El gota a gota de la Fiscalía en el caso de la UP

Por Roberto Romero Ospina /  Centro de Memoria, Paz y Reconciliación  

Con el gota a gota, como si el tiempo les va a alcanzar toda una eternidad a las víctimas, actúa la Fiscalía en el caso del genocidio de la Unión Patriótica.

Así se desprende de la medida que acaba de tomar la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía, “basada en las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, de señalar solo 34 casos del universo de más de 3000 víctimas de la UP como parte de delitos de lesa humanidad.

Es decir, dichos crímenes no prescriben a pesar de que ya pasaron más de veinte años como establece la ley para su expiración y permite que continúen las investigaciones.

De estos 34 casos, con nombres propios, aunque no se informa de los hechos puntuales, solo uno se relaciona con un atentado fallido, el perpetrado contra la ex alcaldesa de Apartado, Gloria Cuartas, quien continúa con vida. El resto la perdió en el horror de la matanza.

Lo realmente valioso de las declaraciones del Fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo Torres tras el anuncio del 20 de octubre, es que la medida “no significa que otros casos de miembros o simpatizantes del partido político de la Unión Patriótica, no sean considerados como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Podrán ser considerados, pero ya el análisis va a ser mucho más fácil, por cuanto ya tenemos totalmente construido el contexto.”

Porque después de treinta años de impunidad, de las miles de víctimas, de las cuales dimos datos documentados de 1598 en el libro Unión Patriótica, expedientes contra el olvido, publicado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, declarar a estas alturas como delitos de lesa humanidad los cometidos solo contra 34 personas, el 01%, es el recurso nefando del gota a gota del que hablamos.

Con elementos extraños como se desprende de los datos que se recogieron en el libro citado que da cuenta de lo que les pasó a 23 de las 33 víctimas mortales del informe de la Fiscalía. De las otras diez no tenemos noticia.

Por ejemplo, es curioso que la Fiscalía declare como delito de lesa humanidad solamente el cometido contra Oscar Montoya, y no se refiera para nada a los otros trece militantes de la UP que cayeron con él en la misma masacre de Vista Hermosa, el 21 de 1988, realizada por paramilitares con el apoyo de agentes del Estado.

El gota a gota a plenitud: ¿cuántos años más tendrán que esperar los familiares de Orlando Gil, Ruth Prada, Hoover Hernández, Gabriel Galindo, Hermes Garzón, Héctor Franco Marco Fidel Ortiz, Edilberto Rodríguez, Ángela Hurtado, Moisés Moreno, James Zuñiga, Daniel Galindo y David Galeano para que se haga justicia o por lo menos verdad?

Lo mismo pasa en el caso de Rafael García, a quien reconoce la Fiscalía en su informe como víctima de lesa humanidad, pero al mismo tiempo deja por fuera las otras tres personas que fueron asesinas por paramilitares en el mismo sitio y hora, junto con García.

Se trata de la masacre que tuvo lugar en la vía Granada El Castillo, Meta, el 11 de junio de 1988, en la que mueren, además de García, tres militantes más: Ramón Donato, José Delio Orjuela y Erminson Céspedes.

De las 23 víctimas que tenemos en nuestro registro de las 34 acogidas en la declaración última de la Fiscalía, es bueno recordar sus cargos, lo que no hace el ente acusador, pues ello da cuenta hacía dónde apuntaban los enemigos de aquella alternativa política llamada UP: cinco concejales, tres alcaldes, dos senadores (miembros del comité central del partido comunista, más otro del mismo aparato para un total de tres miembros) un personero, un periodista, un inspector de policía, para un total de once dirigentes, más tres dirigentes regionales, y siete activistas.

En el listado de la Fiscalía aparece de nuevo Bernardo Jaramillo, el candidato presidencial de la UP, cuyo crimen ya había sido declarado como de lesa humanidad en 2010, y José Antequera, los dos miembros de la dirección nacional del movimiento.

Examinando también las 23 víctimas expuestas en el informe oficial, se repite el hecho protuberante del genocidio: este se ensañó fundamentalmente en dos regiones: Meta y Antioquia, enclaves económicos donde la UP comenzaba a cimentar sus raíces y apuntaba a mediano plazo a ser de las primeras fuerzas electorales: siete y catorce, respectivamente, seis del Urabá donde ya la UP era protagonista principal.

Hay que abonarle a la Fiscalía su declaración final donde señala que “estas conductas tendientes a la victimización a nivel nacional de miembros y simpatizantes de la organización política Unión Patriótica, fueron casos de exterminio y ejecución general, reiterada y sistemática dentro del conflicto armado interno”.

Lo anterior debe llevarla a acelerar los procesos de investigación para acabar con la infamia de la impunidad que en el caso de la UP llega a cotas del 91%.

Como decíamos en el libro sobre la Unión Patriótica, la situación de impunidad es tan desastrosa que si tenemos en cuenta que desde 2007, cuando entró a operar en la Fiscalía el mecanismo de urgencia (?) para atender el caso de dicho partido, a mayo de 20011 solo se habían dictado 137 sentencias, de ellas solo unas pocas condenatorias, es decir 27 por año; resolver los 3000 homicidios denunciados demandaría un siglo de actividad del aparato judicial.

Y al paso que vamos, con el insensible gota a gota, pasaremos de los cien años. La justicia en todo su esplendor.