Un retrato de la corrupción judicial-militar

Por Cecilia Orozco Tascón  

De la corrupción de los jueces, se viene hablando desde hace décadas. De la descomposición moral en las altas cortes, hace menos tiempo. Algún día tendrá que determinarse la cuota de responsabilidad que le cabe a Álvaro Uribe por el abismo en que cayó la cúpula de la justicia de hoy, como consecuencia de su estrategia de infiltrar los tribunales con postulados suyos, muchos de ellos venidos del más oscuro clientelismo regional. Ahí nace el famoso Henry Villarraga, elegido para ocupar silla en la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura bajo el auspicio del presidente de 2008, y de sus aliados políticos, varios de los cuales se encuentran en la Comisión de Acusación, jueza de Villarraga. ¡Qué esperanza! Las conversaciones delictivas de este sujeto con el coronel Róbinson González del Río (presuntamente sobrino del recluso general Rito Alejo del Río), detenido por dos ejecuciones extrajudiciales y a quien el mal llamado magistrado le gestionaba el traslado de su proceso a la justicia penal militar contra las evidencias, constituyen plena prueba de cómo se negocian las sentencias, se trafican las influencias, se compran y se venden las conciencias en los despachos de los togados.

Sin embargo, y pese al escándalo público que se ha generado por el contenido de aquellas conversaciones, ni las Fuerzas Militares ni los colegas de Villarraga parecen preocupados. Tan dominantes del país se sienten. Tan seguros de sus poderes se saben. Les voy a pintar el panorama de ayer martes en ambos estamentos, tan sólo dos días después de reveladas las grabaciones:

1) En lugar de renunciar, Villarraga pretende convertir en “línea jurisprudencial” su complicidad con un procesado al que él iba a favorecer. 2) No hay pronunciamiento hablado o escrito de otro alto tribunal (Corte Suprema, Constitucional, Consejo de Estado) sobre el escándalo. Pasar de agache suele dar resultados en este país sin carácter. 3) En la sala a la que pertenece el desvergonzado, la mayoría de sus colegas, entre los cuales hay tres mencionados por él como asistentes a los alegres almuerzos de los sindicados con sus jueces (Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano y Pedro Alonso Sanabria), sólo se aceptó “pedirle explicaciones” en privado. 4) Uno de ellos, Angelino Lizcano, clon de Villarraga, andaba de celebración en el restaurante La Condesa Irina Lazaar, del centro, con tres lindas acompañantes y botellas de vino en la mesa. 5) En la otra sala de la Judicatura, la Administrativa, dominada por los gemelos de Villarraga, Ricaurte y Munar, votaron 5 contra 1 para no pedirle renuncia ni licencia. 6) El comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, opina que: a) “El Ejército no puede hacer absolutamente nada”. Y b) Que “este (escándalo) es un tema netamente mediático…”.

Barrero sabe que en las conversaciones del coronel González con Villarraga (las mismas en las que ese oficial dice: “a la defensa de él, el general me dijo le voy a regalar 400 y a este magistrado le vamos a regalar 400”), el togado admitió que “el miércoles se va a cambiar definitivamente la tesis (sobre traslado de falsos positivos a la justicia militar) por la que tanto hemos luchado”; conoce que se nombra, para otro de los almuerzos cómplices, al general Mora, de la mesa de negociación, y que también están nombrados en ese marco criminal, y burlonamente, los generales Mantilla, Navas y Torres. Si todo lo anterior merece sólo la displicencia de Barrero, comprendo por qué los presos militares se pasan por la faja las leyes y los códigos. Lo único cierto es que la justicia está destruida y que la reforma al fuero militar viene siendo un formulismo inútil porque existe mucho más ampliado de lo que nunca nos imaginamos.

El Espectador, Bogotá, 30 de octubre de 2013.