Buenaventura: entre mutilados y desplazados y gobierno de Santos no enfrenta grave problema humanitario

Revista Semana  

La ONG Human Rights Watch funcional al estaodunidense Departamento de Estado  conoció que a las personas las habrían descuartizado vivas y que el pueblo lo sabe pero teme informarlo.

Impunidad, falta de ayuda humanitaria a las víctimas y un silencio impuesto por los victimarios son los tres principales problemas que encontró Human Rights Watch (HRW) en Buenaventura.

A raíz de la dura situación de orden público por la que atraviesa el principal puerto de Colombia,

la organización de derechos humanos decidió mirar ese caso con lupa y este jueves se publicó el informe ‘La crisis en Buenaventura’.

En él, HRW hace recomendaciones directas al presidente de la República, Juan Manuel Santos; al fiscal General, Eduardo Montealegre; al Ministerio Público, y al alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, para que atiendan efectivamente la crisis que atraviesa el puerto.

La organización también analizó el desmembramiento de cuerpos que ha ocurrido en Buenaventura, el desplazamiento (el puerto del Pacífico es el lugar del país con más víctimas de ese tipo) y la inefectividad de la Policía o, lo que es peor, la connivencia de esta con los grupos armados ilegales.

Además, HRW aclara que aunque el Gobierno habla de bandas criminales, hay muchos testimonios que señalan que los Urabeños y La Empresa, que pertenece a los Rastrojos, tienen similitudes con los paramilitares.

Mutilar cuerpos: práctica paramilitar

El informe señala que un punto que demuestra la continuidad entre las AUC y los grupos que hoy comandan en Buenaventura es que estos ejercen las prácticas aprendidas de las autodefensas, como descuartizar los cadáveres para que no sean encontrados.

“En algunas ocasiones, debido a los gritos que provenían de la casa, los testigos creían que las víctimas estaban siendo descuartizadas vivas”, explica el informe.

HRW se refiere a las llamadas ‘casas de pique’ e indica que los pobladores saben dónde están ubicadas, pero no informan a las autoridades por miedo a represalias. En el 2013, se volvió común la frase de “si decís algo, te mando a picar”.

De las 70 entrevistas que hizo la organización, varias apuntan que además de los gritos de las víctimas, los pobladores presenciaron cómo los victimarios entraban con una persona a una casa y salían con bolsas plásticas. Otros señalaron que se encontraban piernas, brazos u otras partes de cuerpos, pero no denunciaban por miedo a que la Policía le filtrara la información a los Urabeños o a La Empresa. “Algunos residentes indican haber visto en sus barrios policías reunirse con integrantes de grupos sucesores de paramilitares, y debido a ello presumían que miembros de la Policía actúan en connivencia con tales grupos”, dice HRW.

Donde reina el silencio

Las amenazas de los grupos armados ilegales y la falta de confianza en las autoridades han hecho que los ciudadanos de Buenaventura padezcan en completo silencio los horrores del desmembramiento o el desplazamiento . 

“No estamos en condiciones de determinar si existe colusión entre miembros de la Policía en Buenaventura y los Urabeños o la Empresa. Sin embargo, en vista de los abusos que siguen cometiendo los grupos sucesores de paramilitares y el control efectivo que ejercen sobre los movimientos de residentes, sí resulta claro que la Policía Nacional no brinda protección adecuada a la población”, señala el informe.

Además, los pobladores sienten que los grupos armados ilegales son los que mandan en la región, sin importar que en noviembre del 2013 hubiera 900 policías y 500 miembros de la Armada custodiando Buenaventura y que en febrero del 2014 llegaran 650 uniformados más.

HRW asegura que otras de las razones de los pobladores para no denunciar es por sentir que los funcionarios de Buenaventura le han restado importancia a la situación de violencia, porque hasta junio del 2013 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no reparaba a las víctimas de grupos paramilitares y por la falta de eficacia de los casos denunciados.

“La impunidad continúa siendo la norma”, dice HWR, pues de 512 investigaciones que la Fiscalía le mostró a la organización internacional, sólo se imputaron tres y de más de 2.000 casos por desaparición y desplazamiento en las dos últimas décadas, ninguna ha terminado en condena. HRW identificó que en marzo del 2014, un fiscal tenía 958 casos de diferentes delitos, de los que 230 eran desapariciones y 284 desplazamiento forzado.

Buenaventura: el lugar con más desplazados

Las autoridades se han referido a una mejora en materia de seguridad porque se pasó de tener 121 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2006 a 48 en el 2013. “No obstante, estas cifras no son confiables, debido a la gran cantidad de desapariciones ocurridas en Buenaventura que no se informan como homicidios” y a que el desplazamiento aumentó de 9.500 personas al año entre el 2004 y el 2008 a casi 12.000 al año entre el 2009 y el 2013, según HRW. La situación podría ser peor, pues la organización asegura que la cantidad de personas desplazadas es “casi con certeza” superior a las registradas por la Unidad de Víctimas.

A pesar de ser el lugar con más desplazamientos (13.000 en el 2013), la Alcaldía de Buenaventura no cuenta con un albergue de las condiciones idóneas para atender a las víctimas. A cambio, les pagan habitaciones de hoteles a donde sus victimarios podrían entrar fácilmente, según HRW.

Además, las víctimas de desplazamiento no tienen una atención inmediata y varias de ellas han tenido que aguantar hambre durante días esperando a que las atiendan, como indicó la organización.

Recomendaciones

Por todo lo anterior, HRW le sugirió al alcalde de Buenaventura que brinde la ayuda humanitaria a la víctima inmediatamente declare el desplazamiento y que albergue a las personas que lo necesitan.

Al presidente de la República, HRW le dice que es necesaria la permanencia ininterrumpida de la Policía, que cree una comisión independiente que evalúe la desaparición y la detenga y que asegure de “forma inmediata” la asistencia humanitaria a los desplazados.

Al Ministerio Público le sugiere que tome las declaraciones de víctimas oportunamente y al fiscal le solicita que conforme un grupo exclusivo para desapariciones en Buenaventura y que exista un lugar seguro para que las víctimas denuncien. Además, le recomienda “investigar y juzgar con firmeza a los agentes del Estado contra quienes pesen denuncias creíbles de que han tolerado grupos sucesores de paramilitares en Buenaventura o colaborado con ellos”.

Revista Semana, Bogotá.