Justicia transicional y multinacionales minero-energéticas

Por Rodrigo Rojas Orozco  

Se ha hecho cada vez más evidente el vínculo que tuvieron las compañías del sector minero-energético con el conflicto colombiano y esta realidad tiene implicaciones que están pendientes de resolverse.

Las inversiones que manejan y las áreas de operación en zonas rurales, muchas de ellas con débil presencia estatal, hicieron que acumularan una gran capacidad de incidencia regional y un privilegio poco común internacionalmente, como es el firmar contratos de seguridad directamente con las fuerzas militares y la Policía.

La actividad minero-energética por sus impactos ambientales y sociales cuando no está asociada a una práctica amigable con las comunidades afectadas tiende a crear conflictos y tensiones que degeneran en acciones violentas.

Las audiencias de Justicia y Paz han sido el espacio en que reiteradamente los desmovilizados han contado sobre vínculos de algunas de estas empresas con las autodefensas, que llegaron incluso a crímenes contra sindicalistas y desplazamiento de las comunidades. Aunque la judicialización de estos casos no avanza en la justicia ordinaria colombiana, si existe cada día más conciencia de la comunidad internacional sobre su ocurrencia, su corresponsabilidad y en consecuencia la necesidad de que se deben tomar medidas y buscarle salidas extrajudiciales y judiciales a estos desafortunados hechos.

El proceso de finalización del conflicto armado es una oportunidad para discutirse y resolverse la participación de las multinacionales mineras, petroleras y energéticas en la financiación y apoyo a las organizaciones armadas, pero sobre todo para abrir un proceso de reconciliación con las comunidades más afectadas por estas acciones. Reconciliación que implica verdad, reparación y garantía de no repetición.

Los daños han sido enormes y son miles las familias damnificadas, verdad que ya no pueden ser ocultadas más y la respuesta de los empresarios debe ser de igual magnitud. Su contribución a la solución del conflicto debe ser evidente, responsable y urgente

En ese orden de ideas el gobierno nacional debe propiciar encuentros de reconciliación entre las comunidades de víctimas directamente afectadas, con las respectivas multinacionales involucradas en acciones de agresión y con acompañamiento internacional, que dé garantías a las partes y le haga seguimiento a los acuerdos que se pacten.