Tres en uno (Arias, Robledo y Cepeda)

Por María Teresa Ronderos  

Los mosqueteros del Polo —Wilson Arias, Jorge Robledo e Iván Cepeda— volvieron a la carga esta semana con nuevas denuncias acerca de cómo el país ha venido entregando, por la puerta de atrás, las tierras de la última frontera agrícola en los Llanos Orientales.

El debate es crucial porque en lugar de estar aprovechando nuestro inmenso potencial agrícola para un mundo que cada vez paga más caro por sus alimentos, estamos empantanados con un conflicto rural violento; tenemos la tierra concentrada en pocas manos, improductivas casi todas; el 65% de los siete millones de campesinos vive en la pobreza, y hemos permitido que en las últimas dos décadas a por lo menos 450.000 familias les hayan robado violentamente sus fincas.

Los mosqueteros plantean tres debates: uno sobre el modelo de desarrollo agrario, otro acerca de las reformas legislativas que promueve el Gobierno para legitimar a posteriori los esguinces que le hicieron poderosos amigos a la ley y un último que pregunta qué pasa con las compras de tierra que han hecho empresarios legítimos y exitosos a posibles cómplices o artífices del despojo.

El Gobierno quiere meterlo todo bajo el paraguas del modelo de desarrollo, porque ese es un debate más cómodo, sin respuestas únicas. ¿Debe Colombia valerse de grandes capitales privados para desarrollar su campo porque traerán el empleo y la prosperidad para sacarlo de la pobreza? ¿Es mejor que sea el Estado el que ponga ese capital y bienes públicos al servicio de los medianos y pequeños campesinos para que ellos sean el motor, porque sólo así habrá un desarrollo equitativo y sostenible? ¿Se pueden combinar las dos fórmulas?
Ante el segundo debate el Gobierno disimula, pero es innegable que ha dejado su ondeada bandera anticorrupción algo raída. Su exembajador en Washington asesoró a potentes empresarios en creatividad legal para que pudieran acumular tierras que originalmente habían sido baldíos adjudicados a campesinos pobres, y su ministra de Educación compró una Unidad Agrícola Familiar, del mismo origen, para que un complejo agroindustrial la explote en conjunto con otras UAF hasta sumar 25.000 hectáreas. Las acumulaciones en la propiedad o en el uso se pasan por la galleta el sentido de la Ley 160 de 1994 y los subsiguientes fallos judiciales, que han buscado construir equidad en el campo, restringiendo la acumulación de tierras de origen público para todos. Este gobierno alega que estas normas están impidiendo la inversión que necesita el campo para crecer. Si fuera sólo un asunto de qué hace al campo más productivo, estaría en todo su derecho de cambiarlas. Lo que cuestionan los congresistas es la transparencia del proceder: no es correcto sanear retrospectivamente ardides legales, privilegiando los intereses de empresarios tan cercanos.

Y el tercer debate, en otra órbita de la ética pública, pone al Gobierno contra la pared. La pregunta con la hacienda El Brasil que La Fazenda le compró a Víctor Carranza, como lo documentó VerdadAbierta.com, o como denunció esta semana Arias, con Manuelita, que le compró fincas a un exgobernador de Casanare involucrado con el paramilitarismo, no es cuán productiva es La Fazenda o cuánto empleo generará Manuelita; ni siquiera si hicieron una acumulación indebida de tierras provenientes de baldíos; las preguntas aquí son más delicadas: ¿se prestaron o no para lavar un despojo violento? ¿A ellos también se les van a legalizar sus adquisiciones? ¿Puede el Gobierno con un ojo llorar con las víctimas y clamar la restitución, y con el otro llorar por los empresarios que les compraron las tierras a los victimarios o a sus cómplices y clamar legalización? ¿Qué visión de país es esa?

El Espectador, Bogotá, 16 de agosto de 2013.