Se busca la paz, a tientas

Por Rodolfo Arango   

El consenso político no se reemplaza por los procedimientos legales. Tampoco la política, y menos la politiquería, sustituye la ética como fundamento de la convivencia pacífica. Pero en Colombia pretendemos que el déficit de consenso político y ético se aplaque mediante la negociación política del derecho. Por esa vía cualquier paz será efímera, inestable. Las nuevas exclusiones ocuparán el lugar de las antiguas, y el resentimiento de los unos se trocará en el de los otros, con resultado suma cero. La meta a largo plazo es evidente: construir un derecho democrático sobre bases éticas compartidas para un pueblo dado a mañas e injusticias. Una tarea nada fácil. 

El plebiscito “por una sola vez”, con umbral del 13%, deja por fuera al Eln, grupo al que irán a parar los rebeldes inconformes con el pacto Santos-Farc. Luego de refrendados los abstractos e indeterminados acuerdos, deberán ser desarrollados jurídicamente, para lo que se contemplan dos vías complementarias con exacerbación del modelo presidencialista: facultades extraordinarias en manos del jefe del Ejecutivo y comisión constitucional y legislativa especial (miniconstituyente). Dejadas las armas y concentradas las Farc en territorios especiales de paz, sus representantes engrosarán la comisión que regirá al país por algún tiempo. Intrincada y excluyente la salida jurídica que el Congreso de la República cose cual muñeco navideño.

El malestar del desbordado y manipulador procurador Ordoñez se hace entendible. Diferente sería si él mismo pudiera ser el costurero. Otro tanto cabe al expresidente Uribe, quien no se conforma con la viudez del poder ejecutivo en un régimen asfixiante y presupuestalmente presidencialista. Que los motivos de ambos sean torticeros no invalida la verdad del cuestionamiento: el pacto político no instituye per se el consenso y la concordia. Sólo la convicción de ser equitativa, respetuosa y justamente tratada permite a cada facción política sentirse parte efectiva del pacto social. Esa conciencia la tenían republicanos franceses y federalistas estadounidenses; nos falta a los colombianos del siglo XXI y a nuestras instituciones políticas.

Si la salida a un conflicto armado interno que se prolonga más de medio siglo supone estar a la altura, ¿por qué un presidente, con mandato declinante y partido político deshecho, tendrá la capacidad de construir una paz estable y duradera, si desprecia el consenso político e ignora parámetro ético alguno? Santos sabe que el 2016 será cima o sima de los acuerdos de paz. Echados están los rieles por el Congreso. Plebiscito, facultades extraordinarias y constituyente intracongresarial parecen querer ultimarse bajo presión en La Habana. En esto necesario es reconocer cierto realismo al presidente: en agosto, con el sol a las espaldas, su gobernabilidad caerá cual coco maduro y la politiquería reinará a su anchura, con leyes habilitantes del transfuguismo para reacomodar el reparto amañado del poder.

En ciertas circunstancias históricas un mal pacto puede ser lo más conveniente, más cuando los supuestos culturales para algo mejor no están aún asegurados. El pacto de La Habana es ambas cosas. No nos brindará una paz estable y duradera, como pretenden los negociadores. Pero por lo menos permitirá cambiar un conflicto político por más criminalidad organizada. En la construcción de nación y de Estado de derecho es ganancia que grupos sediciosos acepten convivir y “respetar” un orden jurídico democrático. Con el tiempo, si se realizan las reformas estructurales necesarias, habrá oportunidad para construir ese consenso político y esos parámetros éticos que hacen de la vida algo más vivible por anidarse en una sociedad justa, digna y respetable.

El Espectador, Bogotá.