Senador Robledo denuncia nuevo intento de Santos de despojar a campesinos de sus tierras y legalizar apropiaciones ilegales de baldíos

En carta dirigida a la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como también a embajadores, directores de medios de comunicación, periodistas, sindicatos y organizaciones agrarias, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo denunció un nuevo intento del gobierno de Juan Manuel Santos de despojar a los campesinos que se han beneficiado de la adjudicación de baldíos y de programas de reforma agraria.

De acuerdo con la misiva, el proyecto del gobierno sobre extranjerización de tierras pretende revivir el contenido de las normas del Plan Nacional de Desarrollo declaradas inconstitucionales porque despojaban a los campesinos de sus tierras. La propuesta también legalizaría apropiaciones ilegales de baldíos, haciendo una interpretación ilegal de las restricciones de la Ley 160 de 1994.

El siguiente es el texto de la carta:

Excelentísima
THERESE MOREL
Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Ref.: Sobre extranjerización de la tierra rural, despojo de derechos campesinos y legalización de ilegalidades

Cordial saludo:

De acuerdo con el proyecto de Ley 164 Senado en trámite, el gobierno quiere seguir con la extranjerización de las tierras rurales y, tras ella, modificar las normas sobre baldíos del Estado, para arrebatarle derechos al campesinado y legalizar apropiaciones ilegales de baldíos. El proyecto, además, resucita el contenido de artículos del Plan Nacional de Desarrollo que modificaban la Ley 160 de 1994 y que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional (análisis del proyecto: http://db.tt/ocA3MHZR).

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se opuso a que el Congreso controlara la extranjerización de las tierras rurales de Colombia, problema sobre el que presentaron sendos proyectos de ley el Polo Democrático Alternativo, el Partido Conservador y el senador Juan Lozano, cuya propuesta, con cambios, aprobó en 2012 la Comisión Quinta del Senado y está para ser votada en la plenaria de la Corporación. Pero a la postre el ministro sorprendió con su propio proyecto de ley, el cual ni siquiera limita el área de la que podrán apropiarse los extranjeros. Y con ese pretexto, siete de trece artículos del proyecto van contra la Ley 160 de 1994, que no tiene nada que ver con la relación entre tierras y extranjeros.

Hoy por hoy, de acuerdo con la Ley 160, que acogió la filosofía de las leyes 135 de 1961 y 30 de 1988, los baldíos solo pueden adjudicarse a pobres del campo y las parcelas no pueden venderse para constituir propiedades mayores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), el área que necesita una familia campesina para ganarse dos salarios mínimos. La misma restricción aplica para fincas originadas en proyectos de reforma agraria. Dichas leyes se inspiraron en la idea de que los campesinos accederían a la tierra a través de los baldíos y, en menor proporción, por planes de reforma agraria, y que las fincas no debían salir de la órbita de la economía campesina. Es a esta concepción a la que le declararon la guerra los artículos 63 y 69 del programa del candidato de Juan Manuel Santos, que señalan como objetivo “el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias” y acabar con la “limitación burocrática” de la UAF.

La conversión de las parcelas campesinas en haciendas de decenas de miles de hectáreas sigue las recomendaciones del en ese entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (http://db.tt/IdhnBYlg). Y el segundo intento de despojo al campesinado en este gobierno no se busca por el cambio de la Ley 160 de 1994, sino mediante su interpretación inconstitucional. Así, los campesinos mantendrán el título de sus predios pero para arrendarlos a largo plazo a los grandes inversionistas extranjeros y nacionales, quienes los convertirán en sus “socios”. La sociedad del pájaro con la fruta madura, decimos en Colombia. Al despojo del pobre se le suma la burla de motejarlo de “socio” del magnate y esas “sociedades” se impulsarán, según el proyecto, con subsidios del gobierno, tan tacaños cuando se trata de respaldar a los campesinos libres, a los que quieren convertir en los siervos del siglo XXI.

El proyecto de Ley 164 de 2012 también busca legalizar ilegalidades en la titulación de los baldíos. Para tal efecto determina una interpretación de la Ley 160 de 1994 contraria al artículo 28 de la Ley 153 de 1887 vigente hoy y, según el cual, desde la Ley 135 de 1961 no pueden sumarse títulos sobre baldíos para establecer propiedades mayores a las de la economía campesina. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, “la interpretación que propone el Ministerio de Agricultura implica, por lo tanto, sustrae del ámbito de aplicación del artículo 72 alrededor de 18,5 millones de hectáreas, es decir, tres cuartas partes de las tierras que hoy se suponen protegidas con las medidas de anti-concentración y pro-desconcentración de la Ley 160 de 1994”.

Lo que se favorece con esta interpretación acomodaticia de la Ley 160 de 1994 es la que podría ser la mayor legalización de apropiaciones ilegales de bienes del Estado en toda la historia de Colombia, dado que son muchas la haciendas constituidas sumando predios que legalmente no pueden sumarse, tal como lo muestran los procesos penales en curso y las denuncias del Superintendente de Notariado y Registro.

El Superintendente Jorge Enrique Vélez “afirmó que en Colombia ‘había una gran capacidad para proceder a robarse los baldíos’ y que dentro de los despojadores más grandes están, entre otros, las Farc, los grupos paramilitares y los bandidos ‘de cuello blanco’. Sobre estos últimos subrayó: ‘Ahí sí que tenemos despojo de tierras, los que llamamos los negociantes de la tierra’. (…) La Superintendencia calcula que el Estado tiene entre 600.000 y 700.000 hectáreas de terrenos baldíos por recuperar”. Como si fuera poco, Jhenifer Mojica, Subgerente de Tierras del Incoder, afirmó: “No sabemos cuáles son los baldíos en Colombia, ni cuánto valen, ni donde están” (http://db.tt/ZQxOZgFk).

Tanta insistencia del gobierno en modificar las normas sobre baldíos –en lo que les tumbó la Corte también se eliminaba que los baldíos solo se les pueden adjudicar a los pobres del campo y permitía pasárselos a los magnates nacionales o extranjeros y en áreas de cualquier tamaño– se fundamenta en dos falacias fáciles de refutar: que los campesinos son incapaces de producir eficientemente y que la gran propiedad equivale a una correcta utilización de la tierra. Porque Colombia tiene uno de los peores índices de concentración del tierra rural del mundo –Gini de .875 (Ibáñez)– y hay 21 millones de hectáreas cultivables subutilizadas. Y sobran los estudios, en el mundo y en Colombia, que muestran la capacidad campesina para generar riqueza satisfactoriamente.

Espero que usted coincida conmigo en que es por lo menos inaceptable el empecinamiento del gobierno en modificar las leyes sobre baldíos en contra de la economía campesina y a favor de unos cuantos magnates nativos y foráneos, con el agravante de la legalización de incontables ilegalidades y sin el debido conocimiento y debate público, todo en medio de tal ignorancia del Estado sobre lo que ocurre que aun si se quisiera legislar con el propósito de acertar, ello no sería posible. ¿Será mucho pedirle al presidente Juan Manuel Santos que no se legisle a este respecto sin que se conozca la realidad de los baldíos y el calibre de la ilegalidad que los rodean, así como que lo que pretenda el gobierno se tramite en el Congreso sin afanes inaceptables y luego de un amplio debate ante el país?

Por su atención, reciba mis agradecimientos.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO
Senador de la República