El horror y la frustración en el Cauca

El Estado no puede funcionar a punta de consejos extraordinarios de seguridad. La masacre ocurrida el martes en la vereda La Luz, corregimiento de Tacueyó, en el municipio de Toribío (Cauca), tiene el sello de la violencia de los últimos años en el país: la falta de presencia estatal efectiva junto con el aumento del narcotráfico han dejado a poblaciones indefensas ante estos horrores. Acabamos de presenciar otro crimen anunciado.

El Estado no puede funcionar a punta de consejos extraordinarios de seguridad. La masacre ocurrida el martes en la vereda La Luz, corregimiento de Tacueyó, en el municipio de Toribío (Cauca), tiene el sello de la violencia de los últimos años en el país: la falta de presencia estatal efectiva junto con el aumento del narcotráfico han dejado a poblaciones indefensas ante estos horrores. Acabamos de presenciar otro crimen anunciado.

Un vehículo negro con hombres armados interceptó una camioneta que llevaba líderes indígenas y empezaron a disparar. En los hechos fueron asesinados Cristina Bautista, autoridad de la comunidad nasa, y los guardias José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, Eliodoro Uniscue y Asdrúval Cayapú. También resultaron heridos Matías Montaño Noscué, José Norman Montano Noscué, Crescencio Peteche Mensa, Dora Rut Mesa Peteche, Rogelio Tasquinas y Alver Cayapú.

Se trató de un crimen vil y con clara evidencia de ensañamiento contra los indígenas. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ASIN), los atacantes dispararon, incluso, contra las ambulancias. Es necesaria la pregunta: ¿dónde estaba el Estado colombiano y por qué la Guardia Indígena no tiene las herramientas para enfrentar estas situaciones?

El presidente Iván Duque rechazó con vehemencia los hechos y lideró un consejo extraordinario de seguridad en Santander de Quilichao (Cauca). “Como ustedes ven, aquí está el Estado; está el Estado unido para rechazar esos hechos execrables, esos hechos de violencia sanguinaria contra miembros de nuestras comunidades indígenas”, dijo. También anunció que “en los próximos 40 días debe estar en operación la Fuerza de Despliegue Rápido número 4, que va a traer 2.500 efectivos más” para intentar controlar la situación de inseguridad en el Cauca.

Aunque se trata del tipo de reacción que se espera del Gobierno Nacional y de las autoridades, se ha convertido en una preocupante tradición que el Estado reaccione a las masacres, pero no pueda evitarlas. ¿Por qué no hizo presencia antes? ¿Cómo es posible que, si las amenazas eran bien conocidas en una zona de interés para la lucha contra el narcotráfico, nada pudo hacerse? “No han hecho nada por evitar el genocidio indígena”, dijo Luis Fernando Arias, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

Este es un ataque no solo contra el pueblo indígena, sino contra todos los colombianos y la paz. Como explicó en un comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “la gobernadora Bautista fue una lideresa comprometida con la construcción de la paz y trabajó de la mano con la JEP en todo el proceso de coordinación interjurisdiccional con la Jurisdicción Especial Indígena”. Por su parte, la Comisión de la Verdad recordó que “se registra, entre 2016 y 2019, el asesinato de 170 indígenas”.

Tampoco han ayudado los líderes políticos que cada vez que la minga indígena protesta la estigmatizan acusándola de estar infiltrada por actores ilegales. Ese tipo de discursos forman parte del ambiente que termina en masacres como la de esta semana. Esta situación no puede continuar.

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