Democracia, equidad social, derechos humanos y Estado Social de Derecho son acepciones utópicas para la Colombia de comienzos del siglo XXI. Estas expresan aspiraciones, o si se quiere, ideales de difícil alcance, puesto que al país lo han encasillado sobre cánones neoliberales en lo económico; desintitucionalización en lo político; subordinación en materia de política internacional; inequidad en lo social; y complicidad e impunidad frente al fenómeno paramilitar.

Por eso es que Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo, considera que es pertinente reconstruir al país desde la solidaridad y la dignidad.

"No se trata, como a veces se dice con mucho candor, de reconstruir la ética ciudadana, que nunca ha existido, ni de volver a los viejos valores que en nuestra sociedad sólo han tenido una vigencia aparente". De lo que se trata, en su concepto, es de "infundir una educación conducente a identificar valores y apropiárnoslos como personas libres porque se nos ha infundido una precaria ética del temor cuya fragilidad se ha mostrado hasta la saciedad". Pero esa "ética autónoma" que propone, "solo es dable en una sociedad donde la gente se sienta solidaria porque sabe que se la trata con dignidad".

De esta manera se comenzará a construir Democracia, con mayúscula, de la que ha carecido Colombia prácticamente desde su emancipación.

“Es inconcebible que si la democracia es el gobierno de las mayorías y representa el triunfo del interés general, ¿cómo es posible que esas mayorías hayan decretado el infortunio en que se encuentran? Y ¿cómo es posible entonces que pueda hacer parte del interés general el que en Colombia haya pobres, haya miserables y que la riqueza esté tan mal distribuida?", se pregunta el dirigente del Polo Democrático Alternativo.

Las siguientes reflexiones de Gaviria Díaz sobre el gobierno de Uribe, Estado de Derecho, el conflicto interno colombiano, democracia y coyuntura política, están contenidas en dos entrevistas que en diferente tiempo concedió a los directores de la revista Contravía y del Observatorio latinoamericano www.cronicon.net, Héctor Peña Díaz y Fernando Arellano Ortiz, respectivamente, y que para efectos de este ejercicio periodístico se han fusionado.

UN GOBIERNO REACCIONARIO Y RETARDATARIO

Uno de los aspectos que define al gobierno de Uribe es su política de seguridad democrática. En términos generales, ¿cuál es la crítica más profunda que usted le hace a esta política?

Yo no creo adecuado afirmar que el eje de la política de Uribe sea sólo la seguridad democrática. El eje de Uribe está constituido por dos políticas bien articuladas que se alimentan mutuamente y son: la política de orden público, que él ha llamado de una manera sugestiva pero muy poco real “política de seguridad democrática”, y la política económica, que es sin duda una política de cuño neoliberal; esas dos políticas se alimentan mutuamente por una razón: porque yo pienso que la propuesta del actual Presidente es la propuesta más retardataria que se le ha hecho al país en mucho tiempo, desde 1950 no se ha hablado en el país un lenguaje tan definitivamente conservador y reaccionario, desde la época de Laureano Gómez no se hablaba ese lenguaje oficial y algo mas, creo que esta propuesta es mucho más peligrosa que aquella porque justamente es una propuesta mejor pensada, mejor articulada y no todos lo ciudadanos han descubierto hacia qué apunta el gobierno.

A mi juicio el gobierno apunta a mantener un estatus absolutamente inequitativo como el que existe en el país, y mantener ese estatus bajo una promesa: derrotar a la guerrilla por la vía militar. La gente está tan aburrida, está tan exacerbada con la violencia que viene padeciendo, que por esa promesa es capaz de pagar un costo muy alto. Pacificar al país sólo por la vía militar no es muy probable que se logre, pero sí un grave deterioro de los derechos humanos y digamos ente comillas pacificado así el país se quedaría en las mismas o peores circunstancias en las que hoy está.

La propuesta del doctor Uribe es muy simple, el Estado que él llama el Estado comunitario implica el desmonte del Estado Social de Derecho. Y detrás del estado comunitario lo que hay es esto: persuadir a los sectores pobres del país que son unos privilegiados porque no están en la miseria, pero hasta allí llega la solidaridad.

Admitamos que hay un éxito relativo en cierta contención de los problemas de orden público, ¿no cree que al mismo tiempo eso ha puesto de presente el tema social en una dimensión más amplia, es decir que ha dejado al descubierto lo que usted señala?

Yo creo que más bien ha actuado como un anestésico. La gente con tal de que le demuestren seguridad y es una seguridad bastante artificial. Porque, ¿podemos decir que en un país hay seguridad cuando para uno viajar por una carretera hay que ir escoltado de batallones?

LA VIOLENCIA COLOMBIANA TIENE CAUSAS OBJETIVAS

¿Usted no cree que hay en la realidad colombiana razones para una resistencia civil, elementos incluso para explicar el grado de violencia que tiene la sociedad colombiana y para entender la persistencia de la vía armada?

Yo creo que se ha puesto de moda desde hace tiempo en Colombia decir que el fenómeno de la subversión no tiene nada que ver con la pobreza del país y se aduce del hecho de que muchos países pobres no tienen ese fenómeno de la violencia. Yo tengo varias respuestas. En primer lugar desde Spencer se hizo una asimilación de la sociedad a un organismo animal, no todos los organismos reaccionan de la misma manera. El hecho de que un pueblo tan pobre como el colombiano no reaccione como ha reaccionado el pueblo colombiano, no significa que el fenómeno de la pobreza no tenga nada que ver con el fenómeno de la violencia.

En segundo lugar, es un hecho que si el fenómeno de la pobreza no es un factor eficiente de la situación de violencia que vive el país, un factor adicional muy grave y muy irritante aún es el factor de la distribución inequitativa de la riqueza y, por tanto, lo que me parece que hay que hacer para contrarrestar la lucha armada es justamente arrebatarle las banderas, es decir, por una parte hacer claridad acerca de cuál es la propuesta del gobierno, para dónde va el gobierno, ya que hay otrase sendas y esas sendas podrían librarse por la vía democrática.

A propósito del nuevo macartimo en que se ha convertido la lucha contra el terrorismo en el mundo: ¿no cree usted que caracterizar exclusivamente como terrorista a los grupos armados en Colombia significa no dar ninguna salida política al conflicto armado?

A mi me parece que es un grave error asimilar la insurgencia colombiano a un movimiento terrorista; hay que ser realista, no hay que escamotear los hechos. La insurgencia colombiana comete actos de terror, ha incurrido en actos terroristas, pero negar que la insurgencia colombiana tiene un proyecto político y causas sociales, me parece a mí un error.

Considerar que los grupos insurgentes son simplemente terroristas, me parece una táctica fácil para enmarcarlos dentro de lo que se ha denominado la lucha contra el terrorismo. La guerrilla en tanto está constituida por un fenómeno de delincuencia político-social, se puede dialogar y creo que ella tiene ese carácter político; ahora en cuanto a sus actos terroristas y en cuanto a autores de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra debe responder por tales hechos.

Gerry Adams, el líder del Sinn Fein que fuera brazo político del IRA, ha dicho que “la paz no es sólo la ausencia de conflicto, es la presencia de justicia”. Y en Colombia estamos muy lejos de tener un sistema jurídico aceptable. Por lo tanto, ¿estará muy lejano el día en que podamos contar con un aparato judicial respetado y respetable?

Con esa palabra se juega bastante porque es equívoca pues es utilizada en muchos sentidos. Una cosa es el aparato de justicia y otra es la justicia material. Un aspecto es que el aparato de justicia funcione y las personas puedan acudir ante una autoridad y esperar fundadamente una decisión equitativa en derecho, y otro es que exista una distribución adecuada de las cargas y de los bienes, de manera que yo no creo que la paz sea la ausencia de conflictos, sino que lo que determina que haya paz en un Estado es la existencia de canales regulares legítimos para resolver los conflictos. En una comunidad no solo tiene que haber conflictos sino que es deseable que se presenten porque el conflicto enriquece. Eliminar el conflicto de la historia de un pueblo no solamente es utópico sino deseable y esos mecanismos legítimos para su resolución deben gozar de la aceptación de las personas y de la comunidad política.
También se habla de que para que haya paz debe haber justicia y creo que en este planteamiento hay más una aspiración que otra cosa. Es decir, uno aspiraría a que la paz de cada pueblo se fundamente en la justicia y podríamos establecer un juego dialéctico muy difícil de resolver que es este: la paz es una condición de la justicia o la justicia es una condición de la paz. Es difícil establecer, es como el problema del huevo y la gallina, ¿cuál fue primero?

La intrincada historia colombiana nos muestra que el Derecho y las leyes no han sido instrumentos que garanticen la igualdad, los derechos de los ciudadanos y la libertad, sino que, por el contrario, han sido mecanismos de dominación para la preservación de privilegios. ¿Esto confirmaría la tesis de Adams en el sentido de que mientras no haya justicia no habrá posibilidades de que cese la sublevación armada?

Creo que en el Estado que se encuentra Colombia, si nosotros nos preguntamos por qué existen los grupos subversivos, por ejemplo, deberíamos responder, o esa es mi postura personal, que estos grupos son organizaciones que en realidad tienen un objetivo político y es muy fácil despachar la cuestión como se está haciendo ahora, negándoles una connotación política y asimilándolos a simples narcotraficantes. Yo creo que el narcotráfico los ha contaminado, pero la existencia de estos grupos se justifica en función de esa naturaleza política. Se ha vuelto común también decir que la pobreza tiene muy poco que ver con la violencia, que hay pueblos muy pobres que sin embargo son pacíficos, yo creo que el asunto no es tan simple, en mi concepto, la pobreza no ha sido la que ha dado origen a esos grupos guerrilleros sino la inequidad, es decir la distribución inequitativa de la riqueza. Para mí esa es una causa objetiva de la violencia sin duda alguna, pero si vamos más allá del problema hay que decir que para salir del Estado anómico, y cuando hablo de anomia quiero significar un Estado en que no hay normas que logren controlar la conducta de los ciudadanos, es necesario plantearse esta disyuntiva: ¿será que se hace necesario lograr antes lo que llamamos la justicia o podríamos pensar que para obtener una sociedad más justa necesitamos un mínimo de paz?

LA MADUREZ DE LA IZQUIERDA

¿Cuándo usted habla de izquierda democrática quiere decir que hay una izquierda no democrática?

Pues es evidente, claro. Porque la insurgencia siempre se ha proclamado de izquierda y ha dicho que sus luchas son por una sociedad igualitaria, por una sociedad menos injusta, ese ha sido siempre un postulado de izquierda. Pero cuando nosotros decimos que somos de izquierda democrática, queremos significar que nuestra lucha es estrictamente por las vías del debate, por la vía electoral y que desechamos completamente el uso de las armas.

¿Qué concepción tiene usted de lo que hoy se denomina Socialismo del siglo XXI?

Yo creo que justamente una de las diferencias entre esta nueva concepción y la clásica del socialismo es que esta del siglo XXI tiene siempre presente a la persona y, por tanto, yo nunca he vivido como contradictoria mi adhesión a una ideología de izquierda y mi defensa de los derechos humanos y del individuo.

DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA

Durante los primeros años de la emancipación de Colombia se vivió lo que se ha denominado Patria Boba. ¿Considera usted que no estábamos maduros culturalmente para dar el paso de la independencia y, por lo tanto, comenzamos mal nuestro proceso político?

Yo siempre he desechado esa opinión, a mí me parece que señalar que no estábamos maduros para separarnos de la corona española implica una afirmación y es que para ser independiente o para gobernarse por sí mismo los pueblos requieren un grado de madurez. Lo que habría que preguntarse sería ¿cuál es ese grado de madurez? ¿Cómo se mide ese grado de madurez y quién lo determina? Siempre he pensado que la autonomía, la democracia, se aprenden practicándolas como en la natación. No es posible entrenarse para ser autónomo o entrenarse para ejercer la democracia sino que tanto la democracia como la autonomía se aprenden practicándolas, de manera que no comparto la opinión de que muy probablemente nosotros nos separamos de España prematuramente. Pienso que de admitir esa opinión todavía podríamos estar dependiendo de la corona española y estaríamos pensando que aún no somos maduros para separarnos.

¿Usted comparte la tesis del ex presidente Alfonso López Michelsen de que nuestras instituciones tienen un origen calvinista desde el punto de vista religioso?

No diría que desde el punto de vista religioso nuestras instituciones tienen un origen calvinista sino que plantearía las cosas al revés: que la religión calvinista tiene mucho que ver con nuestras instituciones, a mí eso me parece que es indiscutible en el sentido de que en realidad el régimen nuestro es bastante copiado del norteamericano y de su Constitución y dicho sistema tiene ese origen. Las colonias que se establecieron en Estados Unidos venían en busca de libertad religiosa porque huían del fanatismo anglicano y eran grupos religiosos con una cierta concepción democrática. Sin duda ese modelo tuvo que ver con la organización política nuestra.

En el siglo XIX este país tuvo más de una docena de constituciones, porque cada caudillo o político que llegaba al poder quería implantar la suya. ¿Esta situación permitiría afirmar que en Colombia en esa centuria no se puede hablar de Estado de Derecho, así sea meramente formal?

Vale la aclaración de un Estado de Derecho en sentido formal porque el Estado de Derecho entre nosotros sigue siendo todavía irreal. Yo he considerado que el Estado de Derecho y la democracia no solamente entre nosotros sino entre los países que podríamos considerar más avanzados y políticamente más maduros siguen siendo una utopía. Una utopía en el sentido de que es una ideal que aún no se ha alcanzado a plenitud y si en los países políticamente avanzados no se ha logrado consolidar, pues entre nosotros muchísimo menos porque las instituciones en Colombia han servido simplemente como fachada para ocultar unas relaciones de poder que se ejercen de manera no transparente, cuando la realidad demuestra que la vida transcurre, generalmente, al margen del ordenamiento legal. Lo que el Estado de Derecho se propone es un propósito muy claro y es el de erradicar la arbitrariedad sometiendo también a los gobernantes a las reglas. Para que haya Estado basta que exista una comunidad política, es decir un grupo de personas que obedecen a un solo poder y por lo tanto ese poder puede ejercerse de diferentes maneras, entre otras, de una forma despótica, mediante una monarquía pura o una dictadura, pero de lo que se trata es de establecer reglas para que las personas que ejercen el poder estén sometidas a ellas y de esta forma borrar la línea divisoria entre gobernantes y gobernados.

ESTADO DEMOCRÁTICO Y ESTADO LIBERAL

Al recibir la condecoración José Félix de Restrepo de la Universidad de Antioquia en el año 200, usted trajo a colación un episodio histórico entre este jurista con el general José María Córdoba, en el que queda claramente reflejado el profundo respeto por las convicciones ajenas por parte de uno y otro. Lo que ha faltado en Colombia y puede que de allí parta la crisis permanente del Estado de Derecho en este país ha sido precisamente, el respeto por las instituciones, por las reglas de juego establecidas. ¿Allí habrá que buscar la causa a nuestros males?

El problema del respeto por la opinión ajena se articula bien dentro de un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es incluso compatible con muchas restricciones de algunas libertades o con el desconocimiento de ellas. Aquí hay que hacer una diferencia entre un Estado democrático y un Estado liberal. El Estado liberal es el Estado en el que se respetan las libertades pero éstas pueden ser protegidas dentro de una dictadura o dentro de una monarquía, el ejemplo de los déspotas ilustrados es ese. Se respetaba la libertad como una gracia, como un don del gobernante. En cambio, en la democracia de lo que se trata es de que sea la mayoría la que decida. Dentro de esa decisión mayoritaria puede perfectamente concebirse restricciones a las libertades. Por lo tanto el liberalismo y la democracia se avienen bastante bien, pero hay que distinguir una cosa de otra porque cuando hablamos de Estado de Derecho estamos refiriéndonos a una técnica de organización política.

Usted nos concreta un marco teórico del Estado de Derecho. ¿En el caso colombiano, no hemos sido coherentes en la construcción de un proyecto político que redundara en una aproximación al concepto de Estado de Derecho?

Lo que creo es que no hemos tenido una organización de Estado aceptable siquiera. Las cosas han venido empeorando por causas de muy distinta índole y los males que nos afectan son el resultado de nuestro proceso histórico.

COLOMBIA HA CARECIDO DE DEMOCRACIA

El Estado colombiano ha sido miope para enfrentar los casos de inconformidad y protesta social. Fue miope nuestra clase dirigente cuando en 1964 no pudo atender los reclamos sociales de 48 campesinos y, por el contrario, los atacó con bombas de napalm y habló de "Repúblicas Independientes" y ahora tiene que verse obligada a confrontar con un ejército de más de 20 mil hombres que se autodenomina Farc. ¿A que atribuye usted esa miopía política de la clase dirigente colombiana?

Sí, yo pienso que la clase dirigente colombiana ha sido bastante miope y esa miopía se ha revelado en muchas circunstancias, le voy a citar una: el estadista colombiano más importante del siglo XX fue Alfonso López Pumarejo porque entendió que todo el descontento nacional que tenía causas objetivas, únicamente podría ser contrarrestado con una modernización del Estado, con instituciones que permitieran una distribución más equitativa de la riqueza, una reforma agraria como en ese momento se pensaba, con instituciones incluso más democráticas que las que nos venían gobernando y sin embargo esas reformas rápidamente fueron frenadas y tuvieron oposición, además, al interior del propio partido liberal, con esto quiero indicarle algo y es que la clase dirigente colombiana siempre ha pensado que la única manera de contrarrestar el descontento nacional que la mayoría de las veces ha sido justificado, es mediante el uso de la fuerza y no al revés y es que en Colombia lo que nunca hemos tenido es democracia. Creo que en ese sentido el constituyente del 91 tuvo un acierto porque ensayó una vía distinta a la que tradicionalmente se había experimentado y es que en un momento desesperado que yo insisto en llamar anómico, cuando la conciencia estereotipada indicaba que había que poner mano fuerte, y por lo tanto consolidar un Estado menos democrático y más dictatorial, ese constituyente, repito, hizo un diagnóstico objetivo y planteó un gobierno amable, democrático y optó por un catálogo de derechos y libertades. Esa, creo yo, era la vía correcta y reitero que fue un acierto del constituyente del 91. Lo que ocurre es que la Constitución del 91 es una Constitución muy joven y seguimos preguntándonos si esa es una Carta buena porque seguimos estando en lo que estamos. Yo pienso que si esa Constitución no se hubiera expedido en esa coyuntura estaríamos en una situación más dramática de la que estamos viviendo.

¿Por qué lo dice?

Voy a citarle un ejemplo: indiscutiblemente un símbolo de la Constitución del 91 es la acción de tutela y ella se ha constituido en un instrumento de paz como nunca había existido en Colombia. Y un instrumento de paz por esto, porque una de las fuentes mayores de violencia es la impotencia del ciudadano frente a la impunidad y a la falta de respuesta del aparato de justicia. Cuando el ciudadano sabe que hay una autoridad judicial que puede y debe remover esas circunstancias de intensidad que está viviendo derivadas del desconocimiento de sus derechos, de la restricción injustificada de sus libertades, entonces ese ciudadano empieza a tener confianza en algo muy importante que es el derecho y a cambiar la concepción tradicional de derecho que es la de consagrar, de mantener, de legitimar privilegios, y no como debe ser, una manera de repartir más equitativa las cargas y los bienes del Estado. Por eso creo que la tutela ha contribuido a disminuir el conflicto en el país, eso parece una paradoja cuando Colombia está viviendo circunstancias como las que estamos padeciendo. E insisto, la Constitución del 91 ha sido un catalizador positivo en el empeño de paz de los colombianos.

CONSTITUCIÓN DEL 91 Y GLOBALIZACIÓN

A comienzos de la década de los 90 Colombia estrenó nueva Carta Política. Algunos consideran que su gran defecto radica en que es una colcha de retazos, y otros señalan que ese, en cambio, es su gran virtud, porque fue fruto del consenso y no de la imposición como ha sido la generalidad de las constituciones en este país. ¿Cuál es su opinión?

La Constitución del 86 se mantuvo como una fachada para dar la impresión de que nosotros teníamos una vida civilizada, cuando en realidad la vida discurría al margen del ordenamiento legal. El temor que yo tenía con la Constitución del 91 es que pasara lo mismo que con la Constitución del 86, que fuera una Constitución en el papel y no en la acción, esa distinción la han hecho los juristas de la Escuela Realista norteamericana y yo la considero completamente pertinente. Ellos dicen, para saber cuál es el derecho que en un pueblo rige no hay que estudiar en los códigos, ni hay que estudiar las normas de la Carta Fundamental, lo que hay que ver es por qué cauces discurre la vida de esa sociedad. En los Estados Unidos existe una Constitución escrita, formal, que no existe en Inglaterra. La Constitución norteamericana es muy breve y en Inglaterra ese documento ni siquiera existe sino que por tradición se respetan ciertos textos a partir de la Carta Magna y el Bill of Rights, y no solamente eso, sino una práctica de respeto por los derechos que no tienen que estar consignados en ninguna parte. Es que los ingleses llegaron al Estado de Derecho por la vía inductiva, a partir de la práctica que les enseñó que la mejor manera de convivir era el respeto por los derechos de los demás y una distribución más razonable de la riqueza, mientras que en Francia se empezó al revés: una declaración de principios, una declaración de los Derechos del Hombre, la Revolución, una serie de constituciones y eso ilustra muy bien dos idiosincrasias muy diferentes. Volviendo al caso colombiano, la Constitución del 86, en mi opinión, no rigió nunca porque en la práctica lo que rigió fue el artículo 120 que determinaba un estado de excepción permanente. Era difícil que a uno le entendieran en auditorios extranjeros esa circunstancia de que en Colombia vivíamos en permanente estado de excepción y como se volvió común ya no era excepción, pero lo seguíamos llamando de esa manera. Lo importante de la Constitución del 91, entonces, es su legitimación en el sentido que la gente se siente más dueña de esa Carta y yo pienso que se empezó bien porque así la Asamblea Constituyente de 1991 no fuera representativa de todos los sectores que constituyen la comunidad colombiana, al menos sí fue mucho más representativa que las asambleas anteriores que se habían ensayado para expedir constituciones. Al mismo tiempo me parece que el paso que se dio de la democracia representativa a la democracia participativa y de haber ensayado más formas libertarias indica la tendencia del constituyente de experimentar una vía más democrática. En cuanto a la parte filosófica y dogmática de la Constitución del 91 hay que decir que es bastante buena porque constituye un universo axiomático muy rico que demuestra la carencia de una vida comunitaria valiosa en Colombia y lo que se ha hecho es señalar como ciertas metas deseables, ciertos postulados que deben ser respetados como por ejemplo, el postulado de la igualdad que ni siquiera estaba formulado en la Constitución anterior. Si bien algo más de una década es muy poco, si estoy seguro que la Constitución del 91 ha regido mucho más de lo que rigió la Constitución de 1886.

En la década de los 90, Latinoamérica estrenó nuevo modelo económico, el cual ha acentuado las desigualdades. ¿Considera usted que con el neoliberalismo estamos frente a la "dictadura" del Pensamiento Único, pues aún no hay alternativa a la vista?

Desde la óptica de la filosofía liberal que yo profeso considero que la globalización es una realidad y es inevitable, lo que hay que observar es de qué manera sus efectos sean positivos. Ahora, no creo que el libre juego de las leyes económicas depare la felicidad y la justicia de una sociedad. Soy partidario de la intervención del Estado y en ese sentido tengo una posición de izquierda democrática. No es posible que una persona que se encuentra en condiciones de miseria se diga titular de derechos. Para que esas libertades tengan vigencia es necesario que el país cambie esa infraestructura inequitativa.

Carlos Gaviria: El reto de una Colombia justa. Ediciones Veramar, Bogotá, abril de 2006.