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Tierras y despojo: el modelo Riopaila

Por José Hilario López Rincón / Semanario Caja de Herramientas  

Según el Informe de Desarrollo Humano 2011 “Colombia rural, Razones para la Esperanza”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 52% de la tierra en Colombia corresponde a grandes propiedades y está en poder del 1.15% de quienes son propietarios.

La escandalosa inequidad, característica de la sociedad colombiana, se torna aún más vergonzante cuando se conocen las circunstancias en que algunas de esas miles de hectáreas de tierra, han pasado a manos de esa élite.

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Por José Hilario López Rincón / Semanario Caja de Herramientas  

Según el Informe de Desarrollo Humano 2011 “Colombia rural, Razones para la Esperanza”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 52% de la tierra en Colombia corresponde a grandes propiedades y está en poder del 1.15% de quienes son propietarios.

La escandalosa inequidad, característica de la sociedad colombiana, se torna aún más vergonzante cuando se conocen las circunstancias en que algunas de esas miles de hectáreas de tierra, han pasado a manos de esa élite.

Se tenía cierta evidencia, de la manera en que algunos de los llamados parapolíticos, llegaban con Notarios de bolsillo, detrás de las motosierras de los paramilitares, a “comprar” las tierras usurpadas a los campesinos, a sangre y fuego. Que recordemos, el honorable ex senador Mario Uribe Escobar y el distinguido ex representante a la Cámara y ex gobernador de Guaviare, Oscar de Jesús López Cadavid, fueron sentenciados por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con los paramilitares y por apropiarse ilegalmente de tierras de campesinos desplazados.

El informe del PNUD estima que el despojo de tierras es de 6.6 millones de hectáreas, que corresponde al 12.9% de la superficie agropecuaria.

Como si lo anterior fuera poco, ahora se viene a desenmascarar, cada vez más con mayor contundencia, que no solo parapolíticos llegaron detrás de las hordas paramilitares. También lo hicieron avivatos, avispados, vivarachos y algunas experimentadas empresas agroindustriales, multidomésticas, transnacionales, multinacionales, extranjeras, nacionales, nacionales extranjerizadas y extranjeras nacionalizadas; toda una gama de posibilidades dispuestas a escurrirse, como las ratas, entre las rendijas de las leyes y las prebendas de delincuentes devenidos en grangobernantes.

No es un secreto que la tierra ha sido utilizada como botín y como arma; desde la iglesia católica hasta los grandes terratenientes, la han convertido en origen de explotación y poder político, sin olvidar los nuevos terratenientes: narcotraficantes, paramilitares y grandes empresas.

Pero el acaparamiento de la tierra no es un simple negocio especulativo, aislado del devenir incierto del modelo económico neoliberal abrazado por los gobernantes colombianos. Está íntimamente ligado con el poder político. Y en medio de ese contubernio la UAF juega un rol importante.

El concepto de Unidad Agrícola Familiar (UAF) surge con la Ley 135 de 1961, como regla para determinar la cantidad justa de tierra que el Estado habría de entregarle a cada familia, que le permitiera vivir dignamente.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 160 de 1994, las UAF están definidas como “la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio”.

Según el mismo artículo, “La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere”.

La limitación de la extensión de la UAF, establecida por la Ley 135 de 1961 se constituyó en el principal obstáculo para darle vía libre a la expansión agroindustrial, particularmente en la zona de la altillanura, situación que llevó al anterior gobierno (2002-2010) a intentar modificarla, infructuosamente, en varias ocasiones.

Como acaparamiento y poder político van de la mano, el presidente Santos Calderón derribó las cercas de las UAF que delimitaban el acceso a grandes extensiones de tierra por parte de empresarios ávidos de comprar. A través de su Plan de Desarrollo (Ley 1450 de 2011), levantó las prohibiciones y “flexibilizó” las UAF, con el fin de beneficiar a grandes empresas, dispuestas a invertir en tierras baldías(1), abandonadas o despojadas. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-644 de 2012 declaró inexequibles los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 1450 que suprimían tales restricciones.

Lo anterior no ha sido obstáculo. Por la vía del atajo o violando abiertamente todas las prohibiciones, grandes empresas se han apropiado de tierras que antes fueron baldíos. Las locomotoras de la prosperidad, rápidamente nos llevaron de las UAF familiares a las UAE empresariales.

Algunos ejemplos llamativos o por lo menos conocidos, aunque no únicos, son los de Riopaila Castilla S.A., Poligrow, Cementos Argos, Mónica Semillas.

Recordemos que la extensión de la UAF depende de criterios geográficos y de homogeneidad: “La Junta Directiva (del INCORA hoy INCODER) indicará los criterios metodológicos para determinar la Unidad Agrícola Familiar por zonas relativamente homogéneas, y los mecanismos de evaluación, revisión y ajustes periódicos cuando se presenten cambios significativos en las condiciones de la explotación agropecuaria que la afecten, y fijará en salarios mínimos mensuales legales el valor máximo total de la UAF que se podrá adquirir mediante las disposiciones de esta Ley”.

Así por ejemplo, la Resolución 041 de 1996 del INCORA, estableció en su momento que en la zona de Mapiripán, San Martín, Puerto Rico, Puerto Gaitán y Puerto Lleras la UAF estaba comprendida en el rango de 1.360 a 1.840 hectáreas.

Por supuesto que para la voracidad de los grandes capitales o el afán de inversión social de los mecenas del siglo XXI, 1.840 hectáreas son un aperitivo. De ahí la necesidad de rodear, saltar o violar la ley. Entonces, abogados que pasan a ser embajadores, se inventan figuras como ocurrió en las compras de Riopaila. La empresa compró 42 mil hectáreas en el Vichada, para lo cual constituyeron 27 S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada), a las cuales Riopaila les prestó el dinero para comprar los terrenos. A su vez estas “empresas” le arrendaron los terrenos a Riopaila, por el término de 30 años y por el mismo valor de los baldíos.

En la memoria histórica y colectiva, Mapiripán es sinónimo de barbarie, el lugar al que los hombres de Carlos Castaño llegaron en julio de 1997, luego de atravesar medio país sin que autoridad alguna los hubiera visto y durante cinco días asesinaron por lo menos a 49 de sus habitantes. Justo en Mapiripán, el grupo multinacional Poligrow “da vida al proyecto de plantación sostenible para la producción de aceite de palma en la hacienda Macondo”: 3.513 hectáreas de palma propia y 1.032 hectáreas con ITA Aceites Vegetales, aliado comercial de Poligrow, para un total de 4.545 hectáreas y una proyección de crecimiento sostenido de hasta 15.000 hectáreas.

Pero si por la Orinoquia llueve, por los Montes de María no escampa. El modelo cundió por todo el país, tal y como se propagó la peste de las ejecuciones extrajudiciales por cuarteles, batallones y brigadas, pero claro son situaciones aisladas. En la martirizada región de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, de la cual fueron desplazados alrededor de 120.000 campesinos, aproximadamente 75 mil hectáreas de tierra pasaron a manos de unas 25 empresas entre las cuales se encuentran Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, Agropecuaria Carmen de Bolívar, Agropecuaria El Génesis S.A., Sociedad Tierras de Promisión S.A. (Representante Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez) y Cementos Argos.

Mónica Colombia, subsidiaria del Grupo Mónica de Brasil y Mónica Semillas de Bolivia es propietaria de 3 mil hectáreas en Puerto Gaitán y quieren llegar a 12 mil.

Inversiones Manuelita posee 20 mil hectáreas en San Carlos de Guaroa (Meta) y 17 mil hectáreas en Orocué (Casanare). El grupo colombo chileno GPC es propietario de 15 mil hectáreas en Puerto López (Meta).

Puede ser una casualidad pero también una causalidad que Riopaila Castilla S.A., Poligrow, Cementos Argos, Mónica Semillas y demás, se hayan convertido en los nuevos terratenientes de las tierras despojadas a los campesinos en zonas donde ocurrieron masacres y desplazamientos forzados. ¿Por qué, por ejemplo, Poligrow compró tierras en Mapiripán? ¿Por qué Cementos Argos compró tierras en Montes de María? ¿Existe la llamada ética empresarial, ética social?

La Superintendencia de Notariado y Registro, la Fiscalía General de la Nación, el Incoder, están en mora de revisar íntegramente, todas las transacciones llevadas a cabo, en los últimos 20 años, sobre tierras situadas en zonas de masacres, desplazamientos forzados e influencia de los grupos armados legales e ilegales, inmersos en el conflicto armado colombiano, así como las que se hicieron sobre baldíos.

La tenencia de la tierra está ligada al conflicto social y armado que vive Colombia y si no se plantea una solución equitativa a temas como el derecho real de superficie, iniciativa del gobierno Santos que busca “arrendar grandes terrenos baldíos de la Nación a empresarios interesados en desarrollar proyectos productivos de largo plazo”, bajo el compromiso de que “sean proyectos inclusivos que asocien a los pequeños productores, y de que estos empresarios desarrollen obras y bienes públicos para el servicio de todos”, en otras palabras, plantea la explotación privada, capitalista de bienes públicos, cuando el patrimonio de la Nación deberá ser puesto al servicio de intereses colectivos, incluyentes y participativos; la creciente propiedad de la tierra en manos de empresas extranjeras y nacionales o nacionales que adoptan nacionalidad extranjera y compran como si fuesen extranjeros.

El acaparamiento de la tierra conlleva acciones especulativas, desplazamiento de pequeños productores, degradación de recursos como el agua y la misma tierra; problemas de producción, abastecimiento y acceso a los alimentos, para citar algunos, que si no se les pone freno, pronto nos convertirá, en los inicios del siglo XXI, en los nuevos siervos de la gleba, pero sin tierra.

1 Los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley. Corte Constitucional C-595-95, Carlos Gaviria Díaz.

Semanario Caja de Herramientas.

 

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