Un gobierno de ‘Urgencias’

Por Juan Manuel López Caballero  

Dice el dicho que lo urgente desplaza lo importante. Parece que el Gobierno tuviera el gusto de esperar, crear o mostrar situaciones de ‘urgencia’ para tratar los problemas que en su momento no le parecieron importantes.

Se da ahora en el caso de los proyectos de Ley de Salud y de Pensiones. Parece un poco tarde para que la ‘urgencia’ hasta ahora se venga a considerar. En otras palabras, si es urgente es porque no se hizo a tiempo, a pesar de haber tenido tanto las oportunidades como las mayorías parlamentarias para hacerlo antes. Más cuando en su discurso el Presidente se disculpa en que el sistema ‘nació mal desde el principio’, o sea que desde hace más de diez años viene funcionando mal y acumulando errores.

No está claro cuando es utilizable la presión del Gobierno bajo la modalidad de ‘mensaje de Urgencia’ al Congreso. A diferencia del ‘Estado de Emergencia’ que requiere motivación, esta declaratoria es potestativa de la voluntad del Presidente pero eso no significa  que pueda ser tan arbitraria que no tenga conexión con la realidad.

Pero ¿Por qué duda o dudó Santos si decidirse por esa otra opción?¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué no se puede tramitar ordenadamente sin que ‘se la juegue el Presidente’?

En realidad la ‘urgencia’ que muestra el Presidente (‘mensaje de urgencia’ o acompañamiento personal al momento de radicarla) no es tan clara. Hay una posible explicación de otro orden: por lo visto a lo largo de este mandato, la gestión del gobierno en cuanto a adelantar en el Congreso las reformas sociales estructurales tiene tantas dificultades o tanto desinterés que no está en capacidad de mostrar ningún resultado; ni con la salud, ni en las relacionadas con el empleo, la Seguridad Social o las pensiones, ni en la educación, ni en la Justicia ha logrado responder a las expectativas de lo que él mismo ha reconocido como reformas indispensables.

Mostrar algo en esos campos sería tan importante desde el punto de vista imagen ante el público –y en consecuencia para efectos electorales- como firmar algún acuerdo en la Habana. La diferencia es que aquí el no tenerlas aprobadas antes de definir la suerte de su candidatura se convierte en algo atacable y negativo en un debate electoral. En otras palabras la urgencia no es por el problema que existe sino por la posibilidad de perder la oportunidad de convertir esas leyes en ases a favor en vez de pesos en contra. Es mejor usar la aplanadora ahora para pavimentar la ruta hacia la reelección, que arriesgarse a que en plena campaña electoral se use ese pobre balance en contra suya; o que, divididos los congresistas según las candidaturas que sigan, y ya interesados solamente en sus cálculos electorales, no se logre la mayoría y cueste demasiado en la votación.

Así además se evitan los debates que en un trámite normal se presentan. Lo que muestra la experiencia es que a este gobierno no le ha ido bien cuando busca consensos con todas las partes (v. gr. la reforma a la Justicia) ni cuando pasa proyectos sin concertar con los  interesados (v. gr. La reforma a la Educación). Tal vez por eso duda sobre si prescindir del proceso normal y tomar el camino de la excepción.

Pero también coincide esta ‘urgencia’ con otros manejos que han caracterizado al gobierno: se vuelve urgente lo que no se ha hecho en tres años de mandato. No se atienden los problemas de los sectores en crisis sino cuando se llega al punto de que se convierte en una urgencia por las protestas que se generan. Pasó con los cafeteros, con los arroceros y con los cacaoteros; pasó también cuando el gobierno logró agravar la situación creada, induciendo al paro de transportadores cuando esto apenas aparecía como una amenaza medio latente. Y  se abstuvo de participar de alguna solución del de la Universidad Nacional, al punto que se llegó a estar al borde de que se perdiera el semestre académico. Y sigue la misma tónica ahora que el paro de Fecode comienza a tomar fuerza.

Y ni se diga en lo que respecta a la revaluación del peso donde sector tras sector claman la necesidad de hacer algo y el ejecutivo no reacciona. Se improvisa ‘de urgencia’ ante el fallo de la Haya o cuando los militares vetan la defensa estudiada en el caso del Palacio de Justicia. ¿Qué decir del caso del hacinamiento en las cárceles, cuando pareciera que hasta ahora se dan cuenta no solo de la forma en que está desbordada su capacidad sino que según aclara el mismo gobierno más de 40.000 reclusos podrían no estar encarcelados por no haber recibido sentencia en contra?

De ‘urgencia’ y de manejo excepcional son también los Consejos de Seguridad uno tras otro para mostrar que con atención especial se atienden los problemas de orden público. Algo similar se aplica a los daños causados por las emergencias invernales.

En todo caso lo que ahora parece urgente e inminente –sin saber si en el fondo tenga alguna importancia- es una buena sacudida al gabinete.

1 de abril de 2013.