Tres años de Santos

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

El programa económico de la administración ha girado alrededor de las locomotoras, las reformas sociales presentadas al Congreso para la salud, la educación y la formalización y la reforma tributaria. Tres años son suficientes para cotejar los ofrecimientos con las realizaciones.

Las locomotoras se presentaron como un enfoque novedoso para propiciar la actividad productiva, pero no se precisaron los medios para impulsarlas. En realidad, de las cinco locomotoras, la única que se ha puesto en práctica es la de minería que viene de atrás. No se reparó que la ampliación de los estímulos al sector minero y la inversión extranjera acentuarían los desequilibrios que enfrentaba la economía colombiana, luego de varios años de revaluación y conformación de un cuantioso déficit en cuenta corriente. La revaluación se aceleró en los primeros meses y sus efectos sobre el sector real se amplificaron por la baja de aranceles y la proliferación de TLC. 

Dentro de un serio error de diagnóstico, no se entendió que las productividades de la industria y la agricultura son inferiores a la del resto del mundo y crecen lentamente, y que en tales condiciones, la revaluación y la baja de los aranceles, conducen a la extinción. Hoy en día, en la mayoría de actividades transables los precios nacionales superan a los internacionales. La industria acumula siete meses en recesión, la agricultura está estancada, y en el último año no se ha creado un solo empleo.

En lugar de rectificar las políticas comerciales, cambiarias y de entrada de capitales que generaron la criatura, se procedió a elevar la competitividad de las empresas bajando los impuestos al capital. El remedio acrecentó la regresividad fiscal y, de paso, acentuó la contracción de la demanda.

Las reformas sociales propuestas al Congreso no han corrido  con buena fortuna. La reforma de la salud tramitada al principio de la administración no resolvió la quiebra de las EPS, ni la insuficiencia de recursos del sector, y obligó a una nueva ley que no pasa de la declaración de principios. A estas alturas no se sabe si la intermediación continuará las EPS o se pasa al sector público. La reforma educativa que pretendía subsanar la carencia de recursos de la educación superior con privatizaciones se retiró por la protesta estudiantil. Lo cierto es que la baja cobertura universitaria se mantiene y no se ha hecho nada de fondo para remediar la deficiente calidad de la secundaria. Por último, la ley de primer empleo y la formalización de la mano de obra estimularon la creación de empresas, pero no han tenido mayor impacto sobre la formalización de los trabajadores. Tanto el índice de cotizantes activos de pensiones como el índice de informalidad del DANE no registran variaciones significativas en los últimos dos años. Al parecer, los subsidios a la mano de obra por la vía fiscal se quedan en las empresas.

En esencia, el modelo de la administración Santos es igual al de los últimos veinte años del Consenso de Washington. Los propósitos apuntaron a impulsar el crecimiento y el empleo y reducir las desigualdades dentro de la misma concepción que causó su deterioro. Así, las acciones concretas para profundizar el libre comercio acentuaron los efectos de la enfermedad holandesa de la minería sobre la industria y la agricultura, a tiempo que la insistencia en mantener las privatizaciones impidió avanzar en el cumplimiento de los derechos fundamentales de salud, educación y trabajo. En los tres años, el producto nacional creció muy por debajo de las metas oficiales y de sus posibilidades, el desempleo y la informalidad laboral se mantuvieron en los niveles más altos de la región y se retrocedió en la construcción del marco social requerido para erradicar las enormes desigualdades de la sociedad colombiana.

El Espectador, Bogotá, 11 de agosto de 2013.