Números complejos

Por Alfredo Molano Bravo   

Está de moda hablar del posconflicto. El Gobierno, las ONG, los medios, los expertos en negociación de conflictos, la gente del común. Se pontifica sobre un tema y se alistan proyecciones porque la paz cuesta mucho. Ya se habla de una gran reforma tributaria para atender la demanda de bienes y servicios necesarios para el regreso a la vida civil de 15.000 combatientes. Se calculan presupuestos, se frotan manos y muchas bocas se hacen agua al imaginar las oportunidades que se abren. O que se cierran. 

El general Mejía se ha adelantado al tema y ha dicho que hay que mantener durante otra década entera el pie de fuerza y, por tanto, el presupuesto militar, que hoy se lleva algo más de la tercera parte del presupuesto nacional: 24 billones —el 3,1 % del PIB— para sostener una fuerza de medio millón de hombres. “El posconflicto y sus retos no se conciben sin un Ejército fuerte y poderoso… Se vienen diez años complicados, con retos complejos en materia de seguridad y para eso necesitamos al Ejército, y los soldados son el Ejército”. “Retos complejos…”. Fuera de una guerra con Venezuela o con Nicaragua —que puede ser un argumento que los generales manejen por debajo de la mesa—, ¿cuál puede ser la complejidad, asumiendo que el Eln firme también un acuerdo con el Gobierno? ¿El fortalecimiento de las fuerzas que el Ejército bautizó Bacrim? La existencia de grupos paramilitares no se puede explicar sin un apoyo externo a ellas, llámense empresarios, ganaderos, manzanas podridas o como se quiera bautizar esas fuerzas complejas. Es legítimo que las zonas históricas ocupadas por las guerrillas sean controladas legal y pacíficamente por las fuerzas armadas y de policía, lo que equivale no sólo a un reto sino a una confesión. Pero ¿se necesitará tal cantidad de fuerza para ocupar regiones en las que la Fuerza Pública no encontrará resistencia armada de las guerrillas desmovilizadas? ¿Cómo podrían las Bacrim o los narcotraficantes invadir esas zonas sin el auxilio de una fuerza mayor, que por definición no serían ni las Farc ni el Eln?

El argumento del general Mejía me parece encaminado a mantener el presupuesto y el pie de fuerza para debilitar la oposición gremial que hay dentro del Ejército —sobre todo de coroneles hacia arriba— a un licenciamiento de personal. Los militares no quieren aceptar ser tratados como todos los ciudadanos cuando hay una crisis económica y el Gobierno licencia empleados y las empresas botan obreros a la calle. En este caso no se trata de una crisis, sino de una redistribución presupuestal debido a que las guerrillas se desmovilizan y por tanto se puede licenciar una parte del pie de fuerza y dedicar ese gasto a obras de infraestructura, por ejemplo. El presupuesto militar es poder armado. El presidente Santos se devana los sesos para encontrar una fórmula que le permita reducir el gasto militar para meter esos pesos, producto de la anhelada paz, en algo que le sirva a la economía nacional, como puentes, puertos y autopistas, sin molestar a los militares (el ministro Cárdenas ha dicho que el PIB aumentará 2 puntos con la paz, claro, si se rebaja a 1,5 el presupuesto militar, como en cualquier país en paz).

El general Mejía refuerza su tesis de la complejidad diciendo que necesita mantener el servicio militar obligatorio —que, como lo demostró Viviane Morales, lo es para los de ruana— porque “nos piden más puentes y más obras…” que se hacen y harán con soldados pagándoles, dice el ministro de Defensa, 200.000 pesitos mensuales. Un gran negocio. El Ejército cobra al Gobierno lo que cuestan los puentes en el mercado abierto, pero paga una tercera parte del salario mínimo a los soldados, que son la mano de obra con que construye esas obras. ¿El reto complejo es convertir el Ejército en una empresa constructora para no tener que reducir el pie de fuerza? ¿Serán necesarias tantas armas —cañoneras, submarinos, aviones, bombas, tanques— para construir carreteritas como las que atraviesan los Montes de María o el sur de Tolima?

El Espectador, Bogotá.