Tribuna Magisterial y la crisis de la educación pública

Por María Antonieta Cano   

Tribuna Magisterial ha estado siempre en primera línea en la lucha por la defensa de la educación pública y de los derechos de los educadores, objetivos que se volvieron más obligantes después de la imposición, a comienzos de los 90s, del modelo neoliberal en la economía,

en la educación y en todos los órdenes de la vida nacional. Ese modelo ha causado estragos en lo económico y social aumentando la brecha entre ricos y pobres, con cifras que nos ubican como el país más desigual en América Latina y el cuarto más desigual en el mundo; en educación ha originado una profunda crisis a partir de dos reformas constitucionales en 2001 y 2007 que le han cercenado recursos al sector por más de veinte billones de pesos en los últimos diez años y dieron origen a una profunda contrarreforma en lo administrativo-financiero, en lo laboral y en lo propiamente educativo.

Hemos impulsado la lucha contra las nefastas consecuencias del Acto Legislativo 01 de 2011, y sus derivados como la ley 715 que ajustó el sistema educativo a la reducción de los recursos, generalizando la municipalización y ampliando el camino de la privatización de la educación pública. Hemos señalado siempre que el decreto 1278 de 2002 ha sido el golpe más duro infringido al magisterio en materia laboral pues arrasa con la estabilidad laboral conquistada en 1979 con el 2277 e impone a los nuevos docentes un escalafón casi imposible de transitar al hacer depender la movilidad entre sus grados de unos exámenes de competencias cuyas dos primeras versiones dejaron por fuera del derecho de ascenso a más del 85% de los aspirantes. Hemos dicho también que esta situación se hace más gravosa para los nuevos docentes con su inclusión, por orden de le ley 812 de 2003, en el régimen general de pensiones de la ley 100, mientras el resto de docentes gozan de régimen especial.

En cuanto a la reforma de los objetivos y los contenidos de la educación nacida de esta política, hemos advertido que, después de arrasar con la autonomía escolar conquistada en la Ley 115 de 1994 y desconociendo los objetivos y fines de la educación trazados por esta norma, el gobierno cambió el rumbo sustituyendo la educación dirigida a la enseñanza de los conocimientos más avanzados de la humanidad por una educación basada en tres o cuatro competencias, evaluada con estándares nacionales e internacionales que guardan estrecha relación con las necesidades de mano de obra barata que tienen los monopolios nacionales y extranjeros que se lucran de los Tratados de Libre Comercio.

Sobre la política educativa de Juan Manuel Santos señalamos sin ambages que este gobierno, además de aplicar todo lo anterior, profundiza esta contrarreforma neoliberal de la educación, lo cual se observa en medidas centrales de su Plan Nacional de Desarrollo como la eliminación del Preescolar atendido por el Estado para entregarlo, dentro de lo que llama Atención Integral a la Primera Infancia, a las alianzas público-privadas (recursos del Estado a los particulares para que conviertan en negocios los servicios estatales); la imposición de un currículo básico en los colegios con baja evaluación, que puede ser ampliado a todas las instituciones educativas; la plantelización de los recursos de gratuidad y calidad, como preludio de la plantelización de todos los recursos que el gobierno central gira a las entidades territoriales a través del SGP; la imposición de nuevos criterios para la jornada escolar, dirigidos a aumentar la permanencia de los docentes en los centros educativos y a dotar a los rectores de facultades para ejercer un control policivo asfixiante sobre las actividades de los docentes, que incluye la posibilidad de negar las solicitudes de permisos laborales, fundamentos de la Directiva Ministerial 02 de 2012. A esto agregamos la continuación del sistema de colegios por concesión, los bancos de oferentes, los convenios y becas estatales en colegios privados, etc. como ejes de la privatización. Y para rematar, sigue vigente la intención del gobierno de acabar el régimen espacial de salud y pensiones del gremio por la vía de estrangular financieramente el Fondo Prestacional del Magisterio.

Tribuna Magisterial propone el nombre de María Antonieta Cano, docente del 1278, que tiene ya en Bogotá una trayectoria laboral y de lucha que la hacen merecedora de representar los intereses y aspiraciones de los docentes bogotanos, antiguos y nuevos, en la dirección del sindicato de educadores más grande de los 34 que conforman la Federación Colombiana de Educadores

Bogotá, julio 23 de 2012.