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Ricardo Villa Salcedo: dos décadas de impunidad

Por Ricardo Villa Sánchez  

Cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa. Arthur Schopenhauer

Demencia, en términos psicológicos es el deterioro o la pérdida gradual de la memoria. Si fuese así en nuestra sociedad, las contradicciones históricas de la experiencia vivida, (Wexler),

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Por Ricardo Villa Sánchez  

Cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa. Arthur Schopenhauer

Demencia, en términos psicológicos es el deterioro o la pérdida gradual de la memoria. Si fuese así en nuestra sociedad, las contradicciones históricas de la experiencia vivida, (Wexler), podrían llevar a algunos a afirmar que Colombia es un país sin memoria histórica, luego es un país demente. Sin embargo, ese enunciado, podría ser falseado en vista de que representaría hablar, en términos generales, de que la mayoría de los actos de barbarie que han ocurrido acá, se justificarían por la incapacidad mental de un país visto como un cuerpo y no en su diversidad, multiculturalidad, en sus varias naciones, en su bien y en su mal.

Desde ese punto de vista, la tesis que se ha argumentado, entre quienes luchan por la verdad, la justicia, la garantía de no repetición y la reparación integral de las víctimas de la violencia, implica sostener que para beneficio de un sector hegemónico, se ha intentado elaborar, con frialdad, una tesis de la historia de la violencia en Colombia, dictada, como siempre, por los vencedores; la que, entre muchas otras aristas, se orienta a evadir la responsabilidad de ese poder mafioso en el espiral de crímenes atroces, en los que, se dice, han participado, permitido o colaborado agentes del Estado, la élite dominante, las empresas, las trasnacionales y los grandes capitales con actividad en nuestro país, y que, entre otros asuntos, ha permitido la ocupación, el despojo de la tierra, el desplazamiento forzado y el genocidio político, así como la sistemática exclusión de otras miradas políticas, través de su estigmatización mediática y de la eliminación física y social como fuerzas opositoras.

Allí, en este punto, y ojala no hubiese sido así, podemos encontrar la historia del magnicidio de mi padre: RICARDO VILLA SALCEDO, quien fue un reconocido abogado penalista defensor de derechos humanos, de sindicalistas y de presos políticos; militante de la izquierda democrática, periodista, activista social, líder estudiantil en su época de mochilero y tirapiedras en la Universidad Nacional, fundador de numerosos colectivos y grupos políticos como el Movimiento Testimonio en la ciudad blanca o, entre otros de Firmes; dirigente político del Partido Liberal y luego de la AD M-19, periplo en el cual ocupó curules como Concejal de Santa Marta, Diputado del Departamento del Magdalena y en sus últimos años como Senador de la República; en su lapso de periodismo y militancia radical participó en la Consejo de Redacción y en la dirección política de la Revista Alternativa; como miembro del Comité de Solidaridad con los presos políticos, en la investigación del Libro Negro de la Represión Frente Nacional 1958-1974; como parlamentario se recuerdan sus debates sobre los desaparecidos, la posibilidad de diálogos de paz que lo llevó a participar en la propuesta de una metodología para la paz y la reconciliación con el CINEP así como la famosa propuesta, durante el Gobierno de Virgilio Barco, titulada Plan de Lucha Contra la Pobreza Absoluta y para la Generación de Empleo, que fue aprobada en el capitolio nacional y publicada por el Congreso de la República en 1987; también que junto a Olga Behar sacaron a la luz pública la obra Penumbra en el Capitolio que con el tiempo se ha constituido en libro de obligada consulta para quienes intentan conocer la raíz de la deslegitimidad del Congreso de la República. Y esto es sólo un pobre resumen de esa relación casi erótica y de mucha sensibilidad social que siempre mantuvo mi padre con la política, la realidad nacional y la lucha por la equitativa redistribución de la riqueza en Colombia que pasa por la reivindicación de la cuestión agraria, del problema de la tierra, una de las raíces del conflicto armado.

Quizá por todo ello, entre otras circunstancias, por su servicio a la comunidad y valor civil, por su carisma y liderazgo, por su consciencia crítica y libre pensamiento, por su enérgica y maratónica travesía en la lucha por las garantías ciudadanas, por las reivindicaciones civiles y sociales, por los derechos fundamentales, por la democracia, por la tierra en el Caribe colombiano; por el avance de su mensaje crítico y transformador que articulaba amplios sectores sociales y comunitarios en la región, que ya se constituía en una amenaza para la clase emergente y la política tradicional del departamento del Magdalena, fue asesinado por las fuerzas oscuras de este país el 23 de diciembre de 1992, un día antes de la navidad.

Este 23 de diciembre de 2012 mi viejo cumple dos décadas en el más allá y su muerte en Colombia, oficialmente se  encuentra en la más completa impunidad, así sea un secreto a voces de que fue acaecida a manos del incipiente narco-paramilitarismo en el Magdalena que, como bien lo ha dicho Iván Cepeda Castro en sus debates sobre el despojo de la tierra en Colombia en las últimas décadas que le escuchó a alias Pitirri, primero iban matando, después comprando y luego legalizando.

Después de casi dos décadas de la tragedia del homicidio selectivo de mi padre, a pesar de que el jefe paramilitar Hernán Giraldo en audiencia pública en Barranquilla un par de años antes de su extradición, dentro del marco de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, afirmó conocer información sobre los autores mediatos y sobre el plan para asesinarlo, es más hasta señaló a uno de los supuestos autores con nombre propio, aquel poderoso y temido “negociante”, (comillas fuera de texto) como lo describen en el artículo Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena, en la obra de la Corporación Nuevo Arco Iris[Parapolítica la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, 2007], miembro de una zaga mafiosa que llegó a controlar a finales del siglo pasado el poder político tanto en el departamento del Magdalena como en el del Cesar y hasta tuvo participación en el de la Guajira, volviendo a unir, qué paradoja, al llamado Magdalena Grande para su perversa ambición de lucro familiar.

Sin embargo, por tacar a dos bandos, sin que sea motivo de alegría ni de respiro aunque por eso la mayoría de libros sagrados dicen que quien a hierro mata a hierro muere, en las muchas luchas intestinas de la mafia, este oscuro personaje cayó asesinado y, por tanto, contra él se extinguiría en términos jurídicos la acción penal más no contra sus auspiciadores y aliados políticos, quizás enmarcándose en una estrategia que ha sido normalmente usada por los jefes narcoparamilitares de incriminar a personas fallecidas con el fin de eludir su participación, como si su incidencia como “autoridad” irregular en determinados territorios, permitiera que se moviera una hoja en el bajo mundo sin que ellos supieran u orientaran su camino.

Hoy, no queda sino pensar en que a pesar de dedicarle él con pasión, racionalidad y sensibilidad su vida, su tiempo, su trabajo a la política, muchas veces dejando a un lado otros aspectos que también enriquecen el alma como la familia, el arte, la literatura, qué lástima que en este país se le deniegue la justicia a las víctimas frente a un daño a todas luces inaceptable y un vacío muy hondo en nuestros corazones. Qué vergüenza siente uno con esta sociedad en que la dignidad de los caídos se vilipendia a cada rato y se justifican viles asesinatos con frases como “algo habrán hecho” o “quizás fueron guerrilleros”, como si se merecieran su suerte, tantos amigos y compañeros de luchas políticas y sociales que en un proceso sistemático de implantar una nueva historia, acribillaron en esa época aciaga, como a Zully Codina, Adalberto Pertúz,  Marcos Sánchez, Alfredo Correa de Andreis, Julio Henríquez y, discúlpenme si se me escapan otros quijotes samarios que junto con mi padre, siempre creyeron en un mundo mejor y quisieron, como diría Neruda,  construirlo aportando lo suyo con sacrificio y alegría, porque tanto han sufrido nuestros pueblos que muy poco les habremos dado, cuando les hayamos dado todo.  

A veces uno siente el peso de los años y también de la desigualdad, cuando a líderes que denominan “casos emblemáticos”, los declaran en “honor a la verdad”,  como un crimen de lesa humanidad, así como lo han hecho con sonados casos como el de Luis Carlos Galán, Don Guillermo Cano, el de las víctimas del Palacio de Justicia o el genocidio político de la UP, mientras que en el caso de nuestro Padre y líder social y político caribe, sentipensante, hombre icotea como diría su maestro Orlando Fals Borda, nostálgico, soñador, valiente o verraco como diría él,  no se han iniciado nuevas investigaciones y este execrable magnicidio aún se encuentra en la más oscura impunidad.

Mi padre junto a sus amigos, simpatizantes y seguidores que conformaron el movimiento Alternativa Democrática, (nombre que luego sin tener ninguna relación de tiempo o programática, fue usado por otro combo progresista encabezado por Carlos Gaviria Díaz en el Congreso de la República), fueron unos cuantos, quizás contados con los dedos de la mano, de aquellos dirigentes políticos costeños que no hubiesen, tan fácil, permitido el secuestro de las instituciones públicas y la captura de la región Caribe por el paramilitarismo y sus financiadores, auspiciadores y aliados políticos que como dijo Claudia López en el lanzamiento de la investigación Y refundaron la patria: en esta región “uno de cada tres políticos, ha tenido nexos con grupos ilegales”.

En ese sentido, es claro que su muerte no sólo fue por intolerancia política sino un proceso de limpieza estratégica que se dio y se sigue dando, en nuestra costa Caribe, para implantar y sostener un nuevo modelo que hoy tiene alto vuelo y se dice ha secuestrado al Estado como lo expone esta mencionada investigación de Claudia López et al, entre otros asuntos, en su monografía anexa sobre el departamento del Magdalena, Luis Jorge Garay en la Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia o Gonzalo Sánchez en sus investigaciones sobre memoria histórica y tantos otros autores que con mucho valor civil han hecho un recuento de la historia de infamias de este país.

Padre ¿qué estarías haciendo ahora? ¿A dónde te habría llevado el río de la vida? ¿cómo estarías de orgulloso de tus cinco nietos y de que a pesar de la adversidad todos tus hijos y tu hija han salido adelante y hasta algunos han seguido la semilla que sembraste en tierra fértil y de que gracias a la vida no han tenido necesidad de viajar al infierno como le tocó a tu amiga María Jimena Duzán, porque sabemos que el infierno y el cielo son acá en la tierra, en las frustraciones, en los anhelos, en los logros, en las reivindicaciones y, más que todo, en la esperanza de que otro mundo sea posible en paz con las garantías de la justicia social, del desarrollo humano progresivo, del respeto y la exigencia de los derechos y libertades fundamentales en un Estado Social y Democrático de Derecho, así como en la profundización de la democracia.

Como casi todos los años, desde hace algún tiempo le hago un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, al Gobierno Nacional, al Relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, a la OEA en su Sistema Interamericano de Justicia, a las ONG’S defensoras de derechos humanos a las que él tanto apoyó, para que avoquen conocimiento de este caso emblemático y se inicien los trámites necesarios para que, aunque sea, teniendo en cuenta los nuevos hechos y circunstancias históricas, se llegue a saber la verdad.

Finalmente, al actual Alcalde Distrital, quien también compartió anhelos y acompañó el proceso político que quedó truncado con la muerte de nuestro Padre, al Gobierno Nacional, al Concejo Distrital, al Centro de Memoria Histórica de la Presidencia de la República, a los Partidos Políticos como el Partido Liberal, El Partido Verde, el Movimiento Progresistas, la Marcha Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, entre otros, como familia y desde la Corporación Ricardo Villa Salcedo, les solicitamos respaldo para que en Santa Marta se promueva  un acto de recuperación de espacios simbólicos, de garantía de no repetición  y de memoria histórica, en el marco del derecho a la verdad, a la reparación integral y a la justicia, que implique cambiar el nombre al Parque Trisesquicentenario porParque de La Reconciliación Ricardo Villa Salcedo, como homenaje a su vida y obra, a su herencia de paz, dialogo social y defensa de los derechos humanos, así como desarrollar un ejercicio investigativo de estudio de caso y relato de su vida, con publicación de sus resultados en el acto público y cultural de relanzamiento del parque, que se integre a una acción previa de desarme, dirigida a recoger armas decomisadas o a promover su entrega  voluntaria para que luego de un concurso de artistas samarios, fundirlas y hacer una obra de arte o escultura en el lugar como símbolo de paz y reconciliación. Ese sería el mejor legado a su vida y obra, y un ejemplo para las actuales y nuevas generaciones de lo que nunca más debe ocurrir en un país civilizado y democrático.

Santa Marta, 21 de diciembre de 2012.

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