Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia

Por Alfonso Cuéllar Solano  

Con este título se desarrolló la presentación en la Cámara de Comercio de una recopilación de artículos de expertos en temas agropecuarios a invitación de OXFAM, en un esfuerzo por apoyar la investigación rural venida a menos en Colombia desde hace por lo menos 25 años e ingrediente muy relevante en el marco de las negociaciones de paz de La Habana.

La Introducción de Aida Pesquera, directora en Colombia de la organización convocante informa que esta es la tercera publicación de la campaña CRECE cuyo eje central es la inclusión en el Desarrollo Rural colombiano como una condición en la solución del conflicto armado, conflicto que ha significado desde violación de los derechos humanos y barreras  para acceso a la equidad de pobladores rurales, indígenas y comunidades afro, hasta el peligro de extinción para amplios ecosistemas del país.

Una presentación  de Luis Jorge Garay describe el escenario en el cual se desenvuelve  el desarrollo rural del país que como lo expresa el acuerdo alcanzado en La Habana es “un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado”, que argumenta con el concepto de globalización (p. XIII) como expresión concreta en lo local y que presenta nuevos retos a la política de regulación publica ante la geofagia de inversionistas internacionales y nacionales para seguir acaparando suelo y subsuelo del país, conducente a ahondar la de por si precaria condición de inequidad de las poblaciones rurales pobres, castigadas con el desplazamiento forzado y la pérdida de sus tierras y vidas a manos de los grupos de poder fáctico.

Crisis alimentaria y ambiental

El primer capítulo de Robert Bailey “Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados” dedicado a recalcar la situación alimentaria mundial que enfrenta los retos del “cambio climático, degradación ecológica, crecimiento de la población, subida del precio de la energía, creciente demanda de carne y productos lácteos y la competencia por la tierra entre los biocombustibles, la industria y la urbanización.” Bailey da cuenta que los precios de los alimentos “pueden subir entre un 70 y el 90 por ciento” (p. 23) para el 2030 y que por efectos del cambio climático la mencionada cifra podría hasta duplicarse. Parar esta situación implica una mirada diferente de enfrentar el reto, la de aquellos que miden la eficiencia únicamente por las ganancias en sus balances y no por el aprovechamiento del enorme potencial para incrementar los “rendimientos de la agricultura a pequeña escala” y el uso intensivo de todos los factores y los resultados colaterales.

Además, hace un inventario de otras situaciones como la “nueva especie de inversores en tierras”, la extinción de selvas enteras en el mundo con la palma africana cuyo aceite es cada vez más utilizado en fabricar combustibles dado el alto precio de estos y su demanda cada vez creciente de la industria automotriz. La Ford acaba de ampliar su planta de producción de motores en China hasta producir 450.000 anuales, esto es, la misma cantidad de coches rodando por el mundo y esto solo de un productor. Mientras tanto, no crece en la misma proporción la producción de alimentos por lo que Bailey prevé que los gastos en alimentos suban en el hogar medio de África un 53 % y en Asia hasta un 64 %, esto para el 20 % más pobre de la población. El anuncio para “los países andinos, es que, los precios del trigo y del maíz subirán un 25 por ciento hasta el 2020 y en el caso del maíz, un 65 por ciento hasta el 2030.” (p. 37)

El panorama es desolador si damos cuenta del cambio climático que según Bailey puede reducir la producción de alimentos básicos, por ejemplo, de trigo en Brasil en un 20 %; maíz en África en12 %; en China el arroz en un 9 %. En tales condiciones se pone de presente la necesidad de romper lo que denomina los “cuatro mitos sobre los pequeños productores”: como son la baja productividad, el rechazo a la tecnología y la innovación, la aversión al uso del riego y a los mercados. Finalmente, el artículo de Bailey concluye con una amplia bibliografía súper útil de repasar por todos aquellos investigadores que quiera ahondar en el tema.

Dentro de la perspectiva de solución de la crisis de producción de alimentos y la autonomía, hay una segunda investigación  que refuerza una constante histórica en Colombia como es, “La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombianos” (pp.69-113) investigación realizada por Forero, Garay, Barbieri, Clara Ramírez, Myriam Suárez y Gómez de trayectoria por su experticia en el sector rural, retoman el estudio de la eficiencia  de los pequeños agricultores, que ha tenido pioneros como Fals Borda y los estudios microeconómicos de Albert Berry. La conclusión de estos investigadores con un universo restringido pero diciente, es que  “los pequeños agricultores, así como los agricultores familiares, muestran nítidamente no solamente eficiencia sino capacidad para generar desarrollo económico y soluciones efectivas a la pobreza rural” y cabe un agregado: resolver algo apremiante como es la alimentación y el empleo de la familia rural. Aspectos estos clave si se tiene en cuenta que entre los acuerdos acordados en La Habana se destaca “la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.”

Inversión extranjera en tierras y DRS

La parte 3y 4 sobre “Acaparamiento e inversión extranjera en tierras ” y “Derecho Real de Superficie” (DRS) trata el tema clave de la futura política de tierras que se gesta con la Ley 1448 de Restitución de Tierras, el primero escrito por Barbieri, Castro y Álvarez y el otro por L .J. Garay.

El asunto es percibido por Garay como un proceso propio de la globalización y Barbieri muestra que la tendencia esta vez no la encabezan los tradicionales imperios, sino naciones emergentes como China, Corea, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes, como si estuvieran repitiendo la historia colonial en África: Congo, Etiopía, Madagascar, Mozambique, Sudan y Tanzania y en países pobre de Asia: Camboya, Laos, Indonesia, Filipinas y Pakistán, con cifras de tierras compradas de 227 millones de hectáreas, esto es, dos veces el territorio de Colombia. En América Latina han adquirido en Argentina el 10 por ciento de la superficie de ese país, por lo que, organizaciones como la FAO y OXFAM han mostrado su preocupación en cuanto al “riesgo de esas inversiones” que pueden causar “desplazamientos y desigualdad” de población rural, impactos ambientales y “dar lugar a la violación de derechos humanos.”

El artículo de Garay dedicado al Derecho Real de Superficie (DRS) nos previene de que en Colombia dada la “inexistencia de un mercado de tierras… la indefinición en los derechos de propiedad de la tierra despojada (superior a los 6,6 millones de hectáreas) resulta necesario analizar la normatividad y la regulación gubernamental para que la implantación de modalidades de mercado como la apertura a la inversión extranjera y por parte del capitales nacionales a través la figura del DRS propenda por una adecuada distribución de la renta del suelo”.

El DRS es una modalidad de arriendo agregada al galimatías jurídico de la enrevesada legislación agraria colombiana derivada del legado histórico del coloniaje español, a su vez tomado de la juridicidad romana. Esta figura “según diversos autores, en países con tradición anglosajona no existe.” Su objetivo es “facilitar la titularización y “securitización” de los ingresos futuros del uso del suelo” para facilitar la acción del capital financiero en los proyectos empresariales, permitiendo un “nuevo marco jurídico para las relaciones entre el inversionista y el dueño de la tierra” donde las mejoras e inversiones en la tierra ya no serán propiedad del dueño de esta, convirtiéndolo apenas en una fuerza de trabajo adscrita a la tierra arrendada y que apunta según Garay a un “aprovechamiento especulativo, ante la probabilidad de la existencia de importantes recursos no renovables en el subsuelo” como puede suceder en el “affaire” Riopaila del Vichada donde se sabe hay ricos yacimientos petroleros. Y que “puede reproducir recias tendencias hacia el acaparamiento del uso de la tierra y/o la concentración de la propiedad de la tierra.” (p. 166)

El DRS al hacer una separación entre los “operadores empresariales” que no compraran la tierra y el “propietario de la tierra” que puede ser el estado o un particular” opera dentro de los cánones de la economía capitalista precedido de un mercado de tierras, que Garay cree contrarrestar con “un modelo de desarrollo rural con enfoque territorial que propenda por una progresiva inclusión social y un reconocimiento del campesinado como agente social, productivo y político para la transformación de la ruralidad en Colombia” (p. 168) para cuyos objetivos Garay cree que “la implantación de figuras como la extranjerización de la tierra y el DRS podrían favorecer y resultar ampliamente atractivas para los capitales empresariales, nacionales y extranjeros, especialmente en el caso de predios campesinos en comunidades desvertebradas, sin institucionalidad pública indispensable y sin políticas rurales incluyentes, como ocurre en muchas regiones de restitución de tierras.” (p. 171) Luego presenta una amplia digresión acerca de la renta del suelo que desafortunadamente no está al alcance de nosotros los profanos.

Volviendo al tema de la inversión extranjeras en tierras planteado por Barbieri este arguye que es imperativo tener regulado en mercado de tierras y “adelantar reformas institucionales profundas… que involucren los regímenes territorial, laboral en el agro y de tributación,” y como guía anexa el “Proyecto de Ley en materia de inversión extranjera” presentado por el Gobierno al Congreso, que por demás dice, que las “inversiones de capital exterior serán definidas por decreto del Gobierno Nacional”, que será un aporte más al enciclopedismo jurídico sobre la tierra.

El 5 capítulo tiene que ver sobre el tema ancestral de “La problemática de tierras y territorios indígenas en el desarrollo rural”. Lo escriben Roque Roldán y Esther Sánchez de Botero y recalca otra vez sobre la necesidad de aceptar el concepto que las comunidades indígenas tienen sobre la tierra, aprovechamiento, manejo y cuidado de los recursos, asuntos que son específicos de las cultura indígena y cuyo primer gran paso en su comprensión y protección lo dio la Constitución de 1991, considerando el sector rural más afectado por el desorden e inseguridad en cuanto al derecho de propiedad sobre la tierra, que inclusive ha reproducido al interior de sus etnias los conflictos de las áreas rurales de blancos, negros y mestizos. Por estas razones son de atender con sumo cuidado las recomendaciones de tipo legal que presenta el escrito destinadas a salvaguardar la población indígena que también puede hacer un aporte no solo a la diversidad cultural, sino a la misma producción agrícola de alimentos. De la bibliografía es de destacar el fárrago de legislación sobre lo indígena posterior a 1991 aun inédita y que sería muy útil publicar.

El escrito 6 es un denso artículo de Absalón Machado,  Carlos Salgado y Sandra Naranjo: “Territorios para el desarrollo de las sociedades y economías campesinas”, dedicado amostrar las transformaciones que han sufrido los territorios de los campesinos según de consultas realizadas in situ en varias regiones del país como los Montes de María, Magdalena Medio y Santander, Valle y el norte del Cauca, el Eje cafetero, Nariño y Putumayo y departamento del Meta, lo que indica un cubrimiento casi nacional. Aborda un panorama de la situación con relación a la tierra y el estado de la discusión en Colombia y los cambios que se han presentado en torno a los territorios con presencia campesina y la conformación de polos regionales, algo así como microrregiones, que debidamente apoyadas podrían llegar a tener un peso especifico en el país para efectos de solucionar la crisis alimentaria y específicamente social de los habitantes rurales, para concluir en la necesidad de lineamientos de política que reconozca la relevancia del campesino como un actor para por ultimo concluir en las Zonas de Reserva Campesina y Zonas de Reserva Alimentaria como organismos especiales destinado a soliviantar la producción de alimentos de manera sostenible. Por su parte en comentarios a estos planteamientos Alfredo Molano recalcó sobre la importancia de las ZRC creadas por el gobierno hace unas dos décadas y la necesidad de que no sean estigmatizadas, por lo poco que se han prestado a ser reservorio de mano de obra para las empresas agrícolas.

Finalmente en: “Propuestas de política pública para el desarrollo de economía campesina en Colombia” escrito por Perry, Barbieri y Garay  con énfasis en tres aspectos: desarrollar las capacidades productivas y empresarias de las comunidades rurales, segundo, nuevos enfoques en cuanto asociatividad necesidad básica para enfrentar los retos de circunstancias cambiantes y participación general de los actores en la gestión de los proyectos, consideraciones de mucha utilidad en la discusión del Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural.

Dos comentarios finales: es notorio que los actuales estudios sobre la nueva ruralidad adolecen de dos faltantes. Uno, es la casi ninguna atención al tema la ganadería extensiva y la ocupación del territorio y su baja productividad. No puede ser que como lo reconoce Fedegan unos 8.000 ganaderos que superan las 1.000 reses cada uno se enseñoreen en una área de más de 25 millones de hectáreas y apenas si paguen impuesto predial , constituyendo la verdadera barrera al progreso del campo y de la nación colombiana. En próxima oportunidad comentaremos la Carta que acaba de dirigir Lafaurie a De la Calle Lombana, pues es muy saludable su participación en el debate nacional. Y en segundo lugar, la atención que es necesario prestar a los sistemas naturales frágiles como la altillanura de los Llanos, la inmensa zona  de la Amazonía y el recurso tal vez mas valioso de todos: los páramos la fuente más importante de vida como es el agua. Todos los tres que por su vulnerabilidad, enfrentan el verdadero peligro de extinción ante el desaforado avance de diversas fuerzas depredadoras. Pero, de todas estas señales de alerta quizás la que merece enfatizar es la crisis alimentaria manifiesta en la importación de unos 10 millones de toneladas de alimentos susceptibles en su mayor parte de producirse en Colombia.

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