Cuando Colombia se alistaba para salir de 20 años de rezago en agricultura familiar, ministro Iragorri barrió programa

Por Andrés Bermúdez Liévano / La Silla Vacía  

La agricultura familiar, uno de los ejes del acuerdo agrario en La Habana, lleva seis meses en el limbo desde que el ministro Aurelio Iragorri metió en el congelador el único programa que existía en el Ministerio de Agricultura para impulsarla y no se sepa aún qué sucederá con él.

Ese frenazo que le puso Iragorri a un proyecto que había armado su predecesor Rubén Darío Lizarralde tiene preocupadas a muchas personas del sector agrario y del Gobierno, según le confirmaron a La Silla siete personas del sector.

Sobre todo porque era el primer -aunque tímido- intento por poner sobre la mesa un tema central en el proceso de paz, en los consejos de la Misión Rural y en el Plan de Desarrollo.

El programa que murió antes de nacer

La mayoría de países de América Latina llevan dos décadas hablando de este tipo de agricultura, que engloba a toda la economía campesina pero que, sobre todo, ve a las familias como el núcleo de la producción en el campo y centra en ellas sus estrategias para luchar contra la pobreza rural.

Esa idea, que nació en Brasil y despegó con programas tipo ‘Hambre cero’ de Lula, agarró tanta fuerza que Naciones Unidas declaró el 2014 como el ‘año de la agricultura familiar’ (y ahora lo volvió la década).

Por eso, hace un año, Rubén Darío Lizarralde aprovechó que nunca se hablaba del tema en Colombia -donde un 70 por ciento de los alimentos tienen ese origen- y la convirtió en una de sus banderas.

Su proyecto inicial tuvo muchos problemas para despegar, por lo que en julio pasado Lizarralde llamó a María Eugenia Avendaño, la ex secretaria general de la alcaldía de Antanas Mockus, que venía de montar un programa con ese enfoque en la Cámara de Comercio para pequeños productores de la Sabana de Bogotá. Al tiempo llegó Guillermo Casasbuenas, el ex director de reinserción de Andrés Pastrana que venía trabajando en temas parecidos.

En dos meses montaron los primeros pilotos, que iban a hacerse en nueve regiones con fundaciones regionales como Fundevalle y algunas cámaras de comercio. Siguiendo el modelo de la FAO, arrancaron a trabajar con un Comité de Impulso a la Agricultura Familiar que reúne a 150 organizaciones campesinas y que venía organizándose desde 2012. La idea era asignarles plata a esos proyectos -que durarían cinco años- durante el segundo semestre del 2014 y luego ampliarlo a todo el país este año, con 450 mil millones de pesos de presupuesto.

Lizarralde lanzó el evento por lo alto en Cartagena en agosto, con el ex ministro José Antonio Ocampo -que dirige la Misión Rural- abordo.

Tres días después se posesionó Santos II. Dos semanas después, llegó Iragorri al Ministerio.

El equipo de Avendaño alcanzó a hacerle una breve presentación al nuevo ministro, pero cuando fueron a hacer el empalme comenzaron las dificultades. Boris Zapata, el súper asesor de Iragorri que -como contó La Silla- acumuló más poder que los viceministros, se convirtió en su enlace y única puerta de acceso a Iragorri.

En una primera reunión, tras entrar y salir varias veces mientras le explicaban el programa, Zapata les contó que la orden del despacho era aplazarlo mientras lo revisaban porque no estaban seguros si funcionaría igual a futuro.

Pasaron las semanas y, como el programa seguía en el limbo, Avendaño intentó cuadrar una cita con Iragorri. No lo logró y renunció en septiembre.

En ese momento, un grupo de congresistas de la Alianza Verde -liderados por Claudia López y Antonio Navarro- citaron al Congreso al ministro para hacerle control político sobre el tema. Iragorri, que llevaba dos meses en el cargo, se comprometió a mantener el programa y corregir cualquier error que tuviera.

A finales de noviembre, el Comité de Impulso -que venía trabajando con Casasbuenas y su equipo- le llevó su propuesta final para agricultura familiar al Ministerio. El 10 de diciembre uno de sus líderes -el ex alcalde de Yumbo, Rosemberg Pabón- aprovechó una visita de Iragorri a su ciudad natal de Popayán para entregárselo en persona.

De ahí al final del año salieron del Ministerio todos los técnicos que trabajaban el tema. Cuando el viceministro de desarrollo rural Aníbal Fernández de Soto volvió de Brasilia de la reunión ministerial sobre agricultura familiar de los países de la Celac, se encontró con que Iragorri le había pedido la renuncia a uno de sus directores.

Uno era Andrés Silva, que tenía bajo su ala todos los programas de apoyo a pequeños productores, incluyendo otros dos -Oportunidades Rurales (que lleva una década andando) y Alianzas Productivas- que también vienen frenados bajo Iragorri. Con él salió en idénticas circunstancias Miguel Fadul, bajo cuya dirección vegetal estaba el grueso del presupuesto para agricultura familiar.

Casasbuenas y su equipo trabajaron hasta finales de diciembre, cuando sus contratos terminaron y el Ministerio no se los renovó, sin que jamás les dieran razón. Ahí también salió Diana Vásquez, la mano derecha de Silva que había representado al Gobierno en diciembre -junto con Adriana Ibarra, del equipo de Zapata- en la gran reunión de Mercosur de agricultura familiar, el espacio más importante de su tipo en América Latina. (La contratación de Agricultura está -como contó La Silla- en manos de Julián Murcia, otro de los asesores súper poderosos de Iragorri).

Tres meses después, los líderes campesinos del Comité de Impulso siguen esperando la respuesta a la propuesta que le mandaron a Iragorri.

“No sabemos bien qué pasa porque no hemos podido hablar con él y ahora se va el vice, que era nuestro interlocutor”, dice Mario Bonilla, un campesino de Sogamoso que lidera Agrosolidaria y que estuvo en la cita de Mercosur en Montevideo, refiriéndose a la renuncia hace dos semanas de Fernández de Soto. “En cien años hemos tenido 101 ministros de Agricultura. Queremos dejar de estar sujetos a la voluntad de cada uno que entra”.

“El Ministerio asumió ciertos compromisos no sólo con nosotros la sociedad civil, sino también a nivel internacional. El viceministro [Fernández de Soto] firmó en Brasilia el documento de ministros de la Celac que promete apoyar la agricultura familiar y también los procesos de la sociedad civil para impulsarla. Seguimos en suspenso”, dice Pedro Guzmán, otro de los integrantes del Comité, que tendrá en dos semanas su reunión nacional en Pereira para discutir los pocos avances en el proceso.

La agricultura familiar en La Habana

Iragorri prometió que la agricultura familiar será el eje de su gestión este año, bajo el nombre -que le gusta más- de ‘economía campesina familiar’.

“Es de los proyectos a los que le voy a meter más empuje, va a ser la base de inversión en proyectos productivos y tendrá uno de los presupuestos más grandes. Va porque va”, le dijo a La Silla, explicando que el proyecto necesitaba una reforma y que así como estaba no podía sacarlo adelante.

Según Iragorri, los cuatro convenios habían sido tan mal estructurados durante la era Lizarralde que tuvieron que liquidar dos -uno con la OIM de Naciones Unidas y otro con Finagro- y devolverle casi 120 mil millones de pesos al Ministerio de Hacienda. Tres personas del sector le corroboraron a La Silla que sí había preocupación desde meses antes con esos convenios.

Explicó que en este momento está concentrado en terminar su política bandera de los Pares, unas giras región por región donde acuerda las prioridades de inversión del Ministerio con gobernadores y alcaldes. Tras acordar 23 mil millones en el Eje Cafetero este viernes, le quedan solo seis de las 36 visitas que planeó. Y que apenas revise el recorte presupuestal que le ordenó el Gobierno, ya podrá definir cómo poner en marcha el apoyo a la agricultura familiar en los municipios con más altos índices de pobreza o retraso por la guerra.

Sus respuestas sobre el proceso que venía de atrás son más ambiguas. A diferencia de lo que dicen las agrupaciones campesinas del Comité de Impulso, él insiste en que han tenido comunicación permanente.

Sobre la propuesta que le enviaron hace tres meses los líderes campesinos, dice que “el documento debe tenerlo algún viceministro o director porque acá al despacho no ha llegado”. Y sobre el equipo original, explica que “ayer [el miércoles pasado] supe que una persona me pidió una cita hace seis meses y la secretaria no me la pasó. Me toca revisar si alguno de ellos me pidió cita”.

Muchos en el sector le hicieron críticas al programa de Lizarralde pero defienden que era el primero en poner la agricultura familiar sobre la mesa.

“Era una nueva forma de operar en el Ministerio y un primer eslabón para un viceministerio de desarrollo rural nuevo que necesita instrumentos robustos para llegarle a la gente a la que no le estaba llegando”, dice un ex funcionario que conoció el programa.

“Fue el primer gran proyecto en decir ‘no lo vamos a hacer a través de convocatorias públicas’, que no sirven porque no llegan los que deben llegar”, dice otra persona del sector, que cuestionaba que los pilotos se hicieran con intermediarios y no directamente con campesinos de base.

Sobre todo porque la agricultura familiar es -como explica el ex viceministro agrario Santiago Perry, que trabaja solo con ese tipo de productores desde su Corporación PBA- “un paraguas grande donde caben el 80 por ciento de agricultores de este país, que trabajan su parcela con la mano de obra familiar: campesinos, indígenas, afros y hasta pequeños empresarios como los cafeteros, cacaoteros y muchos cañicultores”.

Ese grueso de los que trabajan el campo son los que busca poner en el centro de la política agraria el acuerdo de La Habana, que prioriza a la ‘economía campesina, familia y comunitaria’ como piedra angular de cualquier transformación de las condiciones de vida en el campo.

Eso implica asegurar que tengan tierra, insumos y tecnología para trabajarla, ayuda técnica para producir mejor, infraestructura para sacar sus productos al mercado y servicios de calidad como educación y salud. En últimas, que trabajar la tierra se vuelva un negocio y no una cuestión de supervivencia, para que se pueda consolidar una clase media rural.

La Habana no es el único lugar donde se reconoce la importancia de arrancar a trabajar con la familia campesina.

Una de las recomendaciones centrales de la Misión Rural, que entregó su marco conceptual al presidente Santos en noviembre, es “reconocer la puesta en marcha de buenas iniciativas de desarrollo campesino (agricultura familiar) bajo el liderazgo de la sociedad civil, el apoyo de la cooperación internacional y algunas iniciativas recientes del Ministerio”.

De hecho, el trabajo de tres de los integrantes de la Misión -Perry, el economista José Leibovich y el canadiense Albert Berry- ha girado en torno a cómo los pequeños productores son más eficientes que las grandes industrias pese a no tener ningún apoyo del Gobierno.

A la misma conclusión llegó el Plan de Desarrollo que presentó Simón Gaviria al Congreso, que en su versión final evita las palabras ‘agricultura familiar’ pero que en sus bases habla de “promover la igualdad de oportunidades para los pobladores rurales y el aumento significativo de la competitividad sectorial sobre la base de la agricultura familiar como principal fuente de ingresos en las áreas rurales, especialmente en territorios con alto riesgo de conflictividad social y económica”.

Por eso la preocupación que ha generado el cierre temprano del primer programa sobre agricultura familiar, cuyo nacimiento una persona describió como “un parto de puercoespín”.

“La forma como sacaron a una parte importante del equipo técnico y archivaron proyectos ha sido terrible, básicamente porque ni hay nuevo equipo de alto calibre ni hay una idea clara de cómo montar unos proyectos alternativos”, dice un integrante de la Misión Rural.

Como dice una persona que ha asesorado al Gobierno en temas rurales, “no podemos llegar tarde [en el proceso de paz], empezar a pensar en cómo hacerlo cuando ya toque aterrizarlo”.

La Silla Vacía, Bogotá.