Salud: tus derechos, mis ingresos

Por Mauricio Cabrera Galvis  

El derecho al acceso a los servicios de salud que consagra el artículo 49 de la Constitución tiene una característica esencial que lo diferencia de otros derechos fundamentales. El ejercicio de este derecho beneficia a los pacientes, pero también genera muy cuantiosos ingresos para terceros, pues los $40 billones de pesos (7% del PIB) que se gastan al año en salud en Colombia terminan en los bolsillos de alguien. Los derechos de unos significan ingresos para otros.

En el caso del ejercicio de otros derechos, como el derecho al trabajo, a la libertad de expresión, a la igualdad de género, a la pensión de vejez o a la reparación de las víctimas y la restitución de tierras, para no citar sino unos cuantos, el beneficio es para quien accede al derecho y no para terceros.

¿Quiénes son los terceros que si se benefician cuando más gente accede a mejores servicios de salud? En el sistema de salud de la Ley 100 la lista es larga: los hospitales y clínicas (IPS), las aseguradoras (EPS), los médicos y enfermeras, los laboratorios y centros de diagnóstico y, por supuesto, las empresas farmacéuticas que venden los medicamentos.

Es evidente que todas estas personas y empresas tienen el derecho a recibir una remuneración justa por los servicios que prestan, pero también es claro que $40 billones son mucha plata que se presta para que se cometan abusos y hasta delitos para tratar de apropiarse de una tajada de ese enorme pastel.

La tragedia de la salud de los colombianos radica en la Corrupción, es decir en la apropiación privada de una parte importante de esos recursos que en lugar de mejorar el servicio se ha desviado al enriquecimiento de unos cuantos. Las EPS son las más criticadas, pero en verdad ninguno de los grupos de actores del sistema de salud está libre de pecado como para tirar la primera piedra.

Los más conocidos son los escandalosos costos de los medicamentos permitidos por la libertad de precios decretada por el presidente del Ubérrimo y la desviación de recursos en algunas EPS; pero también hay casos de abusos en los cobros de algunas IPS y en la formulación de tratamientos innecesarios o suntuarios por parte de algunos médicos.

Además, agentes externos al sistema de salud también se han apropiado de cuantiosos recursos. Los paramilitares convirtieron a las administradoras del régimen subsidiado (ARS) en una de sus fuentes de financiación y muchos políticos clientelistas se han adueñado de los hospitales públicos (ESE) para repartir puestos y beneficiarse de sus contratos.

Parece un dilema sin salida. Si se privatiza la salud y se deja en manos de las fuerzas del mercado va a primar el objetivo de maximizar utilidades, y si la maneja el Estado puede volver a manos de políticos corruptos o grupos ilegales. En ambos casos ninguna plata va a alcanzar y los perjudicados son los pacientes.

La solución está en fortalecer la presencia del Estado en lo que debe ser una de sus funciones principales: la supervisión y el control de todos los actores públicos y privados del sistema de salud.

La reforma en trámite propone algunas medidas para fortalecer la Superintendencia de Salud, pero no son suficientes. Es necesario convertirla en un organismo técnico e independiente como la Superintendencia financiera, que quede blindado de la toma por parte de los políticos, como ya sucedió en el pasado, y dotarla de los recursos técnicos y financieros necesarios para vigilar las más de 12.000 entidades del sector.

3 de noviembre de 2013.