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Creado Comité Nacional Promotor contra el abuso en las tarifas de energía y gas

Se anuncia, igualmente, la realización de una jornada nacional de movilización este 17 de diciembre.

En reunión nacional efectuada en Bogotá el pasado miércoles 2 de diciembre en la sede de FETRAMECOL, con el auspicio de la CUT; la Asociación de Ingenieros “ASIEB” y el Sindicato REDES, se conformó el Comité Nacional Promotor contra el alza de las tarifas de energía y gas. El evento contó con la presencia de organizaciones de usuarios de servicios públicos de todo el país y  los concejales electos por el Polo Democrático Alternativo: Manuel Sarmiento de Bogotá y Luz Marina Múnera de Medellín.

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Se anuncia, igualmente, la realización de una jornada nacional de movilización este 17 de diciembre.

En reunión nacional efectuada en Bogotá el pasado miércoles 2 de diciembre en la sede de FETRAMECOL, con el auspicio de la CUT; la Asociación de Ingenieros “ASIEB” y el Sindicato REDES, se conformó el Comité Nacional Promotor contra el alza de las tarifas de energía y gas. El evento contó con la presencia de organizaciones de usuarios de servicios públicos de todo el país y  los concejales electos por el Polo Democrático Alternativo: Manuel Sarmiento de Bogotá y Luz Marina Múnera de Medellín.

Se constató que hay una gran preocupación de los usuarios y el sector productivo del  país, al ver cómo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, utiliza los fenómenos naturales y económicos para descargar sobre el pueblo y a favor del capital financiero y sus amanuenses; los efectos de la crisis producida por la caída del precio internacional del petróleo, la devaluación del peso, la declinación de los yacimientos gasíferos de La Guajira y el fenómeno de El Niño, aunados a la normatividad tarifaria abusiva emanada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) claramente a favor de los inversionistas de la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización, han resultado altamente perjudicados los 44 millones de colombianos, compuestos por los usuarios residenciales, el sector comercial y productivo que hacen parte del régimen regulado y no-regulado de energía y gas; siendo la Región Caribe una de las más afectadas del país.

Para rebosar la copa, el gobierno autoriza alza en las tarifas, entre otras, el llamado “Cargo por confiabilidad” para premiar a las empresas de generación térmica, que habían dilapidado alrededor de 22 billones de pesos que en los últimos nueve años los usuarios habíamos pagado como un seguro; para que éstas respondieran ante una crisis como la que estamos enfrentando. Ahora no cumplen y el gobierno les da más dinero que se incluye en la facturación a partir del  primero de diciembre del 2015; con lo anterior de paso se benefician los generadores hídricos.

CODENSA y ELECTRICARIBE que prestan un PÉSIMO SERVICIO obtienen GRANDES UTILIDADES. En el caso de la costa Caribe, son más de 2.5 millones de familias y el sector productivo los que padecen un servicio de pésima calidad, con oscilaciones permanentes, apagones y más de 500 muertos por electrocución en los últimos diez años, producto de una infraestructura obsoleta, cambios de las redes de cobre por las de aluminio de mala calidad que no resisten la salinidad y la polución. Además de la mayor subnormalidad eléctrica del país (92%), situación en la cual está el 40% de los usuarios según la misma empresa y alzas que sobrepasan la inflación. 

La resolución CREG 036 del 10 de abril de 2015 autorizó un aumento del 13.2 por ciento en la tarifa, por el costo base de comercialización de ELECTRICARIBE. No olvidemos, que según la Asociación de Ingenieros “ASIEB”, estas empresas obtienen utilidades que rondan el 45% después de impuesto; porcentaje que es cuatro veces mayor de lo que obtiene una empresa del mismo sector en el resto del mundo.

Entonces, ¿Cómo obtienen estas empresas estas desorbitantes utilidades en nuestro país? Sencillamente lo hacen con la complacencia de muchos políticos corruptos y el mismo gobierno, patrocinan que el ente encargado de fijar los precios de la energía, CREG utilice formulas tarifarias indescifrables en contra de los usuarios, de la siguiente manera: el valor de la energía que se paga al final del día, es la del generador más costoso, sin importar el costo real.  A los transmisores y distribuidores les pagamos los equipos obsoletos y de gran riesgo de explosión como si siempre fueran nuevos, algunos con los cálculos realizados por la CREG los hemos pagado dos veces, para ellos, no existe el término de depreciación y menos el de obsolescencia, esto ha llevado a un grave deterioro de los sistemas del país.

Les pagamos TODAS las inversiones que realicen e incluso, mucho antes de llevarlas a cabo. Les reconocen pérdidas patrimoniales, como las no técnicas. Esto está prohibido por la ley y es un asunto de tipo penal. Igualmente, les reconocemos como si pagaran de impuesto de renta el 33% cuando se ha demostrado con estudios solo pagan el 7.5%,  otro descarado robo adicional.    

Vemos también, a los usuarios del gas en el peor de los mundos, hace más de diez años los campos gasíferos de Chuchupa y Ballenas del mar Caribe, debían de haber revertido al Estado por parte de la Chevron-Texaco que los venía explotando por más de treinta años. Sin embargo el gobierno de Uribe Vélez, optó por regalarle a la trasnacional la operación del gas guajiro hasta su agotamiento, a cambio de unas regalías que no compensan el despojo infringido a la Nación. En este contexto se presenta la gran discusión en la Costa, porque se han disparado los precios del gas muy por encima de la inflación y del resto del país. En el año 2014 éstos no tuvieron muchas oscilaciones, pero entre diciembre de 2014 y octubre de 2015 el aumento fue del 52 % para los usuarios residenciales y mucho más alto para el sector productivo. Pasó de $818 el metro cúbico en diciembre de 2014 a $1.243 en octubre de 2015. Aquí también vemos con gran preocupación, que la empresa “Termocandelaria”, que nos acaba de robar 580 mil millones de pesos, es la propietaria de la gasificadora que se espera solucione el problema del gas en la costa. Otro premio más para estas multinacionales.

El nueve de junio de 2015 el presidente Juan Manuel Santos, estampó la firma para promulgar la ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo, que encarece las tarifas de la energía eléctrica. Y no le tembló la mano para aprobar tres nuevas exacciones contra los desprevenidos usuarios de la energía eléctrica en todo el país. A partir del 1 de enero de 2016, todos los usuarios regulados del país (residenciales, industriales, comerciales y agrícolas) empezarán a sufragar parte de los fondos eléctricos, vía tarifas, según lo dispone draconianamente el artículo 190 de la susodicha norma.

Este oscuro cuadro muestra la necesidad de impedir la privatización de una de las más importantes generadoras eléctricas del país, ISAGÉN, empresa de mayoría accionaria estatal (de todos los colombianos), que produce ganancias extraordinarias cada año. Esta empresa generará en cinco años, lo que el gobierno recibiría por su venta. Es matar a la gallinita de los huevos de oro. En esta misma línea, es necesario continuar la tarea de impedir la firma  del acuerdo de comercio de servicios, TISA.

El problema  de los usuarios de los servicios públicos, son las complejas e intrincadas formulas tarifarias de todos los S.P.D. Hoy en concreto exigimos la  discusión nacional de una nueva fórmula tarifaria para la energía y el gas; en la cual deben intervenir además del gobierno y las empresas, el congreso, la academia con sus conocimientos, los centros de investigación idóneos, los sindicatos y usuarios organizados.

Todo lo anterior  es producto de la aplicación de los dictados del consenso de Washington y del artículo 365 de la Constitución Nacional de 1991, desarrollado por las leyes 142 y 143 de 1994, que dio paso a la privatización, con lo cual los monopolios públicos pasaron a ser monopolios privados, los usuarios convertidos en clientes y el móvil principal de dichas actividades, pasó a ser “eficiencia económica” y “suficiencia financiera”, sin importarles la calidad del servicio y solo ver la forma de seguir obteniendo utilidades exageradas.

El Comité Nacional Promotor constituido trazó las siguientes tareas:

  1. Solicitar al Gobierno de Santos, la revisión de la Política Energética del País. En esta revisión deben tener presencia los usuarios organizados, los sindicatos y sectores anteriormente mencionados.
  2. Objetar la actual formula tarifaria, e impedir que la CREG deje en firme las nuevas resoluciones (178 y 179 de diciembre de 2014) que establecen la nueva metodología, la cuales contienen los mismos vicios que la actual y solo benefician al capital financiero.
  3. Rechazar enérgicamente los aumentos tarifarios por el cargo de confiabilidad y de restricciones, al igual que  los incrementos por el Plan Nacional de Desarrollo, para pagar los fondos eléctricos (por cuantía de un cuarto de billón de pesos anuales) de cuenta de los usuarios del régimen regulado, a partir del primero de enero del 2016.
  4. Realizar una Jornada nacional de movilización 17 de diciembre de 2015 en todo el país. Cada región define adelantar plantones, foros, talleres y/o mítines.
  5. Participar en los debates en distintos escenarios como el Congreso de la República, universidades, sindicatos, medios de comunicación, ligas de usuarios, acciones comunales, etc.
  6. Organizar la difusión en medios de comunicación masivos, alternativos, comunitarios  y redes sociales virtuales.
  7. Preparar una gran movilización nacional para el año 2016 contra las alzas  en los servicios de energía y gas y por una formula equitativa.
  8. Exhortar a la opinión pública a impedir la venta de ISAGÉN, patrimonio público; y alertar a la población de los nocivos efectos del TISA contra los usuarios y la soberanía de Colombia.

COMITÉ NACIONAL PROMOTOR CONTRA EL ABUSO EN TARIFAS DE ENERGIA Y GAS

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Sindicato REDES, Asociación de Ingenieros de la EEEB (ASIEB), Liga Nacional de Usuarios Servicios Públicos Domiciliaras- Liga USPD. La Red Nacional contra el Acuerdo de Comercio de Servicios-TISA. El Comité Permanente contra alzas en energía y gas de la Costa Atlántica, movimiento de indignados con ELECTRICARIBE del Atlántico y la Guajira, organizaciones sociales, cívicas, comunales y sindicales de Bogotá, Antioquia, Magdalena Medio, Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Valle del Cauca.      

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