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Uruguay: más cerca de la legalización

Por Pedro Lipcovich  

El presidente José Mujica envió al Congreso de su país el proyecto anunciado dos meses atrás. La iniciativa prevé que el Estado controle la producción y comercialización del cannabis. Estiman que podría aprobarse antes de fin de año.

Se trata simplemente de lograr “la normalización e inclusión social plena del uso de marihuana”: así lo plantean los fundamentos del proyecto de ley que José Mujica, presidente de Uruguay, envió el pasado miércoles 8 de agosto al Parlamento, después de haberlo anunciado hace dos meses.

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Por Pedro Lipcovich  

El presidente José Mujica envió al Congreso de su país el proyecto anunciado dos meses atrás. La iniciativa prevé que el Estado controle la producción y comercialización del cannabis. Estiman que podría aprobarse antes de fin de año.

Se trata simplemente de lograr “la normalización e inclusión social plena del uso de marihuana”: así lo plantean los fundamentos del proyecto de ley que José Mujica, presidente de Uruguay, envió el pasado miércoles 8 de agosto al Parlamento, después de haberlo anunciado hace dos meses. El proyecto consta de un solo artículo por el cual el Estado se hace cargo de regular y controlar la importación, producción y comercialización de cannabis; estas actividades se efectuarán en el marco de una política de reducción de daños que incluirá la concientización sobre los eventuales efectos perjudiciales del consumo de marihuana. El Poder Ejecutivo y los bloques legislativos del Frente Amplio ya habrían acordado que el Congreso, sobre la base del proyecto recibido, elabore una ley que incluya la autorización para el autocultivo, regulado mediante un registro oficial. La normativa se propone “separar el mercado de la marihuana del de las otras drogas” para reducir el contacto de los consumidores con “sustancias toxicológicamente más riesgosas”. Según una fuente legislativa oriental, “la ley podría aprobarse antes de fin de año”.

El artículo único del proyecto de ley establece que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”. Asimismo, “el Estado ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria para la ejecución de las actividades referidas en el inciso anterior”. Y “las actividades referidas deberán ser realizadas exclusivamente en el marco de una política de reducción de daños que alerte a la población acerca de las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de marihuana, así como a los efectos de una minimización de riesgos de la población potencialmente consumidora”.

Estos riesgos, tal como explica la fundamentación del proyecto, son aquellos “en los que incurren quienes usan marihuana con fines recreativos o medicinales y que, por tener que abastecerse en el mercado ilegal, se ven denigrados e involucrados en actividades delictivas, exponiéndose además a entrar en contacto con el consumo de drogas toxicológicamente más riesgosas, como es el caso de la pasta base de cocaína”. Por eso, la clave del proyecto es “la separación del mercado de la marihuana del mercado de las otras drogas, en forma de que se reduzcan los nuevos accesos de personas a sustancias toxicológicamente más riesgosas”.

La fundamentación señala que “la marihuana es desde hace muchos años la sustancia ilegal más consumida, teniendo un importante nivel de legitimidad en la sociedad uruguaya. Esta sustancia, cuya capacidad para generar dependencia física y psicológica es de leve a moderada, se diferencia claramente en sus riesgos de otro conjunto de drogas cuyo potencial toxicológico y adictivo es mucho mayor”, entre las que, además de la pasta base, se menciona “el alcohol, el tabaco y los psicofármacos”.

De este modo, el proyecto apunta a “la normalización e inclusión social plena del uso de marihuana, de forma que los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos, y con la sociedad toda, a partir de programas y campañas, para que puedan tomar decisiones informadas y responsables y sepan calcular y gestionar los riesgos del uso de esta sustancia”. Los impuestos que se recaudarán gracias a la legalización se destinarán “al desarrollo y diversificación del sistema de atención a las personas con consumos problemáticos de drogas”. Por último, la ley procura “combatir frontalmente al narcotráfico arrebatándole un negocio de entre 30 y 40 millones de dólares anuales, que implica una fuente de corrupción y violencia”.

Alejandro Sánchez, diputado por el Frente Amplio, explicó a Página/12 que “se trata de legalizar, pero no del mismo modo en que, por ejemplo, es legal el alcohol: esta droga fue entregada al mercado liberal; es producida por empresas que, en la lógica de obtener el máximo beneficio, efectúan prácticas de marketing para incrementar el consumo; no están atentas a preservar la salud, sino a vender más. En el caso de la marihuana, se regulará el mercado de modo que no haya empresas privadas que compitan en la promoción del consumo”.

Según Sánchez, “la representación legislativa del Frente Amplio ha acordado con el Ejecutivo en incluir en el proyecto de ley la regulación de la autoproducción, para consumo personal; los autoproductores deberían inscribirse en un registro, de modo que el Estado pueda controlar la cantidad producida. También se definirá la cantidad máxima de marihuana que el consumidor podrá adquirir en el mercado regulado”. El legislador señaló que “el proyecto se incluirá en el acuerdo para tratar prioritariamente determinados temas enviados por el Ejecutivo: podría estar aprobado antes de fin de año”.

Página/12, Buenos Aires, 10 de agosto de 2012.

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