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Uribe versus Kalmanovitz

Por Daniel Coronell  

En esta esquina Salomón Kalmanovitz, académico de larga trayectoria, economista, ex miembro de la junta directiva del Banco de la República, analista, investigador, profesor y decano universitario. En esta otra, el señor ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien no necesita presentación.

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Por Daniel Coronell  

En esta esquina Salomón Kalmanovitz, académico de larga trayectoria, economista, ex miembro de la junta directiva del Banco de la República, analista, investigador, profesor y decano universitario. En esta otra, el señor ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien no necesita presentación.

El pasado lunes, el profesor Kalmanovitz afirmó con todas las letras que el segundo gobierno del señor ex presidente Uribe “privilegiaba gasto público a favor del patrimonio familiar del gobernante”.

La afirmación es muy grave porque lo que traduce es que por orden del entonces mandatario se usó plata del Estado para beneficiar intereses suyos y de su familia.

¿Cómo se atreve Kalmanovitz a hacer semejante afirmación? Pues bien, hay documentos que lo respaldan.

El 10 de marzo de 2008, el gobierno expidió un decreto seleccionando los futuros distritos de riego que consideraba de “importancia estratégica” para que el INCODER adelantara las obras correspondientes.

El decreto asegura que no se trató de un dedazo presidencial sino que tuvo en cuenta, entre otras, la siguiente consideración: “Su contribución al desarrollo regional y el aumento de la generación de ingresos para las familias beneficiarias”.

El problema radica en que una de esas familias beneficiarias es la familia Uribe Moreno que posee amplias extensiones de tierras en el distrito de Mocarí, seleccionado en ese  decreto por su “importancia estratégica”.

El Presidente de la época no tuvo a bien declarar el posible conflicto de intereses cuando creó un distrito que incluía sus propias tierras, las de su esposa Lina y de sus hijos Tomás y Jerónimo, en Córdoba.

El tema probablemente habría pasado desapercibido sino fuera por un informe de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, fechado en agosto de este año. Allí se afirma lo siguiente: “Se aprecia que el ex presidente Álvaro Uribe y miembros de su familia poseen 490 hectáreas beneficiadas por el distrito de adecuación de tierras de Mocarí”.

La Contraloría hizo además una visita de campo a algunos predios que los lugareños identifican como parte de las fincas del señor ex presidente Álvaro Uribe, pero cuya propiedad –según el organismo de control- no se pudo identificar ante las entidades de registro y el Instituto geográfico Agustín Codazzi.

Los investigadores de campo de la Contraloría reportan en el informe sobre esas fincas que “según información suministrada por trabajadores de las mismas, pertenecen a la familia Uribe Moreno”.

Y al concluir sobre la construcción de kilómetros de drenaje en el distrito de Mocarí, señala: “De lo antes expuesto, se observa que de los recursos priorizados para el Distrito de Riego Mocarí, entre los años 2008 a 2010, se realizaron inversiones por $773.600.446, en zonas del distrito que beneficiaban entre otros predios los de la familia Uribe Moreno; suma que ascendería a $1.410.806.096, si las fincas El Porvenir, La Sinuana y La República, de acuerdo con lo expresado por los trabajadores de los predios, pertenecen a la mencionada familia”.

Ese es el sustento del profesor Kalmanovitz. La respuesta del señor ex Presidente Uribe fue coherente con su estrategia de no responder nunca preguntas incómodas. Replicó que él sólo se beneficiaba del drenaje, pero no del riego. Tanto drenaje como riego se construyeron con dinero público.

Luego se vino lanza en ristre contra el profesor: “Kalmanovitz no mienta, mi familia y yo pagamos tasa de mantenimiento de canales a pesar de inundaciones y no favorezco contratos”.

Nadie había dicho que el ex presidente Uribe no hubiese pagado como usuario lo que le corresponde, incluso el informe de la Contraloría así lo reseña. Por lo demás, ese pago no es el resultado de la generosidad suya, sino el simple cumplimiento de una obligación que por lo demás no cubre el valor de la obra.

Sin embargo, ese tampoco es el punto.

En lugar de recurrir a la estridente descalificación de quienes preguntan, el señor ex Presidente Uribe debería responder una sencilla pregunta: ¿Por qué no se declaró impedido para firmar un decreto que favorecía sus propiedades?

Revista Semana, Bogotá, 13 de octubre de 2013.

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