baja de aranceles y la proliferación de TLC tienen a las empresas industriales y agrícolas al borde de la quiebra; en la mayoría de los sectores los precios nacionales superan los internacionales. En vez de corregir el daño donde se causa, se pretendió remediarlo con una baja excesiva de los impuestos al capital y ahora con obras civiles financiadas con privatizaciones. Es el típico manejo de la economía con los instrumentos inadecuados. Lamentablemente, el expediente no logrará contrarrestar las enormes diferencias de competitividad con los socios, y en su lugar, acentuará la iniquidad fiscal y deprimirá la demanda doméstica.

El Espectador, Bogotá, 4 de agosto de 2013.