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Un nuevo caso de acaparamiento de baldíos, en el que están involucrados el Ingenio Manuelita y personas asociadas con el narcotráfico y grupos paramilitares, así como una red de intereses en la adquisición de tierras de reforma agraria por parte de familiares de la ministra de Educación, María Fernando Campo Saavedra, denunciaron durante debate en la plenaria de la Cámara, los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias Castillo e Iván Cepeda Castro.

El representante Arias Castillo denunció que el grupo económico vallecaucano Manuelita, a través de empresas pertenecientes a éste, se habría hecho a la compra de al menos 17.700 hectáreas en Orocué, Casanare, en predios baldíos adjudicados inicialmente a campesinos. En la tradición de los predios, aparecen personajes como Gelber Mauricio Oicata Morales, conocido testaferro de alias “El Loco” y de “Cuchillo”, al igual que el político conservador Oscar de Jesús López Cadavid, exgobernador y exrepresentante a la Cámara, condenado por concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares. Estos vendieron a nombre propio y a través de empresas varios de esos predios a las compañías Aceites Manuelita S.A. y Hacienda San José, empresas de propiedad de la familia Eder del Valle.

Se trata, explicó Arias, de compras de tierra en una zona azotada fuertemente por la violencia paramilitar desde la década de 1980, donde según un informe, hubo 2.553 desaparecidos entre 1986 y 2007. Allí, se han venido desarrollando proyectos de explotación petrolera, cultivos de palma de aceita, entre otros.

“A los casos ya denunciados de acumulación de baldíos y violación a la ley 160, se suma éste, en el que se ven involucrados agentes de la mafia y el paramilitarismo con prestantes familias de empresarios, hechos que pongo en conocimiento de las autoridades competentes para que procedan con su investigación”, señaló el representante Arias Castillo, quien agregó que “la Ley Urrutia que prepara Santos, no puede pretender legalizar tales compras o favorecer a grandes emporios, o a empresarios que se hicieron a tierras adquiridas por actores que desalojaron campesinos mediante una convergencia criminal”.

Cepeda cuestiona uso de baldíos adquiridos por empresas relacionadas con Ministra de Educación

Durante en debate citado por los representantes a la Cámara, Wilson Arias, Hernando Hernández e Iván Cepeda este 14 de agosto, se dieron a conocer nuevos casos de mecanismos utilizados para la compra y posterior acumulación o usufructo de baldíos adjudicados a campesinos en proyectos agroindustriales en Vichada. Como representantes legales de algunas de estas empresas aparecen la ministra de Educación y expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Fernanda Campo, y otros miembros de su familia.

El congresista Iván Cepeda rechazó los mecanismos de despojo y de adjudicación y acumulación fraudulenta de predios en varias regiones del país que han denunciado otros congresistas del Polo Democrático.

Cepeda Castro expuso un caso que busca evidenciar el proceso de reacumulación de baldíos para el usufructo de un proyecto agroindustrial de caucho, originalmente destinados para el campesinado. Se trata del caso de la ministra de Educación, María Fernanda Campo y diferentes miembros de su familia, quienes constituyeron SAS para comprar baldíos adjudicados en Vichada, siendo en ese momento presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Aunque no se configuraría una ilegalidad porque cada SAS compró una UAF sin sobrepasar lo permitido por ley, se cuestiona que una misma familia cree varias SAS para realizar dichas compras y luego ponga esos predios al servicio de un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es el exesposo de la ministra, Rubén Darío Lizarralde.

“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los habitantes rurales. Por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, declaró Cepeda.

El legislador apoyó la iniciativa de Wilson Arias, de pedirle al presidente Juan Manuel Santos que revele los conflictos de interés de todos los funcionarios y aliados del Gobierno que han acumulado tierras, que constitucional y legalmente son para campesinos, así como concluir los procesos de constitución de las Zonas de Reserva Campesina que están en trámite.

Del mismo modo, advirtió que a raíz de estos cuestionamientos, el Gobierno Nacional debe abstenerse de presentar el proyecto de la llamada Ley Urrutia al Congreso.

Con respecto a las Zonas de Reserva Campesina, argumentó que las objeciones que se han presentado frente a dicha figura que busca proteger la territorialidad y la economía campesina, no tienen fundamento teórico ni empírico.