Represión brutal del gobierno santista contra los habitantes de la Boquilla por atreverse a defender sus derechos ante los atropellos del Consorcio Vía al Mar, el cual quiere construir sin la consulta previa que legalmente se debe hacer y dejando sin techo a decenas de familias humildes, todo con el fin de hacerse a una concesión que le permitirá cobrar peaje por treinta años.