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Carlos Acero

Tropas de EE.UU. en Colombia: A todas luces ilegal Parte I

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Carlos Acero Castellanos, abogado y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. @CarlosAceroC

El 27 de mayo la Embajada de EE.UU en Colombia -y no el Gobierno de Duque- notificó al país la llegada de tropas de su ejército a Colombia, como si quien mandara en Colombia fuera Trump. Causa vergüenza que el Gobierno nacional, por intermedio del Ministro Carlos Holmes Trujillo, se demorara 12 días en dar algún sustento jurídico sobre la presencia de las tropas militares de EE.UU. en Colombia, a pesar de que existen históricos cuestionamientos sobre la legalidad de la presencia de ejércitos extranjeros en el país y la violación a la soberanía nacional.

Pero la explicación resulta aún más preocupante que la demora de la misma. El Ministro de Defensa desconoce los pronunciamientos de las Altas Cortes nacionales y mal informa a la opinión pública cuando afirma que hay tres acuerdos bilaterales y tres convenciones multilaterales que permiten la presencia de militares de las Security Force Assistance Brigade -SFAB- del Ejército de EE.UU. en Colombia. Ninguno de los acuerdos internacionales citados cubre de legalidad a la inconveniente presencia de militares extranjeros.

Sobre el Acuerdo de Asistencia Militar suscrito entre Colombia y EE.UU., en 1952 la Corte Constitucional indicó que éste se trata de un instrumento jurídico cuyo objeto “se enmarca en el caso de amenazas y actos de agresión de cualquier Estado contra un Estado Americano y en los conflictos entre ellos”. Motivo por el cual dicho Acuerdo no puede justificar operaciones relacionadas con “la lucha contra narcotráfico” como precisó entonces la Corte, mediante el Auto 288 de 2010.

El Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afines de 1964, mediante el que se materializaba la Alianza para el Progreso, también citado por el Ministro de Defensa, es un tratado que no regula asuntos militares, por lo que de su contenido no se puede derivar la actual afrenta a la soberanía nacional. Tanto la Corte Suprema de Justicia en 1975, como la Corte Constitucional en 2010, ratificaron que se trata de un tratado sin relación con asuntos militares y que no puede crear obligaciones adicionales para el Estado salvo que se trate de convenios administrativos en temas relacionados con asistencia financiera y de desarrollo.

En cuanto al Acuerdo de 1974 relativo a Misiones Militares suscrito por Colombia y EE.UU., el Consejo de Estado ha resaltado su ilegalidad. A esta conclusión llegó el Tribunal, en Concepto previo en relación con el tratado de las bases militares de 2009, toda vez que se firmó con fundamento en la Ley 24 de 1959, sobre la que la Corte Constitucional indicó que sólo facultaba al Estado para celebrar contratos administrativos con entes internacionales, más no para crear nuevos tratados y asumir nuevas obligaciones internacionales. En suma, el Acuerdo de 1974 es ilegal en tanto tampoco pasó por el Congreso de la República y no puede crear nuevas obligaciones internacionales a cargo de Colombia..

Ante la insuficiencia de argumentos jurídicos con sustento en los tres tratados anteriores, el Ministro Trujillo realiza una interpretación infundada de otros tres tratados, estos de naturaleza multilateral: i) la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, ii) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, iii) la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Si bien en estas tres convenciones existen cláusulas que tratan la cooperación internacional e incluyen actividades que pueden involucrar la presencia de personal militar, también se hace explícito que el desarrollo de dichas actividades deberán acordarse mediante instrumentos jurídicos entre las partes interesadas y siempre “con sujeción al derecho interno”. Véanse los artículos 2,1, 2,2, 2,3 y 9 de la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; los artículos 27.d y 29 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y; el artículo 19 la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Como si fuera poco, las revisiones de constitucionalidad realizadas por la Corte Constitucional a cada una de estas convenciones, y reiterada mediante el Auto 288 de 2010, ratifican que la materialización o desarrollo de las obligaciones contenidas en las mismas autoriza que nuestro país efectúe formas de cooperación internacional para prevenir y reprimir formas delictivas, obviamente dentro del respeto de la soberanía nacional(sentencia C-176 de 1994); deben “sujetarse al artículo 224 de la Constitución, es decir, que no puede eludirse ni la aprobación por el Congreso de la República, ni el control por la Corte Constitucional” (sentencia C-962 de 2003); y sus disposiciones tienen como denominador común la sujeción de su implementación y ejecución a la aplicación del régimen jurídico interno del Estado parte(sentencia C-537 de 2008).

Pasados los días, la gravedad de la presencia de las tropas la SFAB del Ejército de EE.UU. aumenta, especialmente, dada la falsa motivación de índole jurídica de la misma. Comentarios aparte deberán hacerse sobre otros cuestionables argumentos expuestos por el Ministro Trujillo, a nombre del presidente Duque, en el riguroso debate de control político realizado por la oposición en la plenaria del Senado. Mientras tanto, el rechazo de la presencia de militares extranjeros en el territorio nacional deberá elevarse a instancias judiciales y mantenerse en la opinión pública.

 

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