Como consecuencia de la determinación del gobierno de Juan Manuel Santos de tramitar lo que el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo ha denominado la “Ley Urritia-Lizarralde” por la paternidad de la misma, cuyo propósito es el de entregar los baldíos de la nación -patrimonio público– destinados a campesinos sin tierras, a las grandes empresas, nacionales y transnacionales, varios sectores sociales y populares determinaron constituir un Comité promotor contra esta lesiva iniciativa.