Editorial El Espectador  

Hace un mes fue noticia la compra de unas 40.000 hectáreas en Vichada por parte de Riopaila Castilla, uno de los grupos azucareros y agroindustriales más grandes del país.

El senador Jorge Robledo, con toda razón, alertó sobre esta transacción: la ley colombiana contempla que los terrenos baldíos ya adjudicados por el Estado no pueden ser revendidos en extensiones superiores a la Unidad Agrícola Familiar. ¿Con qué fin? Con el de evitar que las tierras sean entregadas a precios irrisorios a grandes capitales.