Consejo de Estado suspende venta de acciones de Isagén

Por Juan Fernando Rojas T. / El Colombiano  

El Consejo de Estado suspendió este viernes 27 de marzo provisionalmente la venta de Isagen como medida cautelar mientras se estudia de fondo una demanda de nulidad que fue presentada contra el Decreto con el que el Gobierno Nacional autorizaba la venta.

La providencia señala que se accede a la medida cautelar de urgencia, debido a que se cumplen los requisitos señalados en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

por cuanto resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, debido a los efectos patrimoniales implícitos en el proceso de enajenación de la propiedad accionaria que la Nación posee en Isagén.

“De no decretarse la medida cautelar, los efectos de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones se harían nugatorios, pues para cuando se profiera la sentencia que corresponda en derecho,  la venta de la propiedad accionaria estatal estaría inexorablemente consumada”.

Se fundamenta la suspensión en que Isagen es la tercera generadora de energía eléctrica en importancia del país, presenta superávit y eficiencia financiera, y constituye un importante activo que genera dividendos significativos para la Nación. “Particularmente ilustrativos, al efecto, son los resultados sobre las utilidades en el año 2013 y sobre el cumplimiento del Pan de Expansión para el año 2014”, señala la providencia.

Según el demandante, la medida es contraria a la normativa constitucional y legal, debido a que no se incluyó dentro del Plan Anual de Desarrollo ni dentro del Plan Operativo a Mediano Plazo, ni se pidió autorización al Congreso de la República para autorizar la venta.

Mario Alejandro Valencia, vocero del colectivo de académicos tributaristas y movimientos sociales, explicó que la medida cautelar del alto tribunal fue en respuesta a una acción de tutela interpuesta hace dos semanas, en vista de que no hubo respuesta alguna por parte de la magistrada María Claudia Rojas Lazo, a quien le correspondió inicialmente estudiar la demanda presentada el 17 de octubre de 2013.

“En la demanda advertimos que este gobierno violó la Ley de Sostenibilidad Fiscal (Ley 1473 de 2011) que este mismo impulsó años atrás, al no incluir la privatización de Isagén dentro del documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo”, explicó Valencia a este diario, quien aclara que para la Red de Justicia Tributaria la venta de Isagén es un pésimo negocio.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas afirmó desde la asamblea del BID en Brasil, que no ha recibido ninguna notificación del alto tribunal y agregó que la venta sigue su curso.

El panorama para la venta de Isagen se complicaría a menos de dos meses de realizarse la subasta de 57,61 por ciento de las acciones de la energética.

El limbo de la subasta se da luego de que siete jugadores, entre nacionales e internacionales, presentaron el pasado jueves su intención de precalificar para la puja de los títulos que se valoran en unos 2.543 millones de dólares.

Las ofertas para la precalificación a una subasta fueron presentadas por Duke Energy, que entregó dos propuestas; China Haudian Corporation; la española Gas Natural ; el consorcio entre la brasileña Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig y la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Empresa de Energía de Bogotá ; y Generco S.A.

Las propuestas, que fueron recibidas en sobre cerrado por la Bolsa de Valores, están siendo estudiadas por un comité conformado por la Presidencia de la República, los Ministerios de Hacienda y Minas, y el Departamento Nacional de Planeación.

El Gobierno tenía previsto realizar el 8 de mayo la subasta en la que adjudicará su paquete accionario de un 57,6 por ciento de Isagen.

El proceso de venta de Isagen ha enfrentado varios escollos, como los condicionamientos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a un par de inversionistas locales interesados, entre ellos la Empresa de Energía de Bogotá, al considerar que podría afectar la libre competencia en el mercado de energía.

El Colombiano, Medellín, 28 de marzo de 2014.