Senadora Gloria Inés Ramírez presenta proyecto de ley para salvaguardar a deudores hipotecarios de abusos del sector financiero

Un proyecto de ley interpretativo del marco legal de vivienda con el propósito de garantizar que los deudores hipotecarios puedan conservar sus viviendas, conforme a lo dispuesto en sentencias de la Corte Constitucional, presentó a consideración del Congreso la senadora por el Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez Ríos.

Esta iniciativa se sustenta en el hecho de que las entidades financieras incurren en la grave omisión de reliquidar las obligaciones hipotecarias,

incluyendo los factores de inconstitucionalidad e inexequibilidad como la DTF y la capitalización de intereses, que fueron retirados del ordenamiento jurídico colombiano. De esta manera se impide la realización del debido proceso a favor del deudor hipotecario, a quien no se debe declarar en mora, ni ejecutarlo con el remate de su vivienda, hasta tanto no se haga la reliquidación legal por parte de los bancos prestamistas del crédito que resulte impagado, explicó la congresista.

Luego de un año de investigación sobre las causas que han dado lugar a que más de 500.000 familias hayan sido despojadas de su techo por el sistema financiero en la última década, la senadora del Polo señaló que las mismas se han colocado en la situación de deudores morosos que ha sido aprovechada por la voracidad de la banca crediticia y por las mafias de rematadores.

La problemática ha alcanzado una dimensión de tal envergadura, que según informes emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, ante la jurisdicción civil se tramitan 356.891 procesos ejecutivos al año en promedio. Entre el año 2000 y el 2011, entraron a conocimiento de esa jurisdicción, 4´350.369 procesos ejecutivos, que equivalen al 63.41% del total de los asuntos que debe tramitar, hecho que congestiona de forma relevante los despachos judiciales, que con la iniciativa legislativa presentada por la parlamentaria Ramírez Ríos podría ser morigerada, no solo en relación con la urgencia de descongestión judicial, sino por la imperiosa necesidad de aplicación del principio de legalidad que rige los Estados de Derecho, ante la omisión en que incurren jueces y magistrados, de no aplicación de la jurisprudencia.

Los cientos de desalojos que se producen a diario en el país con base en decisiones judiciales que resultan abiertamente violatorias de los derechos sociales fundamentales de las los colombianos, cuando en muchos de los casos, las viviendas despojadas han sido pagadas hasta diez o más veces el valor inicial del crédito, han dado lugar a una forma de violencia que subyace en la sociedad colombiana, que se ha tornado invisible ante la impotencia de los usuarios de los créditos de vivienda, frente al enorme poder de las entidades financieras, de la colusión de funcionarios corruptos o la injerencia de sus cesionarios, muchos de ellos ilegales, porque actúan sin la debida autorización y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Por ellola intervención del Congreso de la República al darle trámite a una ley interpretativa, contribuirá a resolver esta problemática que afecta a un buen número de colombianos.