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Asesinato de Jaime Garzón fue un crimen de Estado: Fiscalía

El Espectador  

La Fiscalía señaló que la investigación del caso fue desviada por algunos miembros de la Fuerza Pública, entre ellos, el general (r) Mauricio Santoyo.

Como un crimen de Estado calificó el director de Fiscalías Nacionales Especializadas, Iván Lombana, el homicidio de Jaime Garzón ante los micrófonos de Caracol Noticias. Las explosivas revelaciones de la Fiscalía en la investigación del asesinato del humorista, ocurrido el 13 de agosto de 1999, indicaron que agentes del Estado, especialmente el general (r) Rito Alejo del Río, el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, fueron los cerebros del crimen junto con el jefe paramilitar Carlos Castaño.

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La Fiscalía señaló que la investigación del caso fue desviada por algunos miembros de la Fuerza Pública, entre ellos, el general (r) Mauricio Santoyo.

Como un crimen de Estado calificó el director de Fiscalías Nacionales Especializadas, Iván Lombana, el homicidio de Jaime Garzón ante los micrófonos de Caracol Noticias. Las explosivas revelaciones de la Fiscalía en la investigación del asesinato del humorista, ocurrido el 13 de agosto de 1999, indicaron que agentes del Estado, especialmente el general (r) Rito Alejo del Río, el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, fueron los cerebros del crimen junto con el jefe paramilitar Carlos Castaño.

La nueva línea investigativa, que indagó cómo se desvió la investigación de los hechos, concluyó que el general (r) Mauricio Santoyo –condenado en EE.UU. a 13 años de cárcel por vínculos con la Oficina de Envigado– fue el encargado de secuestrar a dos de los sicarios de Jaime Garzón para entregárselos a Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y evitar que alguna vez hablaran. Es decir, en esa época, el entonces comandante del Gaula de la Policía de Medellín desapareció –sostiene la Fiscalía- a dos fichas claves del rompecabezas del crimen del humorista, pues las autoridades en un principio, especialmente el DAS, enfilaron baterías para el lado equivocado y capturaron a dos sicarios de la Terraza que nada tuvieron que ver con el homicidio.

Jaime Garzón se convirtió en objetivo militar por sus encuentros con la guerrilla, cuando intentaba ser mediador para liberar secuestrados. Se convirtió también en una piedra en el zapato para muchos sectores del poder por su sátira y, en un complot entre agentes del Estado y los paramilitares, se decidió su muerte. Fue entonces que se contrató al grupo de sicarios de la Terraza en Medellín, una banda a cargo de “Don Berna”.

En diciembre de 2015, la Fiscalía explicó cómo operó la banda la Terraza en el crimen de Garzón y quiénes fueron los elegidos: “Yeimar de Jesús Arboleda Suárez, alias “Yilmar”; Alexánder Londoño, alias Alex “Sanpedro”; Helquin Sánchez Mena, alias el “Negro Elkin” y Ángela María George Torres, alias “Ángela”, todos integrantes de la denominada banda La Terraza, fueron las cuatro personas que ejecutaron el homicidio de Jaime Garzón. Específicamente, Alexánder Londoño se concluyó que fue el hombre que disparó el arma que le causó la muerte a Jaime Garzón y Yeimar de Jesús Arboleda Suárez, como la persona que manejó la motocicleta que fue utilizada para trasladar al homicida”. En cuanto a “Ángela”, la Fiscalía determinó que fue la encargada de la logística y el “Negro Elkin” quien lideró el grupo.

Este grupo de personas llegó a Bogotá días antes del homicidio de Jaime Garzón. Según la Fiscalía, fueron recibidos en su casa por el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien fungía como jefe de inteligencia de la Brigada XIII en Bogotá. El oficial, se supone, los hospedó y les dio directrices para cometer el homicidio. Tanto así, como lo reveló Noticias caracol, que tenían croquis y mapas de los seguimientos que se le hicieron al humorista. Estos documentos, según dijo el fiscal Iván Lomabana, fueron encontrados recientemente en un allanamiento en la Brigada XIII. Lo que sería una prueba de la presunta participación de las Fuerzas Armadas en el homicidio.

A finales de los años 90, la Brigada XIII estaba comandada por el general (r) Rito Alejo del Río, otro de los señalados “cerebros” del crimen de Jaime Garzón. Este oficial, junto a Plazas Acevedo, habría sido el enlace de los paramilitares. Y es que sus relaciones con las autodefensas al parecer eran de vieja data, pues ambos estuvieron a mediados de los 90 en la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), en pleno Urabá, y habrían afianzado sus nexos con el paramilitarismo. Es por eso que la tesis de la Fiscalía se centra en que estos dos hombres fueron los que planearon el asesinato del humorista por petición de Carlos Castaño.

La Fiscalía anunció a través de Noticias Caracol que este próximo 14 de marzo el general (r) Rito Alejo del Río fue citado para rendir versión libre por el crimen de Jaime Garzón ante los señalamientos en su contra. Del oficial (r), que purga una condena de 25 años de prisión por el asesinato de un hombre en el Urabá chocoano durante una incursión paramilitar, se ha dicho que en esa época era uno de los oficiales de más alto rango con vínculos directos con Carlos Castaño. La situación del coronel (r) Plazas Acevedo, quien ya está siendo procesado por el homicidio del humorista, es más complicada: varios exparamilitares como Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevoepisca”, un hombre cercano a Castaño, han asegurado que fue el encargado de coordinar el asesinato de Jaime Garzón.

Otro de los que ya están siendo procesados es el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, de quien se dice fue la persona que más le insistió a Carlos Castaño para que asesinara a Jaime Garzón. El hombre, señalado como uno de los ideólogos políticos de las autodefensas, se habría encargado también de desviar la investigación que adelantaron los agentes del DAS y otras autoridades. Para la Fiscalía es claro que junto a Narváez participaron otros oficiales de la Policía y el Ejército, pues no se explica cómo después del asesinato capturaron a dos sicarios de la Terraza que terminaron siendo “falsos positivos” judiciales.

Días después del asesinato de Garzón las autoridades capturaron a Juan Pablo Ortiz, alias el “Bochas”, y Edilberto Sierra, dos miembros de la Terraza que fueron inculpados por el DAS de ser los sicarios de Garzón. Sin embargo, cinco años más tarde, un juez los dejó en libertad, pues la investigación no tenía ni pies ni cabeza. Los testigos de los hechos resultaron no ser verídicos y lo que se habría buscado era desviar la atención sobre los verdaderos autores del homicidio.

De estos errores nació la nueva línea investigativa de la Fiscalía. Los primeros resultados, que fueron publicados por Caracol Noticias, son escabrosos: el entonces comandante del Gaula de Medellín, Mauricio Santoyo –quien años después sería jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe– supuestamente ordenó secuestrar a alias “Ángela” y a alias “Yilmer”, dos de los autores materiales de asesinato de Garzón, para entregárselos a “Don Berna”, quien tenía la misión de desaparecerlos. A Santoyo, hoy preso en Estados Unidos por sus nexos con “Don Berna” y la Oficina de Envigado”, también lo señalan de haber ayudado a montar falsos testigos en el expediente por el crimen de Jaime Garzón.

El fiscal Iván Lombana afirmó que el organismo investigativo ya tiene un robusto proceso para ir detrás de los directivos y detectives del DAS que habrían desviado la investigación junto al general (r) Mauricio Santoyo: “Lo que hacían era presentar informes entrevistando a supuestas personas vinculadas al homicidio y que terminaron no tener ninguna relación con el mismo. Vamos a investigar. Ya tenemos nombres completos”.

Por último, para la Fiscalía es claro que ese mismo contubernio de paramilitares y agentes del Estado serían los responsables de otros crímenes graves: los asesinatos de los integrantes del Cinep –y esposos- Elsa Alvarado y Mario Calderón (19 de mayo de 1997) y de los abogados Jesús María Valle (27 de febrero de 1998) y Eduardo Umaña Mendoza (18 de abril de 1998). Todos defensores de derechos humanos.

El Espectador, Bogotá.

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