El conflicto con Colombia: ¿Qué es un paraíso fiscal?, ¿y por qué Panamá?

Por Mario Alejandro Valencia / Razón Pública  

Los paraísos fiscales son países o territorios que brindan un trato extraordinariamente benéfico a los capitales, para atraer la riqueza de empresas y personas naturales a cambio de ayudarles a evadir el pago de los impuestos en sus países de origen.

Los beneficios ofrecidos al inversionista incluyen -por supuesto- la baja o nula tributación, y suelen añadir el secreto financiero, el no intercambio de información sobre transacciones, la falta de transparencia en los registros contables, y las leyes laxas para crear empresas de fachada.

Estos arreglos permiten que muchos inversionistas, comenzando por las grandes empresas multinacionales, escondan sus ganancias y defrauden al Estado donde se han producido las utilidades.

Por ejemplo, la manipulación de los precios de transferencia consiste en exportar los productos a un precio más bajo que el del mercado a empresas constituidas en los paraísos fiscales, que a su vez los revenden al comprador verdadero.  Un estudio de Christian Aid de 2008 calculó que los países en vías de desarrollo podrían perder 160.000 millones de dólares en impuestos por esta vía. Y el entonces director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, reconoció que los minerales de Colombia “se venden desde estos sitios para no pagar impuestos”.

Otras prácticas tramposas consisten en ubicar activos intangibles, como las patentes, en estos lugares; en realizar préstamos ficticios entre compañías vinculadas, en trasladar la casa matriz a un paraíso fiscal, o en crear empresas buzón en estos territorios. Se sabe, por ejemplo que en un solo edificio en Islas Caimán se albergan 18.000 empresas extranjeras sin un solo empleado.

Evasión gigantesca

Durante los últimos años, muchos gobiernos han intensificado la búsqueda de los capitales fugados a estos territorios, que se estima equivalen a la tercera parte del Producto Mundial Bruto. 

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el 42 por ciento de los ingresos netos que generan sus empresas se encuentra en paraísos fiscales, de modo que su gobierno estaría perdiendo cada año unos 60.000 millones de dólares en impuestos.

Pero además los gobiernos se ven obligados a reducir sus tarifas tributarias para evitar que los capitales emigren aún más masivamente a los paraísos fiscales. De aquí que las  multinacionales cada vez pagan menos impuestos.

Lo que pierde Colombia

Obviamente, Colombia no escapa a estas prácticas. Según la DIAN, por cuenta de los paraísos fiscales el país estaría dejando de recaudar alrededor de 4 billones de pesos anuales en impuestos. Y es porque, en efecto, gran parte de las multinacionales que operan en Colombia se valen de esos lugares: de los 60.351 millones de dólares que recibimos en inversión extranjera directa entre 2009 y 2013, 26.256 millones (el 43,5 por ciento) provinieron de reconocidos paraísos fiscales.

Esto está provocando un hueco en las finanzas de la Nación que, entre otras razones, obligó al gobierno nacional a presentar una reforma tributaria tan solo dos años después de la aprobada en 2012. Y mientras a la clase media se le carga con más impuestos, a las empresas que se refugian en los paraísos no se las persigue.

Una lista incompleta

Por todo lo anterior, después de varios años de debate, el gobierno  colombiano expidió un decreto donde establece la lista de países o territorios que considera paraísos fiscales. El Decreto 2193 de 2013 incluyó a Anguila, Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán, pero dejó por fuera a Panamá, Suiza, Bermudas, Barbados, Luxemburgo y Holanda, entre los más importantes paraísos fiscales.

En ese momento, la Red por la Justicia Tributaria en Colombia y otros expertos criticaron la no inclusión de aquellos otros paraísos, comenzando por Panamá. Y hace dos semanas (este 7 de octubre), el gobierno por fin tomó la decisión de reconocer lo que muchos otros Estados habían hecho hace tiempo: que Panamá es un paraíso fiscal.

En el Decreto 1966 de 2014 se incluyó a Panamá, Kuwait y Qatar, entre otros, como paraísos fiscales, pero se sacó a Anguila, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Andorra, Chipre, Liechtestein y Bermudas, sin que todavía se tenga ningún acuerdo de intercambio de información con estos países.

El debate se ha centrado en la inclusión de Panamá, pero poco se ha hablado de la exclusión de los otros países. Tan solo en 2013, de Anguila vinieron 855 millones de dólares, de Islas Caimán, 607 millones, y de Islas Vírgenes Británicas, 437 millones.

Por eso, aunque la sanción a Panamá parece ir en el camino correcto, preocupa el retroceso frente a los otros países. ¿Acaso es esta una puerta que se le está abriendo a los capitales que se encuentran en el país centroamericano para fugarse a otros paraísos fiscales?

Pero hay más: el problema consiste en que con ninguno de estos territorios, ni con los del listado ni con los que están por fuera, existen mecanismos de cooperación que permitan al Estado colombiano conocer las transacciones que empresas y personas realizan y así poder exigirles el pago de impuestos.

La herramienta necesaria sería un “acuerdo automático de intercambio de información”, pero en este momento solo con Suiza se tiene un protocolo de intención de acuerdo.

Panamá es paraíso

Panamá es el segundo país de origen de la inversión extranjera en Colombia y es el principal destino de la inversión colombiana en el extranjero. En promedio, el 20 por ciento de la inversión de Colombia se dirige hacia Panamá. Por ejemplo, en 2013, 3.200 millones de dólares salieron hacia el Istmo.

Según cálculos elaborados con información de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en los bancos colombianos que están en ese país (Davivienda, Bancolombia, Bogotá, Colpatria, Occidente, entre otros) habría depósitos por 6.500 millones de dólares, unos 13,9 billones de pesos.

Asimismo, el Índice de Secreto Financiero que elabora Tax Justice Network, estima la opacidad  de cada país en el manejo financiero, incluyendo variables como la identificación del beneficiario, la transparencia corporativa, la regulación fiscal y la cooperación internacional. En este índice Panamá ocupa el décimo primer lugar entre los que países más opacos. 

Por eso países como Estados Unidos, Francia, México, Argentina, España y Ecuador han considerado a Panamá como paraíso fiscal y lo han obligado a firmar 25 acuerdos de intercambio de información entre 2010 y 2013.

La sola decisión de declarar a Panamá como paraíso fiscal no produce grandes resultados en materia tributaria, pero incluirla en una lista es el primer paso para iniciar un proceso de negociación que, de llegar a acuerdos, le permitirían a Colombia conocer las transacciones  con ese país con el propósito de no pagar impuestos.

Se trata de los recaudos

La inclusión de Panamá en el listado provocó una escandalosa reacción de algunos sectores empresariales y financieros en Colombia, así como del gobierno panameño. A los primeros los obligará a buscar otros refugios o mecanismos para esconder sus capitales; al segundo le significará pérdidas considerables.

Aunque los vínculos corporativos entre Panamá y Colombia son grandes, debe tenerse en cuenta que las prácticas adelantadas en ese país son tan solo un eslabón de la cadena de evasión y elusión.

Asimismo, el Índice de Secreto Financiero que elabora Tax Justice Network, estima la opacidad  de cada país en el manejo financiero, incluyendo variables como la identificación del beneficiario, la transparencia corporativa, la regulación fiscal y la cooperación internacional. En este índice Panamá ocupa el décimo primer lugar entre los que países más opacos. 

Por eso países como Estados Unidos, Francia, México, Argentina, España y Ecuador han considerado a Panamá como paraíso fiscal y lo han obligado a firmar 25 acuerdos de intercambio de información entre 2010 y 2013.

La sola decisión de declarar a Panamá como paraíso fiscal no produce grandes resultados en materia tributaria, pero incluirla en una lista es el primer paso para iniciar un proceso de negociación que, de llegar a acuerdos, le permitirían a Colombia conocer las transacciones  con ese país con el propósito de no pagar impuestos.

Mario Alejandro Valencia es vocero de la Red de Justicia Tributaria en Colombia, profesor de las universidades Externado y Central.

Razón Pública.