Balance de otros tres años sin política ambiental

Por Rafael Colmenares  

La distancia entre el discurso y la práctica en materia ambiental, como en muchas otras, parece ser la característica de los tres años del Gobierno Santos.

Si bien los 110 puntos del “Programa para la prosperidad democrática” no resultaban muy alentadores ante la subordinación de la gestión ambiental al crecimiento económico, no obstante el reconocimiento de una crisis ambiental global y la importancia de la biodiversidad colombiana1, las intensas  lluvias que comenzaron a golpear al país desde fines de 2010 hasta comienzos de 2012, abrieron un cierto espacio de reflexión que se vio reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración:

“La ola invernal… ha cambiado el rumbo de la política ambiental…más que una catástrofe, constituye una oportunidad para corregir errores y prevenir futuros desastres…es necesario realizar un diagnóstico exhaustivo de la gestión ambiental y del riesgo del país…entender mejor nuestra geografía, conocer mejor nuestros riesgos e intervenirlos”.

Ideas como las anteriores impregnan el capítulo ambiental del Plan de Desarrollo y se acompañan de la palabra “integralidad”. Sin embargo, en la medida en que las lluvias fueron cediendo, un manto de olvido se tendió sobre los propósitos de enmienda. En el país amnésico que somos ¿quien se acuerda, salvo las víctimas, de aquellas imágenes de anegación, de aquel banquero convertido en Presidente del plan de reconstrucción en aras de la eficiencia? ¿Hubo alguna rendición de cuentas seria de los recursos puestos a disposición de Colombia Humanitaria?

La restauración del Minambiente: una formalidad

En el plano institucional el Gobierno Santos cumplió formalmente su promesa de restaurar el Ministerio de Medio Ambiente disminuido por Uribe en aquella infortunada fusión que dio por resultado el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En efecto la Ley 1444 de 2011, sentó las bases para la reorganización del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Decreto 3750 de 21 de Septiembre del mismo año completó la tarea.

La restauración del rango de la gestión ambiental no ha resultado, sin embargo, efectiva ni real. Casi simultáneamente con su restauración se produjo un nuevo cercenamiento de una de las funciones claves que le habían sido asignadas desde la Ley 99 de 1993, al ente rector de la política ambiental. La creación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA2- asumió la función de expedir dichas licencias, mecanismo de regulación fundamental en cualquier política que  se proponga medianamente controlar las actividades productivas, sobre todo las de mayor  impacto en los ecosistemas.

Esta desmembración, contraria al concepto de “integralidad” predicado en el Plan Nacional de Desarrollo, ha causado ya varios choques entre el Ministerio y la ANLA. Uno de los más sonados ha sido la licencia de construcción de cabañas con fines ecoturísticos en el emblemático Parque Tayrona, proyecto conocido como “Los Ciruelos”. Concedida la Licencia Ambiental inicialmente, con concepto favorable de la Unidad de Parques, ante la protesta de los ambientalistas que enviamos una carta en tal sentido al Presidente Santos se decidió suspenderla para proteger el ecosistema de bosque tropical que resultaba afectado por el proyecto, riesgo que no advirtió la Unidad de Parques en su concepto favorable. El propio Santos envío un twitter diciendo que tal afectación sería un despropósito. El debate continuó pasando la Directora de Parques, Julia Miranda, de defensora a impugnadora del proyecto. Entre tanto la ANLA reclamaba la inconsistencia de las posiciones de Parques. El pasado 6 de Agosto se conoció el más reciente episodio de esta suerte de telenovela: la ANLA levantó la suspensión ¿Qué dirá ahora el Presidente?

Marchas y contramarchas

Ires y venires, marchas y contramarchas, igualmente ocurrieron cuando en plena Cumbre de Río más 20, Santos anunció como medida de protección ambiental el establecimiento de una “reserva minera” de  17,6 millones de hectáreas en los departamentos del Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada los cuales ofrecen grandes posibilidades para la extracción de minerales estratégicos y apetecidos como el uranio, el coltán, el oro, el hierro y el platino. La reserva implica que en ella el Gobierno otorga los títulos en subastas en las cuales solo tienen posibilidades los grandes mineros casi siempre transnacionales. Esta medida se concretó mediante la Resolución 045 de Julio de 2012, que el Ministro de Minas explicó que había sido expedida en acuerdo con el Minambiente, Frank Pearl. Ante la protesta de los ambientalistas3 y otros sectores el propio Pearl, el día anterior a su salida del Ministerio, dictó otra resolución que implica la suspensión de la actividad minera en el territorio amazónico de la reserva.

Casos como los anteriores son frecuentes. Por ejemplo, la contradicción entre la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en cuyo Consejo Directivo el Presidente Santos tiene un delegado, y el Instituto Humbolt, a propósito de las dimensiones del Parque Natural Regional del Páramo de Santurbán, donde era necesario proteger 37.000 hectáreas para garantizar el agua de Bucaramanga y la región, mientras que el Parque decretado solo cubre 10.912 hectáreas, inferiores a las ya exiguas 12.267, que inicialmente se proyectaron4.

La enumeración sería larga: la desviación del río Ranchería, luego desechada ante la protesta indígena5. En otros casos el Gobierno ha mantenido sus políticas a despecho de la protesta social y ambiental como en la Hidroeléctrica del Quimbo, en  el alto Magdalena.

Uno de los retos más importantes del actual Gobierno es la delimitación de las zonas de páramo, ordenada por el Plan Nacional de Desarrollo, donde también se estableció que en dichos ecosistemas, que suministran el 70% del agua que usa la población, no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales. Además se definió como una meta prioritaria realizar tal delimitación a una escala detallada de 1:25.000. Este proceso se inició con la suscripción del convenio MAVDT-IAVH 06 de 2010, mediante el cual se realizó la definición de los criterios delimitación. Se teme, sin embargo, que dicho proceso sea interferido por los intereses mineros como ocurrió en la delimitación del Parque Natural Regional de Santurbán donde a última hora se dejaron por fuera 177 hectáreas que coinciden con la ubicación de la mina de la Grey Star hoy “eco – oro”.

El extractivismo se opone a lo ambiental

El extractivismo es el sustento de la política de “prosperidad” y “seguridad democrática” de Santos. Tanto para la locomotora minera como para la del agronegocio el Gobierno facilita la realización de los intereses del gran capital nacional y transnacional. En estas materias como en casi todas el Gobierno Santos ha continuado y profundizado las políticas uribistas. Los “tres huevitos” han sido bien empollados.

La política minera causa estragos en todo el territorio nacional y es resistida por la población  de diversas maneras: la protesta pacífica de los santandereanos ante la minería en Santurbán o el expediente de la consulta popular en Piedras – Departamento del Tolima- Diversas voces claman por una moratoria minera.6

La propia Contraloría General de la Nación ha tomado cartas en el asunto, destacándose el informe: “Minería en Colombia – Fundamentos para superar el modelo extractivista”. Uno de sus autores, el geólogo Julio Fierro Morales, resumía las consecuencias ambientales un reciente artículo: “Megaminería y daño ambiental: una deuda a perpetuidad”7

El agronegocio, otra modalidad del extractivismo, avanza en varias zonas del territorio colombiano. Una de sus preferidas es la Orinoquia donde se pretende imponer el modelo del Cerrado brasilero. Al igual que para facilitar la gran minería el Gobierno ha adaptado e interpretado la Ley. Ahí está el reciente escándalo de la asignación de 40.000 hectáreas a Ríopaila, violando las normas sobre destinación de los baldíos nacionales.

Si se quisiera establecer un contraste entre las políticas y actuaciones del gobierno Santos y lo que resulta aconsejable en cuanto a perspectiva de construcción de un país ambientalmente sostenible y en paz, bastaría revisar las respuestas de diez destacados ambientalistas consultados por El Espectador, el 19 de Julio de 2011, a raíz de las inundaciones. Se les preguntó: ¿qué se debe hacer para evitar una tragedia ambiental? Todos coincidieron en la necesidad de cambiar el rumbo del desarrollo. La respuesta de Arturo Escobar podría ser la síntesis:

“Esto implica pensar en una verdadera transición ecológica y cultural hacia una sociedad muy diferente. Muchos visionarios nos hablan de las características de estas transiciones: la reestructuración de la producción de los alimentos con base en la descentralización, el cultivo orgánico y la biodiversidad; la democracia participativa; las autonomías locales; el uso menos intenso de los recursos; la reducción del consumo de energía y fuentes alternativas de ésta; y las economías sociales y solidarias. Pospetróleo, poscarbono, poscapitalismo, posextractivismo, posdesarrollo son algunos de los imaginarios emergentes. En sus formas más avanzadas, estas narrativas nos hablan de un cambio de modelo civilizatorio.”

Pero, las políticas de Santos han tenido actores y voceros que no dejan lugar a dudas sobre su acomodamiento a los intereses del extractivismo. De los Ministros de Medio Ambiente designados ninguno tenía trayectoria alguna en el campo ambiental. La Señora Beatriz Uribe provenía del sector de la construcción. El Señor Frank Pearl de la empresa privada y las gestiones de paz de Uribe, un Presidente que no creía en la paz. El Señor Juan Gabriel Uribe del periodismo y la política. El propio Santos cuando se emociona en sus discursos expresa lo que realmente piensa sobre los asuntos ambientales, desde la escatológica “maldita niña se ha convertido en el karma de mi gobierno”, hasta la explosión del pasado 20 de Julio al inaugurar las sesiones del Congreso: “Las licencias ambientales y la consulta previa se han convertido en obstáculos para la prosperidad”.

1 Véase, “Ambientalismo non santo”, artículo del autor publicado en Caja de Herramientas (21 de Junio de 2010)
2 Creada mediante el Decreto 3573 de 27 de Septiembre de 2011, es decir seis después de expedido el que organizó el Ministerio.
3 Al respecto véanse los artículos de Manuel Rodríguez Becerra, “Bye Bye Amazonia” y “Bye Bye Amazonia II” en El Tiempo, el 14 de Julio y el 11 de Agosto de 2012, respectivamente.
4 Véase: “Un extraño hibrido: ¿un parque minero en Santurbán?” por Erwing Rodríguez Salah, en Razón Pública. 9-12-2012.
5 La empresa Cerrejón adujo, sin embargo, la caída de los precios del carbón como razón para suspender el proyecto de desviación del río.
6 Véase www.moratoriaminera.org
7 Véase Razón Pública, 5 de Agosto de 2013

Semanario virtual Caja de Herramientas.